El PNV presentará una iniciativa para que el Tribunal Constitucional sea el último órgano que decida sobre las cuestiones competenciales

El PNV va a presentar una iniciativa legislativa para que el Tribunal Constitucional (TC) sea el último órgano que decida sobre las cuestiones competenciales, según ha anunciado Maribel Vaquero, portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, ante Pedro Sánchez. La formación jeltzale denuncia que tribunales ordinarios están impidiendo el cumplimiento de los acuerdos de las Comisiones Mixtas de Transferencias y Juntas de Seguridad previstas en los Estatutos de Autonomía.

En su primera pregunta de control al presidente del Gobierno español, Vaquero ha lamentado que “a los tribunales ordinarios, y en última instancia al Tribunal Supremo, se les está otorgando una jurisdicción que excede de sus funciones y que vulnera la tutela judicial efectiva”. “Pedimos un árbitro justo, pedimos seguridad jurídica”, ha reclamado Vaquero.

Títulos universitarios extranjeros

A modo de ejemplo, Vaquero ha mencionado lo sucedido en Nafarroa en relación con el acuerdo de traspaso en materia de Tráfico o lo relativo a la transferencia de homologación de títulos universitarios extranjeros “que pretendía cubrir parte de la necesidad de personal médico en Euskadi”. Esta sentencia del Tribunal Supremo obligó a suspender las 800 homologaciones previstas, “generando indefensión a las personas que no han podido homologar su título e imposibilitando la incorporación de personal sanitario, tan necesario en estos momentos”.

El PNV recuerda que los acuerdos de las comisiones mixtas de transferencias y de las juntas de seguridad están preordenados a complementar una parte relevante del bloque de constitucionalidad, como es la distribución de competencias. "El artículo 161.1.c) de la Constitución atribuye al Tribunal Constitucional el conocimiento de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí. Es por ello necesario habilitar una instancia procesal que abra la posibilidad a que el Tribunal Constitucional, como el órgano superior en garantías constitucionales que es según el art. 123.1 Constitución, pueda revisar la interpretación de las competencias estatales o autonómicas", indica en un comunicado.