pamplona. Los padres del joven donostiarra Asier Lavandera de la Granja, asesinado el 16 de enero de este año a las afueras de una discoteca de Lekunberri, han presentado ante el Tribunal Supremo una demanda por un posible error judicial de la Administración de Justicia, relacionado con la puesta en libertad del autor del crimen, que fue desencarcelado cuatro meses antes de los hechos a pesar de contar con dos condenas pendientes de ejecución.
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) archivó en abril la investigación abierta sobre las posibles dilaciones indebidas en el cumplimiento de las penas de prisión impuestas por el Juzgado de lo Penal número 2 a Sergio Fernando Ramos de Sousa, autor confeso de la muerte del joven guipuzcoano.
Los jueces decidieron no imponer ninguna sanción disciplinaria al magistrado a pesar de admitir que después de que el joven fuera condenado en septiembre del año pasado "no existía otra opción que el ingreso en prisión para su cumplimiento".
Es lo que ha mantenido en todo momento la familia de Asier Lavandera, que ha presentado una demanda de error judicial contra la Administración de Justicia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Serán los magistrados del alto tribunal quienes deberán examinar las diferentes resoluciones judiciales dictadas en torno al autor confeso del crimen y quienes deberán apreciar si se produjo algún tipo de negligencia en la ejecución de las penas.
Sergio Fernando Ramos de Sousa, de 21 años, fue condenado el 17 de junio de 2008 a cuatro meses y quince días de prisión por un delito de lesiones, cuya ejecución fue suspendida al no constarle antecedentes penales, y el 14 de septiembre de 2009 a dos años de prisión por un delito de robo con intimidación. En esas circunstancias, según sostiene la representante legal de la familia de Asier Lavandera, Charo Cañete, el juez debería haber revocado la suspensión de la primera condena y haber dictado el encarcelamiento del joven, que permanecía en prisión provisional desde que fue detenido por la Policía Municipal en julio.
Así lo reconoció la propia Sala de Gobierno del TSJN en la investigación abierta para esclarecer si se produjo un error judicial en las decisiones adoptadas por el Juzgado de lo Penal número 2.
