El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional (AN) ha autorizado seis días de permiso de salida al exmiembro de ETA Henri Parot por haber expresado su "reconocimiento a las víctimas" por el "dolor ocasionado" con sus actos terroristas, una solicitud que ha contado con el visto bueno de la Fiscalía.

Así lo acuerda en un auto del pasado 19 de junio, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el juez José Luis Castro señala que "puede apreciarse una evolución del penado a través del tratamiento penitenciario que ha incidido en la asunción delictiva y sus consecuencias".

Lo ve corroborado tanto por los informes técnicos como "a través de las manifestaciones de reconocimiento a las víctimas, a las que cita con nombre y apellidos".

Al hilo, precisa que la evolución penitenciaria "es favorable, no constan sanciones y en las actividades programadas por el centro penitenciario obtiene la calificación de excelente", así como que el riesgo de quebrantamiento "es muy bajo --5%--" y "reviste especial importancia valorar la actitud ante el delito cometido, sus consecuencias y su actitud ante las víctimas de sus actos".

"Nunca hubiese tenido que ocurrir"

El magistrado recoge que Parot, que cumple condena en Martutene, envió a la Junta de Tratamiento en 2022 un escrito en el que enumera a sus víctimas y manifiesta que está "en contra de todas las violencias", admite "el dolor y el daño ocasionado a todas las víctimas, que nunca hubiese tenido que ocurrir".

A la par, se compromete "a apostar y trabajar por una sociedad en paz y sin enfrentamientos violentos", y se posiciona "claramente por la paz y la convivencia en nuestra sociedad".

Parot menciona que después de haber cumplido "integralmente" 30 años de condena por pertenencia y acciones en el seno de ETA, ahora le toca cumplir otros 11 por haber escrito una carta dirigida a la organización terrorista en 2001, cuando se encontraba ya en prisión.

"Han pasado más de 20 años desde aquellos hechos, tiempo suficiente para reflexionar y recapacitar sobre muchas cosas. Soy consciente de que aquel último hecho, aún cuando no provocó ninguna víctima directa, sí causó dolor y, de un modo u otro, produjo una revictimización de una parte de la sociedad", sostiene en el escrito.

A su entender, "la sociedad ha cambiado mucho", desea "paz y un futuro mejor para las generaciones venideras" y, para ello, ve "necesario reconocer el sufrimiento ocasionado por la antigua pertenencia a ETA y tratar en la medida de lo posible, repararlo".

El condenado refiere que, con 67 años en 2022 y más de la mitad de su vida en prisión (35), sigue los pasos de la legislación penitenciaria y ha podido realizar, desde diciembre de 2024, varios permisos de salida --dos de hasta dos días, según precisa el juez--.

Según Parot, el contacto con el exterior "no ha hecho sino afianzar" su "compromiso con la utilización de vías exclusivamente políticas y democráticas". "Ha reafirmado mi rotundo deseo de no generar más sufrimiento a aquellas personas que sufrieron la violencia en el pasado y trabajaré, en la medida de lo posible, en ello", concluye.

En prisión desde 1990

Parot ingresó en prisión el 7 de abril de 1990 y cumple condena acumulada de 41 años por los delitos de asesinatos, atentados, estragos, lesiones y terrorismo.

El rastro de terror de Parot incluye atentados como el de la casa-cuartel de Zaragoza en 1987, que dejó once víctimas mortales --cinco de ellas niños-- mediante un coche bomba cargado de explosivos y cometió una decena de atentados en Madrid, varios de ellos contra militares, o los que acabaron con la vida de Cristóbal Colón de Carvajal y Maroto en 1986 y el de la fiscal Carmen Tagle en 1989.

Sus atentados se extendieron por otras localidades como Granada, donde asesinó a Conrada Muñoz Herrera, que recibió una carta bomba dirigida a su hijo, funcionario de prisiones. El primero por el que fue condenado lo perpetró en Irun en 1978, matando al empresario José Luis Legasa Ubiría.

Es el miembro de ETA que propició la conocida como doctrina Parot, establecida por el Tribunal Supremo en 2006 y que determinó que los beneficios penitenciarios se aplicaran individualmente sobre cada una de las penas por las que hubieran sido condenados y no sobre el límite máximo de estancia en prisión de 30 años.