donostia - Harto de las acusaciones de ser la imagen de la derecha pura y dura, José María Ruiz-Gallardón, no pudo aguantar más y soltó una de esas frases lapidarias: “¿Conservador yo? Tendríais que conocer a mi hijo Alberto, ese sí que es de derechas”. Con aquella confidencia, pronunciada en el Congreso de los Diputados a mediados de los años 80, el veterano diputado de Alianza Popular aspiraba a quitarse de encima la etiqueta que le perseguía desde los tiempos del franquismo endilgándosela a su hijo, quien a esas horas ejercía de látigo en los bancos de la oposición del Ayuntamiento de Madrid ante Terno Galván y Juan Barranco.
Desde entonces, Alberto Ruiz-Gallardón (Madrid, 11-12-1958) viene moviéndose por el rugoso terreno de la política, labrándose una imagen de político que sabía manejar muy bien los medios y la oratoria. Siempre dispuesto a vestir la imagen más adecuada a cada momento, la sentencia de Gallardón padre resultaba inverosímil a oídos de quienes miraban la cara de empollón del presidente de la Comunidad de Madrid (1995 y 2003), y posterior alcalde de la capital (2003-2011), y veían la esperanza más fiable para liderar una derecha moderna, europea e ilustrada, libre de herencias con el pasado. Eso, pese a que a algunos se le olvidaba entonces que su padre político no era otro que Manuel Fraga Iribarne. Pero Alberto Ruiz-Gallardón parecía cómodo con ese traje de progre. Se dedicaba a aplicar políticas autonómicas y municipales que no chirriaban por conservadoras, se entendía con sindicatos y grupos sociales y oficiaba bodas gays defendiendo el amor por encima de lo que dijera el DNI y la Iglesia, para escarnio de la derecha más rancia de Madrid, tanto la mediática como la militante, que desde ese momento le consideró un traidor.
Esos ataques de la caverna le ayudaron a cosechar simpatías entre la parroquia más centrista de la izquierda. Incluso en un plató de televisión, Joaquín Sabina le preguntó en directo: “¿Cuándo vas a dejar el PP y vas a fundar un partido de centro con Pepe Bono?”. A lo que Gallardón respondió con una de sus ambiguas sonrisas.
La corriente contraria a él dentro del partido cristalizó en la figura de Esperanza Aguirre, quien no dudó en rebatirle el liderazgo en Madrid. Ninguneado y despechado al ver que Rajoy no contaba con él en las listas de las generales del 2008, Gallardón amagó con retirarse. No en vano siempre le gustó eso de amenazar con irse. “En política unas veces se gana y otras se pierde”, dijo, para confirmar que lo que parecía una dimisión anunciada no era sino un salto para adelante, al verdadero trampolín hacia donde seguro que le hubiera gustado llegar: el Palacio de la Moncloa.
La gestión más polémica Su llegada al Ministerio de Justicia en diciembre del 2011 supuso su última victoria frente a Esperanza Aguirre. Pero, con una cartera bajo el brazo, todos aquellos que antes habían alabado su moderación en la gestión de la cosa pública se quedaron perplejos al verle imponer el tasazo judicial bajo el argumento de que “así se garantiza la justicia gratuita”, y defender la contrarreforma de la ley del aborto como “medida para proteger la libertad de las mujeres”. Llegó al Palacio de Parcent con la promesa de diseñar la Justicia de la España del siglo XXI y se marcha -casi tres años después- con ninguna de las principales reformas aprobadas. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha sido contestada por toda la judicatura, no hay ni rastro del Código Procesal Penal ni de la ley de Planta Judicial y el Código Penal está en un cajón del Congreso. La reforma del aborto ya es pasado.
Jueces, fiscales, abogados, secretarios judiciales y demás operadores jurídicos... el paso de Alberto Ruiz-Gallardón por el ministerio deja un sinfín de polémicas y protestas. De hecho, se tuvo que acostumbrar a enfrentarse con la oposición parlamentaria en bloque, no solo por el contenido sino por la tramitación acelerada y los procedimientos empleados, lo que finalmente acarreó consecuencias y cambios a los tres principales textos aprobados. Ese fue el caso de la Ley de Tasas Judiciales, cuando la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, propuso a Gallardón que se eliminaran algunas tasas y se modificaran otras, algo a lo que el ministro accedió a regañadientes. O la reforma del Consejo General del Poder Judicial que exigió la aprobación previa de un proyecto de ley que suspendiera la renovación del órgano de gobierno de los jueces, para así dejar vía libre al sistema de elección de vocales proyectado por Gallardón.
Completa el podio la reforma de la justicia universal, que logró la unanimidad en contra de los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional, reacios a archivar las causas que instruían tal y como ordenaba la ley aprobada. Pero ha sido la reforma de la ley del aborto, un proyecto que Gallardón marcó en rojo, lo que ha acabado con su carrera política. No en vano empezó como el ministro con mejor valoración pero tres años después era el peor tras José Ignacio Wert. - J. García
La vida del concebido. El 20 de diciembre de 2013, el Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de ley orgánica de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, presentado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
Dos casos. La propuesta limitaba a dos los casos de aborto despenalizado: cuando la mujer haya sido violada o su salud psicológica o psíquica corra riesgo.
El 5 de julio de 2010 entra en vigor la nueva ley del aborto, que reforma el texto aprobado en 1985. Fue recurrida por el PP y el Gobierno navarro ante el Tribunal Constitucional, que aún no se ha pronunciado.
La norma permite el aborto libre como derecho de la mujer hasta la semana 14 de gestación, y hasta la número 22 si hay riesgo para la vida o salud de la mujer o graves anomalías del feto. Si se descubren anomalías incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable del feto, no hay límite de tiempo, de acuerdo con la opinión de un comité clínico.
En el caso de chicas de 16 y 17 años, al menos uno de los padres o tutores legales debe ser informado.
1985
El 5 de julio de 1985 se aprueba la primera ley de despenalización del aborto para las primeras 12 semanas de embarazo en el supuesto de violación; hasta 22 semanas en casos de riesgo de malformaciones del feto, y sin límite en el caso de peligro para la salud física y mental de la madre.
1996-2004. El texto de la ley de 2985 permanece inalterado durante las dos legislaturas que gobierna el PP.
2011. El Partido Popular incluye una reforma de la ley del aborto en el programa de las elecciones generales.