Begoña Gómez de nuevo ante el juez Peinado para declarar por presunta malversación

Será la cuarta ocasión en que Begoña Gómez acuda a los madrileños juzgados de Plaza de Castilla: dos veces estuvo en la sala de vistas pero no llegó a declarar, la primera vez alegó que no tenía traslado de una querella y la segunda se acogió a su derecho a no hacerlo, y la tercera sí declaró a preguntas de su letrado.

Esta última fue el 18 de diciembre de 2024, después de que el magistrado que la investigaba por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios le imputara además intrusismo y apropiación indebida en relación con su trabajo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Begoña Gómez respondió a las preguntas de su abogado, durante unos 35 minutos, para negar cualquier irregularidad en la cátedra que codirigió en esa institución y para sostener que no intermedió en favor del empresario Juan Carlos Barrabés porque no participó en ningún proceso de licitación pública.

Desde entonces el juez Peinado ha seguido indagando en diferentes asuntos, fundamentalmente en la contratación y cometido de la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, que está investigada en la causa.

Para esta línea de la investigación Peinado abrió una pieza separada en la que tomó declaración al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ya que este era secretario general de Presidencia del Gobierno cuando se nombró a Cristina Álvarez en 2018. Propuso investigarle por malversación pero el Tribunal Supremo lo descartó ante una "absoluta" falta de indicios.

Poco después, en pleno mes agosto, el magistrado imputó a Begoña Gómez y a Cristina Álvarez por un delito de malversación y las citó a declarar en septiembre. La fecha propuesta inicialmente para la declaración de Gómez se adelantó un día porque su letrado, el exministro Antonio Camacho, tenía una citación en otro juzgado.

El juez ha ajustado esta investigación en función de lo dictado por la Audiencia Provincial de Madrid en junio: centrarse en si la asesora "se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada (Begoña Gómez) en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados".

Y lo hace pese a que en un primer momento, en un auto dictado en mayo a raíz de una querella de Vox, sostuvo que no había indicios de que ni Gómez ni Álvarez hubieran incurrido en malversación, mientras que sí imputó por este delito al actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que era secretario general de Presidencia del Gobierno cuando Cristina Álvarez fue nombrada en 2018.

Este es el último reajuste de una causa que nació de una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias y que el juez ha ido modulando con el paso de los meses y las acotaciones de la Audiencia Provincial de Madrid, manteniendo imputadas ahora a cuatro personas: Begoña Gómez, Cristina Álvarez, Francisco Martín y el empresario Juan Carlos Barrabés.

Recientemente Juan Carlos Peinado ordenó nuevas diligencias respecto a la pieza separada, como pedir a Presidencia del Gobierno copia de los correos electrónicos recibidos y enviados desde una "cuenta asignada" a Begoña Gómez desde julio de 2018 hasta ahora, o el informe de las personas que han desempeñando el cargo de secretario general de Presidencia del Gobierno desde el 11 de julio de 2018, cuando Cristina Álvarez fue nombrada asesora de Begoña Gómez.