El PNV ha superado un primer obstáculo y ha conseguido que se admita a trámite en el Congreso de los Diputados su reforma legal para proteger los acuerdos de transferencias con el Estado, de tal manera que el Tribunal Constitucional se mantenga como intérprete en última instancia frente a los contenciosos que están impulsando diferentes colectivos profesionales por la vía ordinaria en el Supremo. Este paso solo supone que el Congreso comience a debatir y enmendar esta proposición de ley, pero no presupone que la iniciativa vaya a ver la luz en lo que queda de legislatura. Sí puede ser una buena señal para el PNV que hayan votado a favor los dos partidos que componen el Gobierno español, el PSOE y Sumar, que además no lo hicieron con la boca pequeña o con objeciones. También recabó el respaldo de Podemos, a quien le venía bien quitarse el sambenito de la recentralización tras haber censurado unos minutos antes la delegación de competencias migratorias a Catalunya en la misma sesión plenaria. Las fuerzas soberanistas han dado igualmente su apoyo en la sesión de este martes: Junts, ERC y EH Bildu defendieron la propuesta en sus turnos de intervención para evitar que haya más flancos de incertidumbre desde el Supremo, pero matizaron que siguen sin legitimar al Constitucional. Vox votó en contra, y el PP tuvo una intervención un tanto vaga en defensa de la profesionalidad del Supremo y en la que no llegó a anunciar el sentido de voto, pero quedó claro que no apoyaba la proposición de ley y, cuando se produjo la votación, lo hizo en contra. La propuesta del PNV fue admitida a trámite con un amplísimo respaldo, ya que tuvo 179 apoyos, solo la rechazaron 170 escaños de PP, UPN y Vox, y no hubo ninguna abstención, sobre un total de 349 votos emitidos.
El diputado del PNV experto en debates jurídicos, Mikel Legarda, defendió la iniciativa con una intervención muy técnica en la que alertó del riesgo de que cundan las interpretaciones no homogéneas sobre los traspasos, y pidió que las comunidades autónomas no queden indefensas sin poder recurrir al TC. El PNV ha llevado esta iniciativa al Congreso tras observar cómo la justicia ordinaria, el Tribunal Supremo, se ha convertido en un nuevo actor en discordia que puede paralizar la transferencia de nuevas competencias a la comunidad autónoma vasca y Nafarroa. En el caso de la CAV, el Supremo suspendió cautelarmente y después anuló el acuerdo que habían alcanzado los gobiernos vasco y español en la Comisión Mixta de Transferencias para que los títulos universitarios obtenidos en el extranjero fueran convalidados desde una ventanilla vasca. El Supremo respondía a un recurso del colegio estatal de fisioterapeutas y otros profesionales. Esta situación obligó a los gobiernos vasco y español a renegociar una posible vía para, al menos, dar una solución transitoria a los 200 expedientes en cola. En Nafarroa, el Supremo anuló el real decreto para la transferencia de tráfico a la Policía foral, a petición de la asociación de la Guardia Civil Jucil. El asunto se recondujo a través de un acuerdo político entre ambos gobiernos.
El PNV quiere garantizar que los gobiernos de la CAV y Nafarroa no queden en una posición de indefensión, y quiere que se les facilite una pasarela para poder recurrir en amparo al Constitucional o, incluso, que el Supremo pueda elevar una consulta al Constitucional antes de pronunciarse sobre el fondo del asunto. Se trata de que prevalezca el criterio del Constitucional como máximo intérprete de la legalidad de esas transferencias. No es ningún secreto que esta no es la solución ideal para el PNV, que cuestiona la imparcialidad del TC como árbitro en materia competencial, pero mientras no se apruebe un nuevo modelo de relación con el Estado español para blindar la bilateralidad, el PNV no quiere que se multiplique la incertidumbre sobre las competencias con múltiples sentencias contradictorias en otras instancias. Pero un dato clave es que no plantea una propuesta de máximos para eliminar la justicia ordinaria. Ha registrado una proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional para que no se diluya “la preeminencia de la jurisdicción constitucional, que se consagra en los artículos 5 y 61.2”.
Quiere que el Constitucional tenga la última palabra sobre los acuerdos alcanzados en los órganos bilaterales con el Estado, como son la Comisión Mixta de Transferencias y las Juntas de Seguridad. La reforma se compone de un artículo único, con una nueva disposición adicional sexta para crear un “recurso subsidiario sobre acuerdos de delimitación competencial” y la posibilidad de que los tribunales ordinarios planteen “cuestiones prejudiciales” al Constitucional. Para plantear el recurso subsidiario, es necesario que se hayan agotado todos los medios de impugnación, que la resolución judicial falle sobre la titularidad y alcance de la distribución competencial, y que el recurso se interponga en 30 días desde la notificación de la decisión judicial. Estarían legitimados para recurrir quienes hayan sido parte en el proceso.
Votos a favor de la mayoría de investidura
Las dos fuerzas del Gobierno español, PSOE y Sumar, votaron a favor de la iniciativa. La socialista Rafaela Romero mostró su “convicción inequívoca” porque “la España plural necesita reforzar los mecanismos que hacen realidad el autogobierno”, frente a la “España única” de la derecha. Desde Sumar, Lander Martínez defendió el Estado plurinacional, “un diseño estable con ámbitos definidos” y con reglas, y también marcó perfil ante la derecha y la ultraderecha con su “mando único”.
Desde Podemos, Martina Velarde anunció su apoyo a la iniciativa y trató de desmentir tras su choque con Junts que su grupo sea “sospechoso de no haber defendido la soberanía de los territorios”. Desde EH Bildu, Jon Iñarritu matizó en primer lugar que el Constitucional es “un árbitro comprado que siempre ha barrido para el Estado centralista”, pero admitió que la iniciativa del PNV para evitar que proliferen distintas interpretaciones en otros tribunales “pudiera ser mejor de lo que tenemos ahora”. Cree que es un “parche”, pero anunció el voto a favor como solución transitoria hasta que llegue un nuevo estatus de autogobierno. De todos modos, EH Bildu enmendará la propuesta y dejó caer que sería “más coherente suprimir la vía ordinaria” como ocurre con el Concierto Económico, que solo se puede llevar al Constitucional.
Desde Junts, Josep Pagès i Massó consideró “necesaria y oportuna” la propuesta aunque el TC tampoco sea neutral. Desde ERC, Pilar Vallugera también respaldó la propuesta del PNV, pero aclaró que eso no supone legitimar al Constitucional.
El PP se declara "orgulloso" del cuerpo de letrados y la justicia ordinaria
Desde el PP, Enrique Belda interpretó que el PNV pretende un blindaje similar al del Concierto, pero añadió que “atacar a la justicia no es el camino”, se declaró “orgulloso” del cuerpo de letrados y dijo que “merece la pena mantener el régimen del 78, incluido el control de la jurisdicción ordinaria”. Vox anunció su rechazo dejando ver que no le vienen bien las mayorías del TC, que a su juicio tiene una composición que lo convierte en un “avalista del sanchismo”.
