Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid tanto su citación este miércoles como investigada por malversación por el nombramiento de su asesora en Moncloa, como la orden del juez Juan Carlos Peinado de recabar sus correos desde 2018.
La defensa que ejerce el abogado Antonio Camacho ha presentado sendos recursos de apelación, a los que ha tenido acceso EFE, en los que pide revocar las últimas decisiones adoptadas por el titular del Juzgado de Instrucción 41, que sumó recientemente la malversación a los delitos por los que ya investigaba a Begoña Gómez desde casi año y medio.
Recurso
Aunque consciente de que el recurso contra la declaración de Gómez este miércoles no suspenderá su citación, el abogado rechaza de manera tajante que haya ningún indicio de malversación en la actuación de su defendida y carga contra el juez por hacer una interpretación del Código Penal "exorbitada", "extremadamente extensiva y alejada de la realidad".
Según el recurso, entre las funciones de Cristina Álvarez -también investigada por malversación- se encuentra coordinar la agenda y gestionar las citas de Begoña Gómez, y aunque reconoce que en la parte final de un correo transmitió un "mensaje personal" de la mujer del presidente del Gobierno sobre su deseo de que Reale siguiese patrocinando la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense, lo enmarca en un "favor".
Considera "difícilmente sostenible que esa conducta aislada" y "habitual en los usos sociales de este país y de tantos otros" pueda constituir un delito, y recuerda que el puesto de Álvarez es de plena disposición, con largas jornadas de trabajo.
Subraya que "es habitual en el ámbito laboral que en su horario de trabajo los trabajadores hagan gestiones, como puede ser la remisión de un correo electrónico en su beneficio, en el de sus familiares o amigos" y que eso "difícilmente" puede entenderse como malversación porque "el Código Penal no puede aplicarse con relación a lo que constituye un uso social, una costumbre universalmente admitida".
El abogado también rechaza con rotundidad que haya indicios de ninguno de los otros cuatro delitos que el juez imputa a Begoña Gómez: corrupción en los negocios, intrusismo, apropiación indebida y tráfico de influencias.
Correos electrónicos
Niega, por ejemplo, irregularidades en la cátedra que codirigió en la Complutense o el "más mínimo indicio" de que interviniese en procesos de contratación pública a favor del empresario Juan Carlos Barrabés, también investigado.
Y cuestiona, una vez más, la forma de proceder del juez Peinado, que requirió a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno "copia de los correos electrónicos recibidos y enviados" desde una "cuenta asignada" a Begoña Gómez desde julio de 2018 y lo hizo a través de una providencia en lugar de un auto motivado.
Subraya el abogado que dicha resolución obvia cualquier argumentación jurídica y prescinde de los requisitos legales más importantes para garantizar los derechos afectados.
Recuerda, además, que Begoña Gómez "tiene una repercusión mediática indiscutible" y considera que una medida de este calibre debió ir acompañada de "cautelas" para que la limitación de su derecho a la intimidad "no se vea innecesariamente agravada".
