El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, compareció ayer ante los medios de comunicación para volver a trasladar el mensaje de que, con el Gobierno español de Pedro Sánchez, se ha reducido la conflictividad con los territorios en materia competencial sobre las leyes estatales o autonómicas. Dentro de la tabla de recursos que se han evitado, contabilizó cuatro con la comunidad autónoma (el Estado no recurrió finalmente las leyes vascas de las profesiones del deporte y de potestad sancionadora, donde reivindica los “acuerdos totales” en materia interpretativa, es decir, sin necesidad de modificar artículos de las normas; y se mencionan también el acuerdo sobre la ley estatal de bienestar animal y el acuerdo sobre los Presupuestos de 2023, que se inmiscuían en la concesión de fondos).
“Este Gobierno ha reducido un 70% la conflictividad con las comunidades autónomas”, proclamó. En cualquier caso, la consejería de Olatz Garamendi ha seguido denunciando la hipervigilancia sobre las normas vascas (hubo, de hecho, otros recursos sobre la Ley Antipandemia vasca, y Euskadi también denunció iniciativas como los decretos digitales del Estado) y, además, sigue en el aire el conflicto sobre la Ley estatal de Vivienda. En ese caso, el plazo para alcanzar un acuerdo que salvaguarde las competencias vascas a la hora de declarar las zonas tensionadas del mercado y las reservas de suelo finaliza a finales de este mes de febrero. Si no hay acuerdo, Garamendi formalizará el recurso ante el Tribunal Constitucional. Más allá del conflicto competencial, un debate que el Estado parece minusvalorar como una discusión puramente académica y alejada de las preocupaciones de la ciudadanía, el PNV ha puesto el foco en que la ley estatal no es efectiva y ha provocado la retirada de pisos del mercado del alquiler, mientras que el propio ministerio de Vivienda ha reconocido la trayectoria vasca y su movilización de pisos vacíos.
Torres puso en valor que se han firmado 26 acuerdos que han evitado recursos de inconstitucionalidad. Según el Ministerio, el número de impugnaciones del Estado a normas autonómicas se ha reducido de 106 a 36. En cuanto a los recursos interpuestos por las comunidades sobre leyes estatales, Torres contabiliza 26, frente a 87 registrados contra los gobiernos de Mariano Rajoy. En este sentido, cabe recordar que el PNV ya firmó durante la anterior legislatura con Pedro Sánchez un acuerdo que obligaba al Gobierno español a agudizar el diálogo para evitar la judicialización de las discrepancias con el Gobierno vasco.
Torres confirmó nuevamente que se están celebrando reuniones con el Gobierno vasco para avanzar en las transferencias de los trenes, la convalidación de títulos universitarios y la segunda fase de acogida de refugiados y migrantes aunque no sea “sencillo”, con el objetivo de que lleguen en este primer trimestre. El propio ministro ha confirmado también en las últimas horas que las primeras comisiones mixtas se celebrarán con la comunidad autónoma vasca y con Canarias.
