La familia exige que no indulten al conductor ebrio que "asesinó" a un vecino de Hernani

Irun. Los siete años que Josetxo Etxeberria y su familia llevan luchando para que se haga justicia pueden quedar en nada si al conductor que causó el accidente en el que falleció su suegro, Ángel Lázaro Martín, y dejó al borde de la muerte a su hija Haizea, de cuatro años, le conceden el indulto que ha solicitado para evitar ir a la cárcel. Visto el antecedente del kamikaze -ha sido indultado por el ministro de Justicia a pesar de estar condenado a 13 años de prisión- Etxeberria teme lo peor. "He hecho sufrir a mi familia todo este calvario para nada", sentencia apesadumbrado.

Su drama particular comenzó la noche del 2 de febrero de 2006. Tras cenar en Hernani en casa de sus suegros, Aurora y Ángel, este último se ofreció a llevarles de vuelta a Hendaia, donde Josetxo vive con su mujer Susana (Susi) y su hija Haizea. No era lo más habitual, pero en aquella ocasión Aurora también quiso acompañarlos para que Ángel no tuviera que hacer solo el viaje de regreso.

No llegaron muy lejos. Cerca de Chillida Leku, en la GI-2132 entre Lartzabal y Errekalde, un coche invadió su carril a 144,5 kilómetros por hora "como mínimo". El turismo en el que viajaban Josetxo y su familia, un Renault Megane, giró 180 grados y quedó desplazado cinco metros. El vehículo que les golpeó, un Nissan Almera, que en el momento de la colisión salía de una curva con un cambio de rasante, avanzó 15 metros. No había marcas de frenada y el conductor, en la prueba de alcoholemia realizada en el hospital, arrojó un cifra de 2,5 gramos de alcohol por litro en sangre (el límite está en 0,5 gr). "Casi en coma etílico", apostilla Josetxo.

Ángel, de 56 años, suegro de Etxeberria y conductor del coche, perdió la vida. Su mujer Susi, que entonces tenía 33 años, y su suegra Aurora, de 56 años, sufrieron diversas lesiones graves; también Etxeberria (39), que llegó a perder la sensibilidad de cintura para abajo y todavía hoy, siete años después, no la ha recuperado en su totalidad. Entre los heridos, la peor parada fue la niña, Haizea, quien, según recuerda Josetxo, "llegó prácticamente muerta" en sus brazos al hospital. En un primer momento, la familia se llegó a plantear "incluso, la donación de órganos". "Nos lo pintaron tan mal que pensábamos que, al menos, podríamos ayudar así a otros", rememora. La pequeña sufrió un traumatismo craneoencefálico severo. "El golpe le provocó la hinchazón del cerebro y le tuvieron que taladrar la cabeza, porque si no, se moría". Paso ocho días inconsciente en la UVI, pero logró salir adelante, no sin dificultad. "El primer día no nos reconocía", explica Etxeberria. Con toda la familia hospitalizada, nadie pudo asistir al funeral de Ángel.

Paulatinamente, fueron dados de alta, pero las secuelas físicas y psicológicas siguen vivas siete años después del trágico suceso. "Durante mucho tiempo no pude despertar a mi hija porque si no se levantaba a la primera, me echaba a llorar", explica con emoción contenida.

seis años de proceso legal Este conductor de autobuses de Donostia no tiene pelos en la lengua a la hora de hablar sobre el suceso que ha marcado los últimos años de su vida y su familia. Desde el principio tuvo claro que lucharía por obtener justicia por lo que denomina "un acto de violencia vial". "Cuando interviene una imprudencia tan desmesurada, solo se puede clasificar de violencia practicada por delincuentes viales", sentencia Etxeberria, quien reclama para este tipo de casos un avance normativo como el que se ha dado en el tema de la violencia de género. "No podemos hablar de accidentes, esto es un ataque a toda la sociedad, es un problema de convivencia", manifiesta.

Acorde con sus palabras, desde el inicio del proceso legal ha tratado de que Joaquín B.E., de 44 años, fuera juzgado, aunque no ha resultado fácil. La ausencia de la firma pertinente en la prueba de alcoholemia que le hicieron los ertzainas -en el juicio, al final, se usó la que realizó el médico- o la imposibilidad de la Policía vasca para determinar la velocidad exacta a la que iba el conductor ponían en riesgo un desenlace justo para Josetxo y su familia.

A través de Juan Mari Lersundi, que había sido director de Tráfico del Gobierno Vasco, dio con Pedro Gutiérrez, ingeniero técnico experto en reconstrucción de accidentes -hoy día lidera Itrasa, una empresa que trabaja en el ámbito de la seguridad vial y laboral-, quien elaboró un informe mediante "fórmulas científicas" que obtuvo como resultado que el vehículo circulaba a "177 kilómetros por hora", aunque en el juicio se presentó el dato de 144,5 kilómetros por hora tras reducir la cifra "un 34%" por diferentes variables. "Esa es la velocidad mínima indiscutible a la que viajaba -en una zona en la que debería haber circulado a 70 km/h-", asegura Etxeberria.

Con un asunto concretado, todavía había que resolver cuestiones como la valoración de daños. "Es un mercadeo demencial. Te sientes un fraude. Hemos estado dos años de nuestra vida pasando de médico en médico (el contratado por tu abogado, el de la compañía aseguradora, el de la compañía contraria, el forense, el de cabecera...). Todo eso para determinar cuáles son tus lesiones y que vean que no estás mintiendo", detalla.

A esto se añade que la instrucción se alargó porque "a cada prueba que presentábamos, él interponía un recurso, simplemente porque se lo podía permitir y así alargaba el proceso", afirma Josetxo, quien cree que el objetivo del entonces acusado era "ahogarlo económicamente" para propiciar un acuerdo y no tener que llegar a juicio. "Yo por entonces estaba pagando la hipoteca y, además, un alquiler en Irun, porque mi mujer, tal y como estaba, no podía subir las escaleras y nosotros no teníamos ascensor", agrega.

También las compañías aseguradoras le presionaron ofreciéndole "cantidades nada despreciables" para evitar el juicio. Incluso llegado el día de la vista oral, que se aplazó en dos ocasiones por una huelga general y la ausencia de un testigo, la propia jueza le espetó a la entrada. "¡Ah, ¿pero se va a celebrar?, ¿es que no va a haber acuerdo?", afirma Josetxo.

"Es decir, hay auténticos actos de violencia vial en las carreteras que no llegan a juicio", en opinión de este vecino de Hendaia, porque o bien la situación económica de las víctimas no les permite hacer frente al coste del proceso, o bien la desinformación les lleva a aceptar un acuerdo económico. Es más, él mismo ha sufrido en sus propias carnes las estrecheces derivadas de "hipotecarse" para ir a juicio.

Finalmente, en abril de 2011 se celebró la vista oral, de la que Josetxo guarda muy mal recuerdo. "Hasta entonces (el condenado) no se había dirigido a nosotros, pero nada más entrar pidió perdón para que le contara como eximente", critica.

"fraude de ley" Pedían cuatro años de prisión por un homicidio imprudente y cuatro delitos de lesiones, pero la jueza le condenó (recibieron la sentencia en noviembre) a dos años de prisión y cuatro años de inhabilitación para conducir, "o lo que es lo mismo, se libraba de la cárcel por no tener antecedentes". Apelaron a la Audiencia de Gipuzkoa y esta subió la pena a tres años de cárcel y cinco de retirada de carné.

"Ya era sentencia firme", recuerda Josetxo. Parecía que, por fin, iban a poder descansar. Se había hecho justicia, pero en diciembre el condenado solicitó el indulto y la inejecución de la pena. "Y seguro que se lo da, porque si se lo han otorgado al kamikaze...", teme Etxeberria.

"El mensaje que está transmitiendo el ministro de injusticia es que yo estaba equivocado, que tenía que haber llegado a un acuerdo económico y renunciar a seis años de proceso legal que me han costado un pastón y que han hecho sufrir a mi familia", reprueba el hendaiarra.

Por de pronto, Joaquin B.E. ya se ha librado de la cárcel, porque el juzgado de ejecuciones de Donostia ha aceptado la inejecución de la pena de prisión, aunque también se ha posicionado en contra del indulto. No obstante, Etxeberria también se muestra muy crítico con el propio proceso que siguen los indultos: "Es un fraude de ley tan gordo que todas las partes implicadas tienen voz, pero no voto. El único que lo puede otorgar, cual emperador romano, es el ministro Gallardón".

De todos modos, Josetxo no se ha quedado parado y ya ha apelado a la Audiencia de Gipuzkoa para que se cumpla la pena que dictó este tribunal mientras esperan la decisión del consejo de ministros. "Si pasa un año sin contestarle, se supone que ya no se lo conceden", pero con el precedente del indulto concedido a un kamikaze, la familia Etxeberria Lázaro no sabe qué esperar.

Pero pase lo que pase, Josetxo sigue teniendo claro que debe haber un cambio social. "Seguimos hablando de accidentes y no de violencia vial, pero mi suegro no murió, fue asesinado".