Los resultados de los comicios autonómicos del pasado 8 de febrero en Aragón replicaron, en lo fundamental, los que se dieron mes y medio antes en Extremadura, donde se inició un tour electoral por el Estado que se prolongará hasta los albores del próximo verano. Estas dos primeras citas territoriales con las urnas se han saldado con sendos batacazos del PSOE, marcando en ambos casos sus peores registros históricos en las citadas comunidades. Y en las dos el PP ha sido la fuerza más votada, aunque con victorias pírricas, cayendo en porcentaje y número total de votos y cediendo incluso, en el caso de Aragón, dos escaños con respectos a la convocatoria anterior. Ni en Génova, y qué decir de en Ferraz, ejes en torno a los que ha girado el poder desde la década de los 80 del siglo pasado, están para echar cohetes, pues sienten ya en la nuca el aliento amenazador de un Vox crecido tras haber doblado su presencia en ambos parlamentos y haber sido, a todas luces, el gran vencedor en ambas elecciones. Y a la vuelta a la esquina, dentro solo de un mes, está el próximo test: el de Castilla y León. Se trata de una auténtica revalida para el bipartido tradicional, obligado a frenar a la sangría que le está provocando la subida imparable de la ultraderecha.
Los sondeos de cara a la cita del 15 de marzo apuntan a una continuidad en la línea de lo marcado previamente en Extremadura y Aragón, con el PP manteniendo más o menos el tipo, el PSOE desinflándose y Vox como fuerza con mayor incremento. Sin embargo, si se transita del brochazo grueso al trazo más fino, se advierten ciertos matices significativos que invitan a pensar en que, quizás, lo de Castilla y León no sea un mero calco de los anteriores procesos electorales. Empezando por la posición de la que parten los de Abascal, que limita su margen de crecimiento. Ellos ya pegaron el gran pelotazo hace cuatro años, cuando pasaron de tener un único escaño y un 5,5% de los votos tras los comicios de 2019 a los 13 procuradores y el 17,64% obtenidos en 2022. Ahora, seguirían al alza, pero no en las proporciones registradas en Extremadura y Aragón. Las encuestas vaticinan que rondarán el 20% de las papeletas, una barrera que hasta ahora no han superado en ninguna confrontación electoral, con un aumento de representación que iría entre los 3 y los 6, como supuesto más optimista. Se trata sin duda de unos resultados excelentes, pero hacen atisbar una lógica ralentización en su progresión.
Queda por comprobar si esta desaceleración es extrapolable a una tendencia a nivel general en la que Vox se acercaría a su techo en las urnas o si responde a una lógica propia de Castilla y León, donde concurren algunos factores diferenciadores. El principal es la crisis vivida ahora hace justo un año en el seno de la formación ultra, cuando el que había sido su cabeza de lista en las exitosas elecciones de 2022, Juan García-Gallardo, anunció que abandonaba la política y retomaba su actividad profesional como abogado movido por “discrepancias” con la dirección estatal del partido, a la que achacó una falta de “lealtad recíproca”. Desde Bambú, en cambió, enmarcaron la dimisión de García-Gallardo en su negativa a firmar la expulsión de dos procuradores de Vox en las Cortes castellano-leonesas críticos con algunos aspectos de la línea marcada por Santiago Abascal, a quien reclamaban más democracia interna en la elección de cargos.
Protagonista de no pocas polémicas y de declaraciones con marcado tinte xenófobo, García-Gallardo se forjó una imagen pública como vicepresidente de la Junta de Castilla y León, cargó al que accedió en marzo de 2022 tras entrar Vox por primera vez en un ejecutivo autonómico. Lo abandonó en julio de 2024, a raíz de la ruptura de los pactos de gobierno con el PP en cinco comunidades decretada por el Comité Ejecutivo Nacional del partido ultra por la colaboración de Génova con el reparto de los menores migrantes no acompañados. Su posterior renuncia a los cargos de responsabilidad ha dejado a la formación huérfana de una cara visible en Castilla y León. Inicialmente relevado por David Hierro, uno de los primeros afiliados de Vox en todo el Estado, García-Gallardo volvió a la palestra el pasado lunes, coincidiendo con la designación de Carlos Pollán, hasta ahora presidente de las Cortes de la comunidad, como candidato del partido de extrema derecha para las elecciones del 15 de marzo. “Hoy se consuma esa traición”, manifestó en un tuit en el que acusaba a Abascal de orquestar en su día “campañas de desprestigio” contra él con el fin de “minar la autoridad” del por entonces máximo representante de Vox en Castilla y León.
Los expulsados de Vox, con Alvise
Avanza en Libertad, entidad integrada entre otros miembros por los dos exprocuradores de Vox expulsados del partido por discrepancias con la dirección, tras la ruptura con el PP en 2024, anunció que se alía con la candidatura de Se Acabó La Fiesta (SALF), encabezada por Lucía Echevarrieta para las elecciones de Castilla y León. Javier Teira, uno de los procuradores represaliados, argumentó que la candidatura del partido dirigido por Alvise Pérez es “la única” que “se ha comprometido con la propuesta política” de Avanza en Libertad para Castilla y León y destacó que va “más allá del puro tacticismo político para impulsar la carrera personal de sus líderes hacia la Moncloa”, en una velada alusión a Santiago Abascal.
Prueba-error
Mientras tanto, el PP sigue con su dinámica de prueba-error a la hora de acometer su relación con Vox. De la condescendencia inicial pasó a verlo como un apoyo útil cuando, como ocurrió hace cuatro años en Castilla y León, empezaron a tener cierto peso en el panorama político. Su crecimiento constante en los últimos tiempos ha llevado a los populares a elevar el tono y polemizar con ellos, en un tardío y vano intento de ponerles en su sitio ante la amenaza en que se estaban convirtiendo para su hegemonía en la derecha. El resultado salta a la vista: Vox ha crecido en porcentaje de votos un 80,3% en Extremadura y un 55,7% en Aragón, mientras el PP pierde un 3,5% y un 5,5% de sufragios, respectivamente.
Comprobada la inutilidad de todo lo intentado antes, en Génova pergeñan un nuevo giro en su estrategia. Conscientes de que, desde que hace año y medio abandonara en bloque sus cargos en los diferentes gobiernos autonómicos en los que formaban coalición, Vox ha capitalizado casi en exclusiva el cabreo popular espoleado sin descanso por los de Feijóo en su cruzada contra el sanchismo, en el PP empiezan a contemplar que la mejor forma de evitarlo es haciendo que se manchen en la gestión de los problemas del día a día de los ciudadanos. O que les toque enfrentarse a catástrofes como la dana de Valencia, los incendios forestales del pasado verano o los efectos de las últimas borrascas, que lejos de salpicarles les han servido de munición para cargar desde la barrera contra socialistas y populares, al haberse producido una vez liberados de sus responsabilidades de gobierno.
Criptonita para Vox
Por ello, la exigencia expresada el pasado lunes por el portavoz nacional del partido ultraderechista, José Antonio Fuster, de entrar en el Gobierno de Aragón asumiendo consejerías “con estructura y presupuesto para poder hacer políticas” no les suena mal a los populares. Estos, una vez desterrada a golpe de urna la ensoñación de las mayorías absolutas, asumen que no les queda otra que aceptar una mayor cesión de cuota de poder a Vox en los ejecutivos autonómicos. Y que así pueden, además, matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, recabar los apoyos necesarios para revalidar a sus barones y baronesas en sus respectivas presidencias. Y, por otro, comprobar si el inevitable desgaste que conlleva el manejar las cosas del comer se convierte en la criptonita que neutralice la inusitada fortaleza que ahora exhibe la extrema derecha. De ahí los llamamientos realizados esta semana por Feijóo a Vox para que no se convierta en “un muro” y actúe con “responsabilidad” para alcanzar acuerdos que permitan la gobernabilidad de las instituciones autonómicas. Y es que los ultras no se lo están poniendo fácil y, al parecer, quieren disfrutar del momento humillando a los populares.
La próxima partida se juega en Castilla y León, feudo histórico donde el PP lleva gobernando allí casi 40 años de forma ininterrumpida, desde que en 1987 un joven José María Aznar arrebatara la presidencia de la Junta al socialista Constantino Nalda. La fuerza liderada allí por Alfonso Fernández Mañueco tiene claro con quien se juega las castañas. Sus miradas se centran en Vox, haciendo de menos al candidato elegido por el PSOE, Carlos Martínez. “El líder del PSOE en Castilla y León es Óscar Puente y quiere implantar aquí su modelo de gestión”, dijo recientemente en una entrevista el presidente de la Junta, en referencia al ministro de Transportes, natural de Valladolid, ciudad de la que fue alcalde durante ocho años. De este modo, pone el foco en un hombre fuerte del sanchismo, en la picota además a raíz del accidente de Adamuz y del caos que afecta desde hace semanas al servicio ferroviario, y deja en la sombra a Martínez.
Lamerse las heridas
Pero la apuesta del PSOE no es esta vez ningún ministro, sino este político de 52 años que pasa por ser un brillante orador, pero con escasa proyección a nivel estatal, más allá del excelente cartel que tiene en Soria, ciudad en la que va camino de cumplir 19 años como alcalde, los últimos 15 con mayoría absoluta, y de su nombramiento hace un año como secretario general del partido en Castilla y León. A él le toca liderar a una formación que bastante tiene con lamerse las heridas provocadas por los descalabros electorales de Extremadura y Aragón. Condicionado por esta espiral perversa que engulle al PSOE, el objetivo de Martínez será minimizar daños en los comicios del 15 de marzo, por lo que quizás se daría con un canto en los dientes si atinan los sondeos que apuntan a un descenso de tres escaños -de 28 a 25- y de 1,8% puntos en el índice de votos -del 30,2% a 28,4%.
Seguro que Martínez y también Fernández Mañueco intentarán llevar a lo local la campaña electoral que arrancará en menos de dos semanas, sabedores de que a Vox le va mejor cuando el debate lo acaparan las polémicas de ámbito estatal. Las múltiples tramas de corrupción, los problemas de la red ferroviaria, la inmigración e incluso la reciente concesión del régimen de semilibertad al exdirigente de ETA Garikoitz Aspiazu Txeroki serán, probablemente, cuestiones esgrimidas por los de Abascal para avivar la llama del enfado que les da alas. Desde Bambú vaticinan una debacle inminente del bipartidismo en todo el Estado, arrastrado por la marea iniciada en Extremadura. Ante ello, PP y PSOE necesitan cortar la hemorragia antes de que vaya a más. ¿Será Castilla y León el torniquete o el punzón que ahonde en la herida?
