El PSOE ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley en la que insta al Gobierno a impulsar la participación de jueces, fiscales y personal de la Administración de Justicia en los cursos de formación en materia de igualdad.
En la iniciativa, que se debatirá en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, los socialistas defienden que la formación en materia de igualdad "constituye un pilar para garantizar una justicia más efectiva y sensible a las necesidades de las víctimas".
En este sentido, el PSOE llama a continuar con el desarrollo de las políticas de igualdad y de protección a las mujeres frente a cualquier forma de violencia en el ámbito de la Administración de Justicia.
Así, en la exposición de motivos, recuerda que, desde 2018, todas las pruebas selectivas para el ingreso y promoción en la Carrera Judicial incluyen módulos sobre igualdad, discriminación por razón de sexo y violencia contra la mujer.
Además, señala que la Ley del Poder Judicial y la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género vienen a regular la inclusión en el temario del acceso a la carrera judicial contenidos sobre el principio de no discriminación e igualdad entre mujeres y hombres.
"La perspectiva de género en la aplicación del ordenamiento jurídico se ha convertido en un principio fundamental, dado que contribuye a garantizar la no discriminación entre mujeres y hombres, a la vez que proporciona una respuesta efectiva frente a la violencia de género en línea con los principios contenido en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género", subraya.
En este sentido el PSOE considera "esencial" contribuir a la actualización de los conocimientos de los miembros de la carrera judicial a través de su formación, para dotar a los jueces "de las herramientas precisas y específicas para visibilizar estereotipos de género".
Por otro lado, agrega que más de 2.000 profesionales del ámbito de la judicatura han recibido formación en igualdad y contra la violencia de género entre 2019 y 2025.
También afirma que todas las asociaciones de jueces coinciden en valorar que la formación es "esencial" para una justicia libre de estereotipos y para cumplir con las obligaciones internacionales.
"La formación se configura como un derecho y una obligación, con énfasis en eliminar sesgos machistas para garantizar el principio de imparcialidad de la Justicia". Un enfoque en la perspectiva de género en la formación de los miembros de la Administración de Justicia contribuye a lograr una Justicia más equitativa", concluye.
