La primera reunión de trabajo del Basque Segurtasun Foroa tuvo lugar el miércoles en Gueñes. ¿Le han trasladado ya alguna preocupación o demanda sobre los medios que hacen falta o sobre la necesidad de cambios legales?
Salieron los temas que están saliendo en casi todas las encuestas, que son la preocupación por los robos y la violencia machista, una preocupación más genérica sobre la ciberseguridad; y unas preocupaciones más locales, como la producción y el consumo de drogas. Y tienen circunstancias particulares por las idas y venidas del río Kadagua, que en ocasiones genera inundaciones, y por la calidad del agua. Y hubo una demanda general que también sale en otros sitios: la petición a los poderes públicos para que nos sintamos seguros en la calle.
El Gobierno vasco hablaba antes de que hay una percepción de inseguridad, y ahora habla ya abiertamente de un aumento objetivo de determinados delitos como los robos y agresiones sexuales. ¿Hay que interpretarlo como una rectificación?
En un año, el número de delitos ha crecido en torno al 2%. Constato también que, más que una preocupación por algunos delitos, hay situaciones que no nos gustaría vivir, como ser víctimas de una agresión y de un robo con violencia, y estamos preocupados por los delitos sexuales. Esto es innegable. También diría que, sin negar en ningún caso el crecimiento de algunos tipos de delito y las sensaciones o percepciones de inseguridad en algunos lugares, tampoco tenemos por qué aceptar la utilización de la delincuencia con objetivos políticos.
Pero, ¿cómo se puede abordar el debate sin que parezca que la extrema derecha marca la agenda?
No me parece fácil. Estos días hemos asistido a algunos debates en el Parlamento español donde hay un interés muy fuerte por parte de algunas fuerzas políticas por mezclar inmigración y delincuencia. Estamos viendo el impulso que la derecha y la extrema derecha están dando a esta concepción política, y que el espacio europeo está bloqueando sus fronteras. Pero, en cualquier caso, la seguridad es un servicio público, y una parte de la población nos está pidiendo que mostremos un interés mayor.
El lehendakari inició este debate diciendo que "el que la hace la paga". Querrá decir que quien la hace no siempre la paga, y que hay cierta sensación de impunidad. ¿Quieren encaminar este debate hacia un endurecimiento de las leyes; una petición para que el Congreso, que es el competente, las endurezca?
El 90% de la sociedad vasca estará de acuerdo con que, si alguien comete una agresión sexual contra una mujer, lo tiene que pagar; y todos estaremos de acuerdo en que quien cometa un acto de corrupción lo tiene que pagar. Esto es extensible a todas las actitudes que cuestionan nuestra convivencia de forma violenta. Y lo que dice el lehendakari tampoco se aleja mucho de la realidad. En los cinco primeros meses de 2025, la Ertzaintza ha detenido a 2.000 personas y ha investigado a 8.000, y estas personas, en todos los casos, son puestas a disposición judicial. Por tanto, en esta sociedad, quien la hace la paga, lo cual tampoco desmiente que algunas personas están cometiendo delitos en las calles, que los cometen más de una vez a la espera de que algún día sean juzgadas, y pueden actuar con una sensación de impunidad. Esas personas deben saber que el que la hace la paga. El lehendakari está diciendo eso.
“Sin negar el crecimiento de algunos tipos de delito, tampoco tenemos por qué aceptar su uso político”
En el foro, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, vino a decir que la prisión provisional se debe utilizar con mesura. Pero hay personas que, como usted dice, a la espera de juicio, pueden seguir cometiendo delitos. ¿Usted le está pidiendo que aplique más la prisión provisional?
Es una cuestión delicada. La libertad es el bien más preciado, y limitarla solo corresponde a los jueces. Lo que hemos solicitado al poder judicial es que analice si existe un ámbito de colaboración interinstitucional, sin que ninguna de las partes renuncie a sus competencias. La justicia es dura en todos los delitos de agresión sexual. El Código Penal considera que son hechos graves, y todo el que comete un delito de agresión sexual inmediatamente recibe una pena preventiva o una pena establecida por una sentencia. Hay otros delitos que no son considerados graves por el Código Penal y, por tanto, la reacción puede ser diferente entre los jueces. Pero la colaboración entre instituciones es una vía para hacerle frente, y también la colaboración entre distintas áreas de nuestra sociedad porque, en muchos casos, detrás de los comportamientos delictivos hay un problema de integración, vivienda, trabajo y adicciones que hay que abordar.
¿A eso se refería usted cuando habló de la colaboración institucional?
—Sí. En Euskadi tenemos alrededor de 1.500 personas desarraigadas que no tienen dónde vivir ni trabajan y, salvo que adoptemos alguna otra decisión, van a terminar en la cárcel. Este tema tiene que ver con la seguridad y la policía, pero exige una respuesta más amplia, salvo que decidamos echarlos a todos, que no sé si es lo que queremos ni si lo podemos hacer.
Pero esa es una actuación preventiva para integrar a esas personas. Si siguen cometiendo robos, ¿usted pide que la justicia sea más sensible y aplique la prisión provisional?
Lo que decimos es que, si algunos delitos causan alarma social, aunque en el Código Penal no sean tan graves, puedan ser juzgados con mayor rapidez. Existe la figura de los juicios rápidos. Con respecto a otro tipo de situaciones, constatamos que hay grupos de personas que okupan edificios. Salvo que abordemos su integración, terminarán en la cárcel o, si no, terminaremos solicitando su expulsión.
Ha mencionado dos veces las expulsiones. ¿Le interesa al Gobierno vasco asumir la competencia de migración en los mismos términos que Catalunya y gestionar expulsiones?
En ningún caso el Gobierno vasco se plantea ahora las expulsiones ni podría hacerlo, porque escapa a sus competencias y no está previsto en ningún texto jurídico que pueda hacerlo. Es una figura que está reconocida en la legislación española pero, para que se puedan producir expulsiones, primero tiene que haber razones bien motivadas por parte de la justicia y, además, hace falta que el país de origen de esas personas acepte recibirlas. Por tanto, podemos hablar de expulsar a millones de personas como alguna organización está haciendo, pero eso en la práctica solo lo hemos visto en Estados Unidos. No debe ser tan sencillo. Por tanto, debemos combatir la utilización política de algunos argumentos que tienen que ver con la migración y la delincuencia.
“El Gobierno vasco en ningún caso se plantea expulsiones ni podría hacerlo, porque escapa a sus competencias”
¿Usted tiene datos para rebatir a Vox cuando trata de vincular determinada migración y delincuencia?
Entre las personas que cometen delitos, hay todo tipo de nacionalidades. En los de índole sexual, la mayoría se produce en el ámbito familiar. Salen porcentajes altos de determinadas nacionalidades que no son las del norte de África. Y lo más fácil es decir que detrás de los robos con intimidación hay personas del norte de África pero, según cómo lo digamos, trae la culpabilidad de todas las personas procedentes de esas zonas que están viviendo con normalidad en nuestra sociedad, están trabajando y se han integrado. Cuidado con estos debates.
¿Hay alguna zona gris que haga que las mujeres estén desprotegidas porque falle la colaboración entre instituciones y sus bases de datos?
Han aparecido muchos más casos de agresiones y, probablemente, tiene que ver con que se denuncian agresiones sexuales que hasta ahora no se denunciaban. Y una parte muy importante de las agresiones se produce en un ámbito íntimo en el que son muy difíciles las tareas preventivas. Hace falta mucha más educación para que las personas aceptemos la igualdad.
El año pasado, se puso en circulación una orden en la Ertzaintza para que portar un arma blanca dejara de ser motivo de detención automática, vista la interpretación judicial. Pero el diputado general de Araba pide reconsiderarlo. Cuando usted mencionó que en Alemania se han endurecido los supuestos, ¿estaba sugiriendo que se reconsidere?
En Alemania, a raíz de los atentados que algunas personas de origen sirio o afgano cometieron con armas blancas, se ha prohibido el consumo de alcohol y drogas en algunos espacios y, en Munich, han establecido que, en lugares públicos muy concurridos, se prohíba portar una navaja. Yo sería partidario de endurecer el régimen en el que se pueden portar armas blancas, y eso exige una modificación legal que habría que hacer en las Cortes españolas. Hay que abordarlo, porque en los últimos años ha crecido de forma notable la presencia de armas blancas. La Ertzaintza lo está haciendo desde un plan especial para su decomiso. A partir de ahí, los jueces aplican la ley, identifican los motivos por los que alguien puede ser detenido y tienen la última palabra.
Esan aplaude este foro, pero Sipe no cree que vayan a valorar las aportaciones. ¿Va a salir de esta dinámica un documento como ocurrió tras la mesa de salud, y se va a trasladar al Plan de Seguridad 2026-2030?
La opinión de los sindicatos sobre la seguridad y las necesidades materiales de la Ertzaintza es relevante, pero tienen un espacio donde realizar sus aportaciones: los foros sobre condiciones laborales. El objeto del Basque Segurtasun Foroa es más bien escuchar a la ciudadanía, a representantes sociales e institucionales. Las aportaciones tienen que servir de base para el Plan de Seguridad, que también debemos llevar al Parlamento.
¿Qué le parece que ELA no acudiera al foro porque “hay más accidentes laborales que homicidios”?
Prefiero no opinar de ELA. En los accidentes, el primer agente que aparece en el lugar es la Ertzaintza, pero la prevención es de Trabajo y Osalan.
Está negociando con los sindicatos para alcanzar el tope de 8.000 agentes de la Ertzaintza en 2030. ¿Hay que lograr esa cifra simplemente por poner en valor el autogobierno y los acuerdos de la Junta de Seguridad, o hay una necesidad real porque la delincuencia ha aumentado?
La cifra se acordó en una Junta de Seguridad en la década de los años 2000. En ese momento, la Ertzaintza tenía 7.500 agentes, hubo que hacer un esfuerzo muy importante por ofrecer protección a muchas personas que estaban amenazadas y, en ese contexto, se acordó ampliar a 8.000. Han pasado 20 años. No existen algunos de los problemas que entonces teníamos. Ahora existen nuevos problemas. Lo de los 8.000 agentes es importante pero, al final, el mensaje que hemos llevado a la negociación es que necesitamos incorporar nuevos agentes para hacer frente a las jubilaciones y poder contar con más efectivos para las tareas de la sociedad actual.
En diciembre de 2024, había 7.278 ertzainas. Entre jubilaciones y los que faltan por llegar a 8.000, harán falta al menos mil agentes más…
Seguramente tendremos que ser capaces de formar a más de mil ertzainas para que, en un escenario de cinco o seis años, tengamos 8.000. Los efectivos en las policías locales superan los 3.000 agentes. Por tanto, estaríamos hablando de un contingente de 11.000. Es verdad que cada uno tiene sus competencias pero, si avanzáramos en la coordinación entre la Ertzaintza y las policías municipales, podríamos sacar mejores resultados.
La plataforma que apoya al joven que perdió un testículo en el desalojo del gaztetxe de Rekalde dice que, aunque los ertzainas llevaban las cámaras en el uniforme, no fueron de gran utilidad para esclarecerlo. ¿Se ha tratado de encubrir lo sucedido como dice la plataforma, o las cámaras no son tan útiles como parecía que iban a serlo?
Las cámaras son tan útiles como parecía que iban a ser, y debemos conseguir que todo ertzaina que porte una cámara corporal o body cam la active siempre que sea preciso hacerlo. Y es lo que está sucediendo en la mayoría de los casos. En cuanto al incidente de Rekalde, está siendo investigado por un juez, la Ertzaintza está actuando como Policía judicial, y me remito a lo que ese juez decida.
Pero, si usted dice que hay que conseguir que todos los ertzainas activen esa cámara, ¿es señal de que alguno es receloso?
Soy consciente de lo que he dicho. Tenemos que conseguir que todo el que lleve una body cam la active cada vez que va a realizar una actuación.
Gasteiz cerrará el parking del estadio de fútbol del Alavés durante los partidos por seguridad y amenaza terrorista. ¿Qué ocurre?
No me consta ninguna amenaza terrorista. Todo el Estado está en una situación de alerta ante eventuales ataques terroristas yihadistas, pero los análisis de la Ertzaintza y los servicios de seguridad del Estado no han dicho que haya riesgo de amenaza terrorista en Euskadi en estos momentos. Mendizorrotza es uno de los pocos estadios en los que, a pocos metros de las puertas de acceso, existe un aparcamiento. Se trata de despejar las zonas de acceso, como ocurre en San Mamés y Donostia.
“Como militante del PNV, constato cierta decepción porque la censura a Rajoy se basó en la corrupción”
EH Bildu tiene 107 alcaldías y, por tanto, tiene el mando sobre varias policías municipales. ¿Conoce su opinión sobre el foro de seguridad, y espera y cuenta con su colaboración?
En la presentación del foro, el 30 de junio, en la que intervino el lehendakari, invitamos a todos los grupos parlamentarios y hubo una representación de EH Bildu. Todos los alcaldes de EH Bildu serán invitados a estos foros que vamos a organizar por toda la geografía de Euskadi.
En algunos ayuntamientos de Bildu, como Getaria, Zumaia o Azpeitia, se han convocado ofertas de empleo para las policías municipales que se desmarcan de la oferta conjunta de Arkaute. ¿A usted le consta que esté desplegando un modelo paralelo, que se desmarque del criterio de uso de armas?
Los ayuntamientos, sean del color que sean, y si tienen policía municipal, han firmado acuerdos de colaboración y protocolos con la Ertzaintza donde se definen las responsabilidades y las actuaciones de unos y otros en función de sus competencias. No hay excepciones. Todos los ayuntamientos del país están colaborando con la Ertzaintza. A partir de ahí, los ayuntamientos tienen el derecho a realizar sus propias convocatorias para policías municipales, cumpliendo una serie de requisitos de participación de Arkaute.
El año pasado, con usted al frente del área de Política Lingüística, se aprobó el decreto de normalización del euskera en la administración. Ahora, el PNV plantea sustituir el índice general de obligado cumplimiento de los perfiles lingüísticos por la autonomía de cada una de las instituciones. ¿Rompe algún consenso como dice el PSE?
La elaboración de aquel decreto costó mucho trabajo. Y tuvo un ejercicio muy intenso de negociación y acuerdo con el PSE. Tan cierto como eso es que, en paralelo a la negociación del decreto, empezaron a publicarse sentencias que, en mi opinión, han cuestionado algunos de los aspectos de la política lingüística que se había impulsado en los años anteriores. No hay voluntad ni intención por parte de nadie de romper ningún consenso lingüístico, y todavía PNV y PSE tienen un tiempo por delante tanto en el Gobierno como en el Parlamento para poder alcanzar una posición acordada.
“En mis años en Cultura, no existió relación con las empresas del caso, ni hay irregularidad en Seguridad”
En la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, el PNV le puso sobre la mesa varias posibilidades viendo que no estaba aclarando lo sucedido con Ábalos y Cerdán: entre ellas, la dimisión o las elecciones. ¿Sus socios del PSE en el Gobierno vasco van a entender esta posición del PNV, o se verán tentados de salir del Gobierno?
No soy quién para hablar en nombre de mis compañeros socialistas del Gobierno. Lo que sí constato es que hay una cosa que nos ata, que es el acuerdo político que alcanzaron el PNV y el PSE, que se ha traducido en un programa de gobierno. Todo lo que exceda a ese acuerdo son cuestiones que no tienen que ver con nosotros. Con respecto a la posición del PNV, tampoco soy quién para hablar en su nombre. Lo que sí constato como militante del PNV es cierta decepción porque el partido, en un momento concreto, apoyó una moción de censura contra el PP y contra Mariano Rajoy, y aquella decisión estuvo basada en una sentencia que condenaba por corrupción al PP. Y, cuando los militantes del PNV ven que las personas que defendieron la investidura de Sánchez están hoy en el banquillo investigadas por delitos graves de corrupción, eso genera incomodidad, y entiendo que eso es lo que ha llevado a los portavoces del PNV a exigir una actuación más decidida del presidente Sánchez.
El Gobierno vasco está haciendo un barrido de los contratos de los últimos diez años. En los departamentos en los que ha estado usted, ¿le consta si el examen ha terminado sin sorpresas desagradables?
Sí puedo asegurar que en los ocho años que yo he dirigido el departamento de Cultura y Política Lingüística no ha existido ninguna relación con las empresas que figuran en las informaciones sobre los casos Ábalos y Cerdán y, desde luego, ni en el año que llevo yo al frente del departamento de Seguridad ni en los nueve anteriores he detectado ninguna irregularidad.
