El Gobierno español aprueba el paquete de medidas anticorrupción anunciado tras el estallido del 'caso Cerdán'

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en primera vuelta un amplio paquete de medidas anticorrupción, que incluye el refuerzo de las condenas a empresas involucradas en casos de corrupción y más controles de los fondos que reciben los partidos políticos.

Estas medidas fueron anunciadas por el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tras la crisis generada por la presunta implicación del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán en una trama corrupta.

Anteproyecto de Ley de Integridad Pública

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado este anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, que incluye 84 medidas que afectan a 18 textos legislativos y que "dan respuesta a todo el ciclo de la corrupción".

En materia de contratación pública, Montero ha destacado que el registro de empresas con prohibiciones de contratar con la Administración será público y se aumenta la pena máxima de inhabilitación a 15 años, en los que tampoco podrán recibir subvenciones ni beneficios fiscales.

Transparencia y control de partidos

Los partidos deberán publicar las donaciones a partir de 2.500 euros. Se endurece el control y la transparencia en las donaciones a partidos políticos y fundaciones, reduciendo el umbral de publicación de 25.000 a 2.500 euros.

Se obliga también a los partidos a realizar auditorías externas e independientes, y no hacerlo supondrá una infracción "grave o muy grave". La multa por no publicar las donaciones aumentará al doble del importe de la donación no publicada.

Nuevos organismos y extensión de prescripción

Entre las medidas aprobadas está la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública, que aglutinará otros organismos anticorrupción dispersos y coordinará la protección de los intereses financieros de la Unión Europea contra el fraude.

Se amplía también el plazo de prescripción de delitos de corrupción de 5 a 7 años, permitiendo investigar delitos "complejos". El Gobierno reforzará el papel de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos para embargar bienes desde el inicio de la investigación.