“Es necesario que Sánchez intervenga, no es de recibo que pidan ahora cambios legales para hacer los traspasos”

Decía el lehendakari que esta semana era decisiva para ver si el Gobierno español tiene voluntad de ceder todas las transferencias este año, pero está viendo que las conversaciones no marchan como deberían. ¿Usted ha podido arrancar una fecha para la Comisión Mixta de Transferencias?

Tenemos que diferenciar dos planos. Por una parte, está la Comisión Mixta, para poder materializar y cerrar los traspasos para los cuales ya tenemos un acuerdo previo, como son el Sepe y las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social. Por otra parte, está la Comisión Bilateral que también habrá que celebrar, para poder cerrar un acuerdo sobre las diez materias que se pusieron encima de la mesa de La Moncloa y que vienen a culminar el Estatuto de Gernika. En cuanto a la Mixta, las reuniones que estamos manteniendo son más que nada operativas, porque tenemos que ir bajando a tierra, y es verdad que se están haciendo trabajos, porque se ha constituido ya un grupo técnico Estado-Euskadi con personal del departamento del sailburu Mikel Torres, que es el que va a recepcionar el traspaso del Sepe y las prestaciones no contributivas. La fecha de la Mixta se concretará una vez hayan concretado esos pasos. Todavía no se han concretado los medios materiales ni personales ni la valoración por parte de Hacienda, y sabemos que lleva su tiempo. Queda muy poco para poder celebrar una Mixta a final de año, y Madrid tiene que meter un acelerón.

Pero, más allá de las dificultades intrínsecas de esas transferencias, ¿usted ha detectado un cambio en la actitud del Gobierno español ahora que no sabe cuánto va a durar la legislatura y quizás piense que no le merece tanto la pena el esfuerzo?

Sí estoy viendo que se está dando un trabajo para que se materialice la Comisión Mixta. Pero, por otro lado, están las diez propuestas sobre las que el martes pasado pensábamos que íbamos a tener ya una serie de contrapropuestas, sobre las que hay que llegar a un acuerdo también antes de final de año, y ahí sí que hemos visto reticencias administrativas y políticas. Ya falta muy poco tiempo, y que a estas alturas se nos pongan excusas... Hemos vuelto con cierta preocupación, porque el 8 de octubre entregamos al ministro Torres las diez propuestas, han tenido un mes para contrastar con los ministerios, y esperábamos una respuesta mucho más avanzada y concreta que la que recibimos. La parte administrativa y funcionarial tiene resistencias porque las ha tenido en todo el proceso, y es un funcionariado que lleva años y no interioriza que las competencias son nuestras y lo que estamos pidiendo es que se cumpla el Estatuto de Gernika que lleva desde 1979 sin cumplirse.

¿Alguna materia se ha vetado expresamente y no se quiere abordar?

No se ha vetado expresamente, pero sí se nos ponen objeciones. Siempre se nos pone encima de la mesa una problemática, por ejemplo, de que cierto traspaso necesita un cambio legal para que se pueda materializar. Pues no. Nosotros jurídicamente lo hemos contrastado, llevamos nuestros informes, y no vemos que haya necesidad de realizar ningún cambio legal, pero siempre vemos que, cuando nos quieren poner una barrera o dificultad añadida, se agarran a que hace falta un cambio legal. Lo hemos vivido en traspasos que se han materializado y se ha visto que no era necesario un cambio legal. Son tácticas o técnicas, no sé cómo llamarlo, que ya conocemos. Que a estas alturas, en noviembre, se nos diga que para equis traspaso hace falta un cambio normativo no es de recibo.

¿Qué traspaso, el puerto de Pasaia?

Cuando hemos tenido estas dificultades, siempre hemos conseguido solventarlas y, por tanto, no me gustaría decir dónde está específicamente el problema porque puede que no nos ayude en el proceso negociador.

El PNV acordó con el Estado que el puerto de Pasaia saliera del catálogo de interés general en la negociación de los Presupuestos aplazados por las elecciones catalanas. Pero sigue sin materializarse. ¿Sánchez se ha echado atrás por la contradiplomacia de Eneko Andueza?

A mí lo que me gustaría es que hubiera datos encima de la mesa que demuestren qué perjuicio supondría sacar a Pasaia del catálogo de interés general. Tenemos que ser serios y rigurosos, y las declaraciones tienen que venir acompañadas de datos o informes. Porque, hasta ahora, lo único que hemos visto son declaraciones. Nosotros, como Gobierno vasco, no hemos recibido ningún tipo de informe de ninguna de las partes explicando ese perjuicio. Euskadi ha hecho sus deberes y ha entregado sus propuestas con informes que respaldan su viabilidad.

¿Usted a qué se agarra en sus informes para defender que Pasaia no perdería tráfico internacional? ¿A otros precedentes en el Estado?

El artículo 4 de la Ley de Puertos y la Marina Mercante establece cuáles son los parámetros que tiene que cumplir un puerto para ser catalogado como puerto de interés general, y nosotros ya explicamos que Pasaia cumple solo uno: que tiene mercancía internacional. Puede ser excluido, y existen precedentes en el Estado que manejan un volumen muchísimo más amplio que Pasaia en este momento y tienen tráfico internacional, y no se ha roto nada. Lo que queremos es darle un impulso al puerto de Pasaia, alinearlo mejor con las políticas industriales, porque vemos que desde 1979 mueve prácticamente el mismo volumen de mercancía, es decir, estar en el catálogo de interés general no le ha supuesto nada positivo. Ha pasado del puesto 12 de 28 al puesto 22 o 23. Y en muchas de las decisiones que hay que tomar sobre infraestructuras y tarifas siempre estamos supeditados a Puertos del Estado, y hacen falta informes favorables del ministerio y que te den su aprobación para muchísimas cosas. Pasaia es mucho más lento que los puertos que no están en ese catálogo porque siempre estamos supeditados a esos permisos que, en muchos casos, necesitan más de un año. Y, si no hay Presupuestos del Estado, es una pega añadida. Nosotros planteamos un acuerdo win-win, ganamos todos.

¿Siente que sus socios del PSE están saboteando el trabajo que está haciendo con el Gobierno español?

Pues no lo sé. Tenemos un mandato como Gobierno vasco, y en el programa está claramente el cumplimiento del Estatuto de Gernika.

En el caso de los aeropuertos, ¿existe el riesgo de que el Gobierno español recule por las presiones de un inversor, el fondo británico TCI?

Yo diría que en los aeropuertos la dificultad es más política que jurídica o mercantil. Aena tiene otro tipo de filiales, y las propuestas vascas están buscando una fórmula negocial que no implica romper el modelo de Aena, ni implica salirse de Aena. Lo que implica es generar valor a los tres aeropuertos y, por ende, generar valor a Aena. Es decir, es una propuesta que viene a reforzar el modelo de Aena y, por tanto, viene a reforzar los intereses de los accionistas minoritarios. Yo he pedido personalmente una reunión con el presidente de Aena esta semana, a Maurici Lucena, para explicarle cuál es nuestra propuesta, nuestra fórmula negocial. Euskadi no viene a romper nada. Viene a mantener lo que hay y crear valor. Le quiero explicar de primera mano la propuesta, y me gustaría también poder tener reuniones con los accionistas minoritarios para explicarles la propuesta de Euskadi porque estoy segura de que les va a gustar.

¿La propuesta no implicaría dejar de trabajar en red, una posibilidad que preocupa a los accionistas porque algunos aeropuertos perderían tráfico y dejarían de ser rentables?

No, el acuerdo es buscar la fórmula negocial que pueda canalizar las aspiraciones de Euskadi. Uno de los puntos del acuerdo es poder participar en el diseño del DORA, el documento de regulación aeroportuaria en el que se deciden las inversiones. Ahora nos informan del DORA, pero Euskadi no participa. Y que podamos participar en la gestión de los tres aeropuertos. Pero no estamos proponiendo ni salirnos de Aena ni romper el modelo de red de Aena.

¿Ustedes aspiran a opinar o bien a decidir sobre los aeropuertos?

A decidir. Ya hubo un primer acuerdo sobre aeropuertos entre nuestro lehendakari y Pedro Sánchez. Es un acuerdo que dice en qué debe participar Euskadi. Lo que se crea es una subcomisión de infraestructuras que analice cuál puede ser la figura negocial que puede vehiculizar lo que ya el acuerdo recoge. Euskadi quiere participar en decidir las inversiones, y eso ya es poder de decisión y está rubricado.

Una vez puso como ejemplo que Euskadi podría participar en el 49% del accionariado. Si el otro 49% son los inversores privados, ¿el Estado se queda con el 2% del desempate?

Hemos propuesto más de una fórmula negocial porque estamos abiertos. Es decir, lo importante no es la fórmula, sino lo que la fórmula conlleva. El miércoles tenemos otra vez subcomisión de infraestructuras aeroportuarias en Madrid. El Estado nos ha trasladado cuál es su propuesta. Pero Euskadi está siendo generosa. Siempre somos flexibles porque queremos llegar a un acuerdo. No vamos a ir con una única propuesta cerrada, sino que llevamos diferentes fórmulas.

Ya tenían un acuerdo sobre las prestaciones de la Seguridad Social desde julio, sobre los cuidados, y desde septiembre, sobre las prestaciones contributivas del paro, pero en ese caso solo cerraron un acuerdo provisional sobre la financiación que no suponía recaudar las cotizaciones. ¿Están ahora en ello?

La gestión económica de la Seguridad Social y el Fogasa están dentro de las propuestas que tiene el Estado encima de la mesa y para las que hay que mover ficha. Por eso, esta semana, el lehendakari ha querido mandar al presidente Sánchez un aviso al decirle que en julio ya le pidió que pusiera orden en su casa, que estamos viendo reticencias administrativas y políticas fácilmente solventables que a estas alturas del año no son de recibo, y seguramente será necesario que el propio presidente Sánchez intervenga, porque nosotros tenemos un acuerdo con él, un acuerdo que cumplir, Euskadi es leal y cumple su palabra, y lo que pedimos a la otra parte es la misma lealtad y que también cumpla su palabra. La petición ha sido al presidente Sánchez para que ponga orden en su casa y ayude a desbloquear la situación.

¿Las reticencias son otra vez de Sumar?

No voy a decir que sean generales, pero son administrativas y políticas y no solo de la parte de Sumar.

¿Están hablando de la creación de una entidad propia para gestionar las pensiones vascas? ¿Aquellos 12.000 millones que usted mencionó como cálculo de las pensiones vascas que paga el Estado son el dinero que gestionaría esa entidad?

El Gobierno vasco tiene hechos los deberes, y tendríamos que articular un nuevo organismo, una especie de sistema vasco de pensiones que daría cobertura a esa eventual transferencia, pero está en la cocina discreta y, por tanto, vamos a ver si se va desatascando.

El lehendakari dice que el plazo para todas las transferencias es claro y es el 31 de diciembre. ¿Implícitamente quiere decir que no aceptarían una prórroga?

Nosotros siempre hemos dicho que, hasta ahora, el Estado no nos ha pedido ninguna prórroga. Por tanto, entendemos que no consideran que necesiten más tiempo. Si por algún casual el Estado nos pidiera más tiempo, tendríamos que valorarlo, pero no vamos a hacer elucubraciones.

¿Al Gobierno vasco le empieza a correr prisa cerrar las transferencias porque quizás no aguante la legislatura de Sánchez?

Más que prisa, tenemos un pacto que cumplir. Son ya cinco años.

Decía el lehendakari a Pedro Sánchez que la confianza es difícil de construir pero fácil de perder. ¿Era simplemente un toque de atención, o se están planteando alguna decisión drástica sobre las relaciones?

Habría que preguntarle al lehendakari o, en este caso, al PNV, pero el pacto está para cumplirse.

En cuanto al futuro autogobierno, ¿aspiran a conseguir las competencias migratorias que ha pactado Catalunya para tramitar la residencia de los migrantes?

El Estatuto de Gernika es del 79, y la Euskadi de 2025 es muy distinta. El reto migratorio no existía en 1979, porque había 10.000 personas que procedían de fuera de Euskadi, y ahora son 300.000. Conseguimos la competencia de autorizaciones iniciales de trabajo, pero no el permiso de residencia, que lo sigue dando el Estado porque no está en el Estatuto. Para la Euskadi del siglo XXI, no contempla ciertas competencias que quizá deberíamos tener.

“Vamos a llevar a la mesa sindical nuevas OPE que midan competencias como el trabajo en equipo”

Tras lo sucedido con el blindaje del euskera y el macrocentro de refugiados, ¿hay que normalizar que PNV y PSE vayan cada uno por su cuenta y se apoyen en Bildu, o no se repetirá?

No vamos a estar en todo de acuerdo, porque somos dos partidos distintos. Compartimos una coalición de Gobierno con un programa sólido y da estabilidad al país, que no es poco viendo los tiempos que corren. También habrá Presupuestos en 2026. Pero tenemos ideologías diferentes. No todas las votaciones en el Parlamento van a tener que ser iguales entre los socios. Lo tenemos que tomar como un síntoma normalizado de un sistema democrático.

El Gobierno vasco va a negociar esta semana los Presupuestos con la oposición. ¿Los ha redactado pensando en el PP como deslizan voces de EH Bildu?

El Gobierno vasco ha redactado sus Presupuestos pensando en Euskadi y en la ciudadanía. Como dijo el lehendakari, no va a haber líneas rojas. Que digan cuáles son sus partidas y programas y veremos si se pueden incluir o no, pero ya de primeras, sin ninguna concreción, empezar a decir si lo haces con este partido, conmigo no... parece que estamos en un patio de colegio.

Ahora que está negociando el acuerdo regulador con los funcionarios, ¿usted entiende que pueda haber una sensación de agravio entre otros empleados públicos al ver que, en el caso de la Ertzaintza, sí se han actualizado algunos complementos salariales?

El caso de la Ertzaintza no es una subida lineal a todos sus miembros, sino que son complementos equis para unos funcionarios que hacen una serie de tareas. Llevamos 36 reuniones con los sindicatos desde el inicio de la legislatura, y saben que la subida salarial lineal la decide el Estado. Para estar preparados, vamos a incluir en el Presupuesto una bolsa de dinero para una posible subida salarial que está negociando el Estado. Se puso un 2,5% porque es la subida de años anteriores. Después será más o menos y Euskadi aplicará el tope del Estado.

¿En qué usos de la inteligencia artificial piensa el Gobierno?

Sobre todo, que los trabajos más automáticos que realizan los funcionarios los puedan realizar a través de inteligencia artificial para que se libere tiempo para realizar tareas de mayor valor añadido, que puedan dar un servicio más personalizado en la atención ciudadana. No se va a reemplazar la atención en persona. Se va a reforzar. Lo que queremos es desburocratizar.

Está preparando el proyecto de Ley de Simplificación administrativa. ¿Ha acordado con las diputaciones forales un sistema de interoperabilidad para que un ciudadano no tenga que volver a aportar un documento que ya posean?

El borrador tiene que iniciar ahora el recorrido antes de llegar al Parlamento. Lo vamos a presentar a final de mes conjuntamente con las diputaciones. Pero sí le puedo avanzar que el principio básico que recoge la ley es “solo una vez”.

En la Ley de Transparencia, EH Bildu pide que la presidencia de Gardena la nombre el Parlamento y no el Gobierno. ¿Se puede revisar?

Solo Vox registró una enmienda a la totalidad, pero el resto ha presentado enmiendas parciales, lo que indica que dan el proyecto por bueno y quieren mejorarlo. Hay enmiendas muy variadas: desde la elección del presidente o presidenta de Gardena, hasta el modelo de participación ciudadana que propone Bildu, o la gobernanza colaborativa del PNV. Nos gustaría que se pudieran dar acuerdos entre diferentes.

¿Las 1.700 plazas públicas que ha perfilado bastarán para lograr los objetivos de rebajar la interinidad y hacer frente a las jubilaciones?

Hemos bajado la interinidad a un 14% u 11% y ahora queremos acercarnos al 8% marcado por ley. Y el plan EKI para modernizar la administración incluye desde el año pasado una herramienta de trasvase de conocimiento para el relevo generacional. Otra novedad de EKI es una nueva manera de realizar las OPE en base a competencias. Vamos a ir articulando los nuevos procesos. Tenemos que llevarlo a mesa sindical, obviamente tiene que haber una negociación, pero sí creemos que los nuevos funcionarios tienen que contar con otras capacidades que ahora mismo en los procesos no se miden, como que sepan trabajar en equipo, a través de dinámicas grupales en las OPE; habilidades comunicativas... Serán procesos diferentes, porque quizás en una OPE de administrativos no hace falta entrevista personal.