Gipuzkoa pide una ley para expropiar casas a bancos y evitar los desahucios

Las tres formaciones dieron luz verde a una propuesta de resolución mediante la cual solicitan al Ejecutivo de Urkullu que apruebe el embargo temporal, por un plazo máximo de tres años, de las viviendas en proceso de desahucio que quedan en manos de las entidades bancarias, para que las familias afectadas puedan permanecer en dicha vivienda durante ese tiempo, con el objetivo de que en dicho plazo mejore su situación económica y puedan hacer frente a la deuda contraída con el banco.

Asimismo el texto aprobado pide a Kutxabank que detenga todas las ejecuciones en marcha así como que se sometan las cláusulas tipo contenidas en las escrituras de constitución de préstamos hipotecarios a un análisis jurídico independiente que determine, si estas pueden ser consideradas abusivas.

El juntero socialista Eneko Andueza denunció que "España cuenta con una normativa que permite que las familias sean desahuciadas y continúen manteniendo su deuda sin saldar", situación que consideró "abusiva e ilegal".

Andueza consideró que el decreto andaluz en el que se ha inspirado la propuesta de resolución aprobada ayer es "un acto de valentía" de un Gobierno que "busca soluciones" y afirmó, en referencia al debate sobre si la norma andaluza es constitucional o no, que "no hay que tener miedo a los tribunales".

Por su parte, la representante de Bildu Judit Garcia sugirió que "hace falta voluntad política" para "garantizar el derecho a la vivienda" de todas las personas por lo que urgió al Gobierno Vasco a que "ponga en marcha medidas de emergencia" en este sentido.

"Es necesaria una ley en Euskadi, en la que hay que incorporar unos puntos básicos, si queremos garantizar el derecho de vivienda de la ciudadanía y quien esté en contra de la expropiación parece que esté defendiendo otros intereses a los de la ciudadanía", apuntó la juntera de Bildu.

Para Maite Sarasua (Aralar), la propuesta aprobada ayer aporta "esperanza" para las familias que están en riesgo de perder su vivienda y recordó que las Juntas Generales tienen "la responsabilidad de establecer mecanismos legales" para garantizar el derecho a la vivienda.

Asimismo, calificó de "locura" que "mientras se protege al sistema financiero con dinero público, estos dejan a las familias en las calles" y solicitó a las instituciones públicas que "rompan relaciones" con las entidades que llevan a cambio desahucios.

inseguridad jurídica Por su parte, el juntero del PNV Xabier Ezeizabarrena lamentó que "la decisión adoptada no es la correcta". Según los jeltzales, el modelo andaluz copiado por los representantes guipuzcoanos carece de "garantías jurídicas" y, en esta línea, recordó que el Gobierno estatal presentará un recurso al Tribunal Constitucional.

Además, los jeltzales entienden que "hay fórmulas que se están poniendo en marcha en Euskadi", como el convenio interinstitucional firmado por el Gobierno Vasco, el Consejo Vasco del Poder Judicial y Eudel que "protege a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad de forma integral", ya que contiene "medidas reales y efectivas".

Ezeizabarrena manifestó que hay que estudiar los desahucios "caso por caso y no de forma global, como aborda esta propuesta", ya que, según el juntero del PNV, "cada caso es diferente".

Finalmente el juntero popular Iñigo Manrique explicó que su grupo comparte la problemática, pero no los argumentos utilizados por PSE, Bildu y Aralar.