El Tribunal Supremo (TS) ha respaldado la decisión del juez Leopoldo Puente de investigar supuestas irregularidades en adjudicaciones de obra pública denunciadas por el presunto comisionista, Víctor de Aldama, en diciembre, meses antes de que comenzase a indagar presuntas mordidas por contratos de obra.
El magistrado Puente, a cargo del denominado caso Koldo, pidió en abril a la Guardia Civil que investigase si existían irregularidades en diferentes obras, tras entregar Aldama un anexo de los presupuestos generales del Estado de 2021 con supuestas obras públicas preadjudicadas y un pantallazo con una nota manuscrita sujetada por una mano.
Lo hizo después de que una prueba caligráfica demostrase que la letra de ese documento coincidía con la de Koldo García.
Reparto de mordidas
Era la primera vez que la causa, que se circunscribía a contratos de mascarillas en pandemia, se ampliaba a adjudicaciones de obra pública, un asunto ahora central en la investigación, después de que la UCO haya aportado indicios de un presunto reparto de mordidas por adjudicaciones a constructoras, en el que implicó al exdirigente socialista Santos Cerdán, al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García.
La Sala de Apelación ahora ha desestimado los recursos que interpusieron los dos últimos contra esa decisión del juez de investigar lo que había declarado Víctor de Aldama -también imputado-, quien salió de prisión preventiva por otra causa sobre un macrofraude de IVA tras declarar y llegar a un acuerdo con la Fiscalía.
El tribunal avala las explicaciones que el juez Leopoldo Puente reprodujo "con paciencia franciscana" en el auto donde rechazó un recurso previo de Koldo García, y recuerda que avanzar en una investigación "no exige poderosos indicios de criminalidad", sino que, precisamente, la causa se abre para buscar esos indicios.
El juez no está echando "las redes para ver qué hechos desconocidos podrían aflorar"
El juez -subraya la Sala- no está echando "las redes para ver qué hechos desconocidos podrían aflorar"-, sino que indaga en la "veracidad de la información sobre comportamientos presuntamente delictivos puestos de manifiesto por un co-investigado y con visos de verosimilitud", en referencia a Aldama.
Rechaza también el tribunal los argumentos de Ábalos, que impugnó la negativa del juez a citar como testigos, entre otros, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaksa o a su ex número dos, Rafael Pérez. Declaraciones, dice la Sala, que "no guardan relación con los hechos que hasta el momento se achacan" al exministro.
Los magistrados ven también "inútiles y meramente dilatorias" las diligencias solicitadas por Ábalos para concretar cuántas veces fue Aldama al Ministerio de Transportes, "o los mensajes intercambiados con personas dependientes" de Interior, al no entender qué aporta a su defensa.
