Donostia. Clara Pérez Acosta tiene 29 años y desde hace tres atiende a los ciudadanos en la Oficina de Extranjeros de la subdelegación del Gobierno de Gipuzkoa, tras aprobar unas oposiciones a las que se presentaron 46.000 candidatos para 1.700 plazas.
Separada y con dos hijos, esta joven se trasladó desde su Badajoz natal a Gipuzkoa con la expectativa de guardar un equilibrio entre su trabajo y la vida familiar. Y cada día se le hace más cuesta arriba. Clara comenzó su trabajo como funcionaria cuando la guadaña de los recortes comenzaba a afilarse. Y desde entonces no ha dejado de menguar su poder adquisitivo y sus derechos laborales. "Cuando entré, mi sueldo rozaba los 1.000 euros. Luego, conseguí por medio de concurso una plaza un poco mejor. Pero llegó el primer recorte del 5% y, después, volvió a bajar el sueldo. Con un nivel 17, que es lo máximo a lo que puedo aspirar en mi categoría de auxiliar administrativo, no llego a los 1.200 euros. Y estoy separada y tengo dos hijos", describe esta mujer.
Clara lamenta que los seis días de libre disposición de los que podía disponer el funcionariado se han reducido a tres, cuando esa medida se tomó en 1983 como compensación a la negativa del Gobierno central de incrementar los sueldos en torno al 12,5% debido al incremento del IPC. "Lo único que hacen es pegarte palos y que luego nadie se acuerde de ti para restituir derechos", protesta.
Ahora, como miles de funcionarios, se ha quedado sin paga extra navideña. La guadaña ya le ha segado los pies. "Me están convirtiendo en carne de ayudas sociales siendo funcionaria del Estado, que se supone que es un buen puesto. Nos quitan pasta y días de libre disposición que fueron una compensación. Nos están convirtiendo en clase muy baja, en Euskadi sobre todo, donde el nivel de vida es más caro", dice esta joven.
Su recortado sueldo se volatiliza en una ciudad tan cara como Donostia, donde reside en un alquiler de 895 euros mensuales. "Y no es una renta de las caras", matiza Clara, quien recibe al mes una ayuda de 210 euros por estar alquilada y tener menos de 30 años. Clara incide en que, con su sueldo, tendrá que pedir ayudas a Lanbide. "Algo que para el resto de la sociedad es inconcebible en un funcionario", reconoce.
Esta mujer observa que su salario le daría para vivir en Badajoz porque hay alquileres por 400 euros. Por ello ha pedido el traslado, pero resulta complicado que se lo concedan porque los recortes también han afectado a la pérdida de plazas. "Llegué con 26 años y dos hijos muy pequeños y tengo la vida hecha aquí. Si me planteo volver es porque no me llega el dinero. Si no, no me iría", asegura.