Protestan ante el Santander para que acepte la dación en pago en dos casos

Donostia. Medio centenar de personas se concentraron ayer ante una oficina del Banco Santander en Donostia, para denunciar, junto a dos afectados por sendos procedimientos de ejecución hipotecaria, que esta entidad no acepta "ninguna salida" que no sea "la demanda judicial y el posterior desahucio".

La concentración, organizada por la plataforma Stop Desahucios Gipuzkoa, comenzó sobre las 11.00 horas ante una de las sedes que el Banco Santander tiene en la avenida de la Libertad, en pleno centro de la capital donostiarra, y se desarrolló durante unos 45 minutos en presencia de varios agentes de la Ertzain-tza, sin que se registraran incidentes. Representantes de Aralar y de Ezker Anitza-IU, participaron en la protesta, durante la cual los concentrados, provistos con carteles en contra de los desahucios, corearon consignas como Bancos ladrones o Botín, éste es tu botín, en alusión al presidente de la entidad.

Transcurrida la mitad de la protesta, los dos afectados por ejecuciones hipotecarias en este banco, un hombre con un piso en Errenteria y una mujer con otro en Andoain, entraron en la sucursal y entregaron sendos escritos en el que solicitaban la dación en pago, que recibió un directivo de la entidad.

Igone Aldaregia, portavoz del colectivo, explicó a los periodistas que, pese a que "Botín prometió flexibilizar las condiciones de los clientes con problemas sobrevenidos por la crisis" y, más recientemente, esta entidad "se adhirió al servicio de mediación del Gobierno Vasco" y "a la paralización temporal de los desahucios", lo cierto es que "no está facilitando salida alguna que no sea la demanda judicial y el posterior desahucio".

Uno de los afectados por un procedimiento de ejecución hipotecaria del Banco Santander, el vecino de Errenteria José Ángel Serrano, de 46 años, casado y con dos hijos, de 13 y 7 años, denunció el proceso que padece desde hace varios años con esta entidad, a raíz de una deuda que le reclama pero que, según dijo, no le corresponde porque es fruto de una estafa que está pendiente de juicio.

Por otro lado, el colectivo Stop Desahucios Bizkaia reclamó al nuevo Gobierno Vasco que active el servicio de mediación, en impasse desde el lunes, y pidió al Ejecutivo de Iñigo Urkullu que lo reforme para que sea más operativo, porque hasta ahora resultaba "inoperante" por ser "anecdótico" el número de casos resueltos.