Donostia. La diputada de Administración Foral y Función Pública, Garbiñe Errekondo, indicó ayer que la Diputación no necesita un informe jurídico para declarar la lesividad de los contratos de Bidelan, si bien precisó que, antes de que esta decisión fuera adoptada por el Consejo de Gobierno, este organismo recibió un informe de un bufete de abogados externo a la institución foral.
Errekondo participó ayer, a petición del grupo juntero del PNV, en la comisión de Administración Foral y Función Pública que se celebró en las Juntas Generales, a fin de informar acerca del procedimiento judicial de lesividad declarado contra Bidelan, la empresa subcontratada por la sociedad pública Bidegi para el mantenimiento y la explotación de las carreteras guipuzcoanas.
Errekondo señaló que el Departamento jurídico de la Diputación "no ha elaborado ningún informe" conforme al procedimiento de lesividad y añadió que tampoco los anteriores responsables forales -el PNV- hicieron lo propio cuando se modificaron los contratos de Bidelan en los años 2009 y 2010. Sin embargo, Errekondo explicó que, a lo largo de esta legislatura, la Diputación ha recibido dos informes jurídicos acerca de la situación contractual de Bidelan.
Según la diputada, el Ejecutivo foral encargó el 17 de septiembre de 2012 un primer informe al gabinete jurídico de Ainhoa Guevara y Aitor Medrano, un bufete de abogados externo al departamento jurídico de la Diputación.
El informe elaborado por estos letrados fue analizado en el Consejo de Diputados, tras lo cual, el 11 de junio se decidió "poner en marcha" el proceso de lesividad y "dar audiencia a los interesados por los contratos".
"No era necesario pedir un informe al servicio jurídico de la Diputación porque ya existía este informe", matizó Errekondo, quien, sin embargo, rehusó explicar por qué dicho documento no fue elaborado por el servicio jurídico foral. "Será Larraitz Ugarte la que tenga que explicar por qué se pidió un expediente a estos abogados", indicó.
Posteriormente, un secretario técnico del Departamento jurídico de la Diputación elaboró un segundo informe tras lo cual, el 28 de agosto, el Consejo de Diputados aprobó el expediente de lesividad del contrato.
Errekondo defendió que la seguridad jurídica del proceso está garantizada porque son "los juzgados de lo Contencioso-Administrativo lo que deberán decidir" si el contrato es lesivo o no.
Decisión "política" Estas explicaciones no convencieron a la juntera del PNV Aintzane Oiarbide, quién consideró "muy grave" que la Diputación haya iniciado el procedimiento de lesividad sin contar con un informe jurídico de la Diputación. "Tras escuchar a la diputada ha quedado claro que la decisión de iniciar este procedimiento es exclusivamente política y no jurídica", denunció. Por ello, instó al Gobierno foral a que "cesen de una vez las decisiones políticas destructivas y avancen en propuestas constructivas".
Por su parte, el representante de EH Bildu Enrique Martínez, recordó que el informe jurídico de la Diputación "no tiene relevancia ninguna", ya que "va a haber una sentencia de los tribunales".
Finalmente, la popular María Asunción Guerra indicó que su grupo no va a "entrar en este debate" al considerar que se trata de un "rifirrafe" entre el anterior Gobierno y este.
