Carles Puigdemont no se aparta del foco tras su nueva escapada a Waterloo durante la rocambolesca jornada de investidura de Salvador Illa en la que el expresident se libró de un previsible arresto en suelo catalán. El líder de Junts ha presentado esta vez una denuncia ante el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo LLarena por “la desatención y el retraso injustificado y reiterado” en la tramitación y resolución de los recursos ante su decisión de no aplicarle la amnistía. El pasado 1 de julio Llarena rechazó perdonar el delito de malversación que atribuye a Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig y acordó mantener vigentes las órdenes de detención, una decisión que fue recurrida por las defensas, la Abogacía del Estado y la Fiscalía una semana más tarde.

En el escrito de 11 páginas, su abogado Gonzalo Boye considera que el juez “ha incurrido en una infracción disciplinaria” por haberse “excedido con creces” e “incumplido reiteradamente” el plazo legal previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la resolución de los recursos de reforma, que tiene que resolver el propio Llarena, a quien reprocha su “pasividad intencional”. Según el letrado, teniendo en cuenta las fechas en que se interpusieron los recursos de reforma “debieron haberse resuelto hace más de un mes”, durante la primera mitad del mes de julio, algo que no ha ocurrido “sin que parezca existir razón alguna que lo justifique”.

Además, considera que “las circunstancias resultan especialmente graves” porque la ley de amnistía debe ser objeto de tramitación preferente y urgente, lo que afecta a los recursos presentados, más aún cuando las resoluciones del juez incluyen restricciones a la libertad de circulación de Puigdemont y del resto de procesados. Por ello, acusa al juez de “dilatar el acceso” de sus defendidos a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que tiene que resolver los recursos de apelación, y al Tribunal Constitucional, a donde piensa acudir en amparo. Por su parte, el alto tribunal no tiene intención de acelerar su respuesta, advierte de que no acepta imposiciones y adelanta que responderá que no es responsable de los fallos que presenta la norma aprobada por las Cortes.

En este contexto, el abogado de Puigdemont entiende que “la inobservancia de los tiempos legalmente establecidos durante el ejercicio de las funciones o competencias judiciales” es considerada una falta grave. Y añade que Llarena solicitó dejar sin efecto su licencia de vacaciones con “el anhelo notorio de supervisar la captura” de Puigdemont, lo que, “además de poner de manifiesto lo malicioso de la dilación”, indica que “no existe razón justificada de ninguna clase para no resolver dentro del plazo legal” los recursos. La defensa considera que los vocales del CGPJ deben valorar si toda esta posición es constitutiva de infracción disciplinaria por parte de Llarena, y apunta la posible aplicación de hasta tres artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Apunta que tampoco han sido resueltos los recursos de reforma presentados por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado, que coinciden con la defensa en argumentar a favor de la aplicación de la amnistía a Puigdemont, lo que a juicio de esta parte confirma la pasividad del juez respecto de este asunto.

Lo más probable es que Llarena se pronuncie sobre los recursos en algún momento del próximo mes de septiembre. El recurso de reforma, que previsiblemente será desestimado, es un paso imprescindible para que Puigdemont, Puig y Comín puedan realizar un recurso de apelación al propio Supremo, y deberá resolverla una sala formada por tres magistrados. Si también es denegado, las defensas podrán ir finalmente al Tribunal Constitucional español y a la Justicia europea. Lo que ya ha conseguido el juez es que el caso de los dirigentes exiliados se aborde más allá del pleno de investidura de Illa y de la fecha en que se agotaba el plazo de dos meses para que se aplicara la ley de amnistía y se retiraran las medidas cautelares contra los represaliados en causas vinculadas con el procés.

Ante un CGPJ aún sin presidente

Entre tanto, el CGPJ, que en puertas de la Apertura del Año Judicial, aplazó hasta el 2 de septiembre el pleno que debe decidir su presidencia –sin desencallar el bloqueo entre los dos candidatos propuestos, los magistrados Pablo Lucas y Pilar Teso– no consiguió incluir ayer en el orden del día un texto de rechazo ante las declaraciones de miembros del Gobierno español por sus críticas al Tribunal Supremo en relación a la amnistía. El ministro de Transportes, Óscar Puente, volvió a criticar la pasada semana la negativa del Supremo de no amnistiar a Puigdemont, al señalar que no se entiende la decisión “ni desde la lógica jurídica ni desde la lógica argumental”. Los diez vocales nombrados a petición del PP trataron de añadir esta propuesta al orden del día, pero los votos del sector progresista frenaron esta iniciativa. En el texto propuesto, los vocales solicitaban al Pleno que declararse su “más firme rechazo a las referidas manifestaciones”, hacían “un nuevo llamamiento para la contención y la prudencia en la crítica a las resoluciones judiciales en particular y al Poder Judicial en general”; y solicitaban a los responsables que “cesen sus manifestaciones”. Decían estos vocales que desde la constitución de actual CGPJ, el pasado 25 de julio, se han producido declaraciones públicas que “exceden de lo que es el legítimo uso de la libertad de expresión y de las criticas moderadas y racionales a las resoluciones judiciales”.