El excomisario Villarejo proclama su inocencia y declara estar ya "agotado mentalmente"

El excomisario José Manuel Villarejo ha proclamado su inocencia en el juicio por la pieza del caso Tándem por un supuesto espionaje ilegal a un empresario y ha manifestado que aunque pensaba que era "una persona fuerte" está "agotado mentalmente" por luchar contra un "muro infranqueable que niega la realidad".

La Audiencia Nacional ha dejado este jueves visto para sentencia el juicio de la pieza número 8 del caso Tándem, referida a un informe elaborado en 2015 por el grupo de sociedades de Villarejo, Cenyt, sobre el empresario marbellí Felipe Gómez Zotano, en el que según el fiscal se incluyeron datos de bases policiales y notariales muy restringidas que fueron desviados a este negocio privado de espionaje.

Caso Tándem

Este trabajo fue encargado por M.K.N., una mujer que pretendía usar la información obtenida en su estrategia judicial para que Gómez Zotano le devolviese una cantidad de dinero que le reclamaba tras verse estafada en una relación inmobiliaria entre ambos sobre una vivienda de Benahavís (Málaga).

El fiscal ha pedido 9 años de prisión para Villarejo por los delitos de cohecho pasivo y de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público, además de cuatro años y nueve meses para el expolicía Antonio Bonilla y tres años y medio para el exinspector jefe Constancio Riaño.

Villarejo, que ha negado cualquier participación en los hechos referidos a esta pieza, ha hecho uso del turno de última palabra para agradecer al tribunal permitirle no asistir a todas las sesiones del juicio tras su operación de columna.

Ha añadido que mentalmente está agotado y que ha sufrido dos o tres microictus que le han afectado los ojos por subidas de tensión brutales que le están afectando, lo que ha achacado a este proceso. "Yo creía que tenía la mente fuerte o que era una persona fuerte pero me he encontrado con una terrible barrera y un muro infranqueable que niega lo evidente, la realidad", ha manifestado.

Excomisario

Villarejo ha recordado que dejó la Policía en 1983 y que estuvo diez años desarrollando sus actividades como empresario hasta que en 1993 volvió pero no como policía al uso sino porque se lo pidió el Ministerio del Interior para trabajos concretos, como agente de inteligencia, dadas sus importantes fuentes sobre todo del mundo árabe y que le permitieron seguir con su actividad empresarial.

"Durante años he sido felicitado y condecorado, yo tenía mi oficina en Torre Picasso de Madrid y no es cierto como dice el fiscal que yo fuera un comisario que estaba en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía", ha añadido.

Ha comentado que no se planteó que lo que le pedía el Gobierno para que volviera fuera una ilegalidad y que mantuvo esa situación con diez ministros del Interior. "Pero me convertí en un tipo problemático porque denuncié todas las ilegalidades que estaba observando y que lamentablemente están saliendo a la luz", ha concluido.

Su abogado, Antonio García Cabrera, ha alegado durante su informe que Villarejo es víctima de un "macroproceso hipetrófico" con 49 piezas que "va a colapsar la Audiencia Nacional" y que le obligará a comparecer en diferentes juicios los próximos 15 años "si su salud se lo permite".

Al igual que los abogados de los otros dos acusados, García Cabrera ha pedido la absolución de Villarejo y de forma alternativa, en el caso de condena, que se aplique la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. "Si el Ministerio Fiscal ha decidido hacer de esto una macrocausa gigantesca que va a colapsar la Audiencia Nacional eso no es problema de Villarejo", ha añadido.

El abogado de Villarejo ha insistido en que "esta Sala está colapsada y lo va a estar mucho más por esta estructura pero desde luego no es culpa de los justiciables, cuya salud está decayendo".

El fiscal ha mantenido que Villarejo "quebró la separación de poderes" al aprovecharse de su condición de comisario para, con intervención de los otros acusados, hacerse con datos del empresario Felipe Gómez Zotano de dos bases de las más restringidas que existen en España, la de la Policía sobre los DNI y la del Órgano Centralizado de Prevención del Consejo General del Notariado.