vitoria - El Parlamento Vasco rechazó ayer tomar en consideración la reforma de la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social para que el tiempo de empadronamiento necesario para acceder a esta prestación se rebaje de los tres años actuales a uno.

De este modo, todos los grupos salvo EH Bildu y UPyD, que se abstuvo, se posicionaron en contra de continuar con la tramitación parlamentaria de la Proposición de Ley que pretende la reforma de dicha normativa. En su texto, EH Bildu también planteaba la anulación del apartado de la ley que especifica que los beneficiarios de la RGI tengan que hacer trabajos en beneficio de la comunidad.

La actual legislación sobre la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social, que elevó de uno a tres años el empadronamiento mínimo para percibir la RGI, fue aprobada durante la anterior legislatura con los votos a favor del PSE-EE, que gobernaba entonces, y el PP. PNV y UPyD se abstuvieron, mientras que Aralar y EA, partidos integrados esta legislatura en EH Bildu, votaron en contra, lo mismo que el entonces representante de Ezker Anitza-IU, Mikel Arana.

en riesgo En la defensa de su iniciativa, Belén Arrondo consideró "restrictivos" los cambios efectuados en esta ley, cuando más de 63.000 personas perciben la RGI en Euskadi y uno de cada cinco residentes en Euskadi, según ha dicho, están en riesgo de exclusión social. Arrondo aseguró que más de 5.000 personas no han podido percibir esta prestación por la modificación del requisito temporal de empadronamiento.

Desde el PNV, Amaia Arregi opinó que no ha transcurrido suficiente tiempo para ver los efectos del cambio en los requisitos de empadronamiento y, en todo caso, indicó que si éste se baja supondría un incremento en el presupuesto de la RGI, en un momento de crisis en el que éste "debe acomodarse a la posibilidad financiera de las instituciones".

La socialista Txaro Sarasua apuntó que "no existe ni un sólo dato" que indique que el tiempo de empadronamiento haya sido un "factor para impedir la integración social". La parlamentaria popular, Laura Garrido se mostró contraria a modificar la ley y defendió que el objetivo principal en época de crisis es "mantener la cobertura social". - Efe