“La Asociación de Víctimas del Terrorismo se escapa de sus estatutos, que le exigen una imparcialidad”

Tema delicado. En su libro sitúa su propósito en un apunte preliminar.

Hay unas víctimas que no son reconocidas como tales, mientras otras sí figuran en la lista oficial del Ministerio del Interior. Actualmente en el Estado español hay 6.000 víctimas reconocidas, mientras quedan excluidas aquellas que han padecido una vulneración o lesión a su integridad física y psíquica por la extrema derecha, los sectores que operaban en el marco de la guerra sucia, y los Cuerpos de Seguridad del Estado. Hay un colectivo muy amplio que no tiene encaje en la actual arquitectura jurídica. Pese a algunas demandas no se incorporaron como víctimas del terrorismo a las personas afectadas por estas vulneraciones. Esto hace que no tengan una reparación en términos materiales, económicos y legales. Esa inequidad hay que constatarla.

Realiza un recorrido cronológico.

Existe un discurso según el cual hay unas víctimas verdaderas y otras que no lo son, una violencia legítima y otra ilegítima. Un relato hegemónico que básicamente ha gravitado en torno a la Asociación Víctimas del Terrorismo, principal entidad de las 34 que existen. La AVT concita el consenso del Estado y tiene el acompañamiento de PSOE y PP, aunque su deriva es clarísima al servicio de los intereses del PP. 

Venía de una trayectoria previa.

“La AVT tiene 4.300 socios. Recibe el 30% de las ayudas públicas y recurre a decir que ETA opera con otra fórmula”

La AVT nació en 1981. Mantuvo una cierta equidistancia a raíz del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo del 2000, fue incorporada como la figura de la Fundación Víctimas del terrorismo, ente que aglutina a todas las entidades, pero a raíz de los atentados del 11-M en Atocha, entró en la junta Francisco Javier Alcaraz, exmilitante del PP, familiar de víctimas del atentado de ETA en el cuartel de Zaragoza. Con el acompañamiento y el apoyo del PP inició lo que se llama la ‘rebelión cívica’ sobre la teoría de la conspiración al lado de medios como El Mundo o la Cope y el discurso de Gobierno ilegítimo. La AVT se convirtió en el buque insignia de un relato al lado de la Conferencia Episcopal o plataformas ultracatólicas como Hazte Oír o Foro de la Familia y del PP.

Zapatero terminó su mandato con el anuncio del final de ETA. ¿Cuál fue el papel de la AVT con Rajoy?

Había entrado de presidenta Ángeles Pedraza, madre de una niña muerta el 11-M, que acentuó el papel de lobby conservador (estuvo hasta 2016) con mano de hierro y guante de seda. Tuvo interlocución con Fernández Díaz y Rajoy básicamente, presionándoles al máximo en varios aspectos. En 2013, por ejemplo, montaron una serie de movilizaciones contra la abolición por Estrasburgo de la doctrina Parot. interpelando a la judicatura y magistratura para que no se acercasen presos, incluso emplazando a Rajoy a que se retirase del Convenio por los Derechos Humanos… Ángeles Pedraza tenía un perfil muy duro.

¿Y con Pedro Sánchez?

La AVT se ha imbricado en una ofensiva sobre todo con María San Gil, presidenta del Observatorio CEU, y con Hazte Oír, y empieza a incorporar el argumentario más ultraconservador, mucho más cerca de Vox que del PP, aunque en los últimos años ha sido determinante el papel de Ayuso. La AVT se escapa de lo que marcan sus propios estatutos de mantener una imparcialidad de cara a ser una herramienta de la derecha. La AVT tiene actualmente 4.300 socios. Recibe el 30% de las ayudas públicas, y recurre constantemente a que ETA está operando desde otra fórmula. También están alimentando su discurso con el paradigma del miedo ante el mundo islámico.

¿Y la Fundación Víctimas del Terrorismo? ¿Se percibe una línea más templada y plural?

La AVT sigue siendo la principal entidad que absorbe más partidas económicas para proyectos, documentales, cuadernos pedagógicos para escuelas para presentar su relato… La AVT se mantiene muy activa y continúa siendo primada. Es verdad que hay otras entidades que tienen su rol, pero la AVT en 2004 fue considerada entidad de utilidad pública y el Estado siempre le ha tenido como una referencia en cualquier iniciativa y conserva su hegemonía y la Fundación no deja de ser un cofinanciador indirecto. Hay dos o tres entidades de perfil digamos progresista, pero muy focalizadas a las secuelas. Es más, Ángeles Pedraza, presidenta de honor de la AVT, es vicepresidenta de la Fundación.

Otra asociación conocida es Covite. Consuelo Ordóñez se ha destacado por su beligerancia, pero recuerda también a víctimas de otras violencias en una línea incluyente.

Hay un capítulo en el libro en donde hablo de Covite. Consuelo Ordóñez es un personaje histriónico, cuya vehemencia es conocida. Fue muy beligerante, a medida que pasa el tiempo empezó a percibir una utilización espuria de las víctimas por parte del Partido Popular. Actualmente tiene una disputa con Ayuso, Ordóñez denuncia las vulneraciones de cualquier persona que haya sufrido la violencia. Por una parte es verdad que ha hecho ese giro, un cambio para mí paradigmático y muy interesante. Pero por otro lado continúa muy focalizada en un discurso muy beligerante por el hecho de que Bildu esté en las instituciones. Con la AVT y Dignidad y Justicia continúan boicoteando el acto anual que se hace en el Congreso de los Diputados.

Un caso paradigmático del doble baremo que denuncia fue el de la madre de Pili Zabala hace tres años no le reconocieron como víctima del terrorismo y tuvo que pagar las costas. Aún pensamos en las víctimas como un colectivo uniforme.

Se va resquebrajando ese muro monolítico con gente como ella, como Rosa Lluch, Iñaki García Arrizabalaga…

El Gobierno Vasco y el de Navarra, y el PSE y PSN están haciendo reconocimientos, pero el Estado sigue siendo una especie de frontis.

“Solo la ley vasca y la navarra están incorporando víctimas policiales y de la extrema derecha. Pero el Estado español se resiste”

Aquí hay unos deberes clarísimos. Fabián Salvioli, exrelator de Naciones Unidas, ha hecho hincapié muchas veces que el Estado español tiene dos patatas calientes sobre la mesa, la Ley de Secretos Oficiales y la Ley de Amnistía, dos artefactos políticos que blindaron la Transición, pero que impiden abrir el melón de los abusos perpetrados. Y después las leyes que excluyeron a todas estas víctimas impiden que haya una equidad en el tratamiento. Solo la ley vasca y la navarra están incorporando víctimas policiales y de la extrema derecha. Pero es verdad que el Estado español se resiste a fiscalizar todos los abusos que se cometieron en periodo democrático. El caso de Felipe González, el caso de los GAL, es clarísimo. Hago referencia a que Fernández Díaz excluyó como víctimas a muchos afectados por el GAL con el argumento de que las víctimas eran victimarias también.

¿Y Marlaska, ministro desde 2018, que tuvo un papel previo?

Con condenas en Estraburgo por no investigar torturas. Son los equilibrios de la Transición. El Partido Socialista tiene que jugar con mantener un perfil progresista en muchos ámbitos, pero en el terreno de la construcción del Estado y de mantener una política antiterrorista dura…