Donostia. La Diputación Foral de Gipuzkoa explicó ayer que ve "imposible mantener sin sobrecostes" el actual Servicio de Asistencia Sanitaria a los Funcionarios de la Administración Foral y Local del territorio (SASFAL), por lo que ha propuesto una norma que suprima dicho servicio y derive a Osakidetza a los trabajadores afectados. La diputada de Administración Foral y Función Pública, Garbiñe Errekondo, precisó durante una comparecencia ayer en las Juntas Generales que "algo menos" de 2.790 empleados públicos se verían afectados por la medida, ofreciendo datos de 2012 que, según aseguró, "no diferirán mucho de los actuales".
Errekondo explicó la situación de forma cronológica, comenzando por 1993. "Entonces se dio a los funcionarios la oportunidad de pasar de SASFAL a Osakidetza. De 11.000 afiliados se pasó a menos de 6.000. Esta situación se fue prolongando durante los años posteriores, lo que, unido a la ausencia de nuevos afiliados, ha ido reduciendo el número de los mismos. 2012 se cerró con 2.790, y 2013 lo va a hacer con algunos menos". La diputada agregó que esta situación está teniendo su efecto en las arcas públicas. "La cuestión ahora es cuánto dinero deben pagar las instituciones para mantener el servicio de SASFAL", algo a lo que Garbiñe Errekondo adjuntó un ejemplo concreto, el de 2009.
"Entonces SASFAL tuvo un déficit en su actividad de 45.000 euros. Además, generó un sobrecoste de 657.000 euros. Y a ello hay que añadirle 212.000 euros en gastos de personal. Son cifras que ofrecemos para ofrecer una imagen de la magnitud del problema, y para que este se pueda entender", indicó Errekondo, quien también hizo mención a la reticencia que la propuesta de ley está encontrando en los distintos sindicatos. "Les hemos ofrecido datos económicos y les hemos instado a que cumplan el compromiso que adquirieron en su día. Este consiste en no salir más caros a las instituciones que si se acogieran a Osakidetza. Y, en caso de resultar más costosos, pagar ese sobrecoste a través de su cuota". La diputada precisó que la única respuesta recibida a dicha solicitud es "una carta de CCOO en la que preguntan cuánto está dispuesta a poner la Diputación para seguir con SASFAL". "Esa no es la cuestión", añadió Errekondo.
"algo hay que cambiar" Y es que la diputada insistió en que "no tiene sentido mantener un servicio que provoca un sobrecoste". "Algo hay que cambiar", precisó, durante una comparecencia cuyo contenido el resto de grupos parecieron asumir. El Partido Popular no hizo uso de sus turnos, mientras que Aralar tildó de "normal" que se pretenda acabar con "un coste así con dinero público y a modo de privilegio". Eider Mendoza, del PNV, solicitó los datos económicos ofrecidos por Errekondo. Y Maite Cruzado, del PSE, preguntó acerca de si la norma de supresión de SASFAL ha recibido alegaciones.
En este último sentido, la diputada precisó que se han recogido "muchas". "446 de trabajadores de la Diputación, y 352 de empleados de ayuntamientos. Además, se han recibido las de los consistorios de Elgoibar e Irun, y las de los sindicatos". Respecto al contenido de los textos, Errekondo señaló que "muestran su contrariedad, pero en muchos casos aludiendo a datos económicos que no son correctos", cita que suscitó la réplica de Eider Mendoza, quien preguntó en qué se basa Errekondo para dar por buenos los datos forales y dudar de los aportados por los remitentes de las alegaciones. Errekondo, finalmente, también subrayó que muchas de ellas "piden examinar de nuevo la situación, e intentar mantener el servicio de SASFAL", algo que la propia diputada tildó de "imposible". "Sin sobrecostes es imposible".
