Los cuatro procesados por el 'caso Kárate' se enfrentan a una pena de hasta 620 años de prisión

las palmas. La Audiencia de Las Palmas acogió ayer desde las 9.30 horas (local), el juicio del caso Kárate, considerado uno de los mayores procesos penales por abusos a menores instruido hasta la fecha en España, en el que el Ministerio Fiscal intentará probar los cargos contra cuatro monitores de kárate a los que se acusa de haber abusado sexualmente durante años de decenas de alumnos en una academia de artes marciales de Gran Canaria.

El principal acusado, Fernando Torres Baena, afirmó ayer ante la Audiencia de Las Palmas que "son falsos" los delitos de abuso sexual y de corrupción de menores que se le imputan, al igual que los otros tres procesados, quienes negaron haber abusado de sus alumnos.

Los procesados, que se enfrentan a solicitudes de condena que suman 620 años de prisión, (a Torres Baena el fiscal le imputa 36 delitos de abuso sexual, 13 de corrupción de menores y uno de tenencia ilícita de armas, para lo que la acusación eleva la petición de cárcel a 312 años), rechazaron los hechos que se les imputan tras la lectura de los distintos escritos de calificación en la primera sesión de este macrojuicio, que durará hasta el mes de diciembre.

En la primera sesión, presidida por el magistrado Emilio Moya, además del debate sobre la idoneidad o no de celebrar el juicio a puerta abierta o cerrada (por ahora todas las sesiones están abiertas a la prensa y al público), el resto se centró en las cuestiones previas, que serán resueltas en la sentencia que tiene previsto dictar el tribunal a final de año.

indemnizaciones El fiscal y las dos acusaciones particulares demandan 1.538.000 de euros en indemnizaciones a los cuatro imputados, como compensación a 38 de las víctimas.

La Fiscalía y la acusación ejercida por el letrado José María Palomino, que representa a 25 de las víctimas, solicitan que Fernando Torres Baena, dueño de la academia de kárate, indemnice con un total de 579.000 euros a los 38 afectados. A la acusada María José González, le exigen una indemnización de 552.000 para 23 de las víctimas, mientras que a la imputada Ivonne González le solicitan 322.000 euros para 18 de las víctimas, y al procesado Juan Luis Benítez, el único que está en libertad, le demandan 37.000 euros.

Para los cuatro acusados se reclama además la inhabilitación para la docencia de artes marciales o cualquier tipo de disciplina deportiva durante el tiempo idéntico al cumplimiento de las penas privativas de libertad, y se solicita la prohibición de acercarse a las víctimas.