La etapa de Iñigo Urkullu al frente del Gobierno vasco se cierra con la aprobación de 121 leyes por parte del Parlamento aunque, como cabía esperar tras el arreón legislativo protagonizado durante estos cuatro años, la mitad de ellas, cerca de 60, se han aprobado en esta última legislatura. En ella, el Ejecutivo ha contado con una mayoría absoluta y podría interpretarse que el acelerón ha sido consecuencia de la aplicación del rodillo sobre la oposición, pero el 75% de las iniciativas ha visto la luz por acuerdo con alguno de esos partidos en este último tramo. El Gobierno ha tratado de implicar a los grupos, no siempre con éxito, en las leyes de país, de las cuales ha habido una buena cantidad en estos últimos cuatro años: se han aprobado las de Educación, Salud, Empleo, Empleo Público, reforma de la RGI, Transición Energética... En el cómputo total, en estos más de once años, un 85% de las leyes ha sido acordado con estos grupos.
En el bagaje parlamentario de la última década se pueden encontrar hitos como la aprobación de la Ley Municipal el 2016, que además vio la luz por el acuerdo de PNV y EH Bildu y supuso el primer pacto entre ambos sobre la institucionalización del país. En aquella etapa, la izquierda abertzale estaba realizando el tránsito hacia su plena normalización y también pactaba su incorporación plena en la asociación de municipios Eudel tras haber priorizado durante años a Udalbiltza.
Leyes sociales
Se ha aprobado igualmente la normativa de aportaciones que regula el reparto de la recaudación entre las diputaciones y el Gobierno, leyes en el campo de la convivencia como la de Memoria Histórica o la que repara las vulneraciones de derechos causadas por fuerzas policiales entre 1978 y 1999; leyes sociales como las de Infancia y Adolescencia, Juventud, Igualdad o la reforma de la Ley Trans; otras iniciativas nacidas más al calor del contexto, como la Ley Antipandemia; o proyectos para regular el sistema del funcionariado, como la Ley de Cuerpos y Escalas de la Administración. La de Transparencia queda para la próxima legislatura con la intención de que se aproveche el trabajo adelantado con la presentación del proyecto y pueda ver la luz este mismo año.
Una de las leyes más peleadas en esta legislatura ha sido la de Educación, que integra en un mismo sistema a la educación pública y la concertada (una red que también queda sujeta a cumplir las condiciones para recibir dinero público). Se da autonomía a los centros para diseñar sus proyectos lingüísticos partiendo de los modelos vigentes, coletilla que Bildu utilizó para rechazarla.
