En Esquerra cunde cierto desconcierto después de que los acuerdos entre Junts y el PSOE vuelvan a enarbolar a Carles Puigdemont en detrimento de la formación republicana. De hecho, la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, ha contactado con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, para conocer la letra pequeña del pacto, sobre todo en el ámbito de la migración, porque quien deberá gestionarlo es el Govern. Sin exteriorizarlo con énfasis, ERC ha procedido a afear esos consensos al considerarlos como meros “anuncios y voluntades”, algunos incluso desmentidos. No en vano, Moncloa ha confirmado que en el caso de los descuentos del transporte público se aplicará por parte del Estado el 30%, como en el resto de los territorios, y que no se publicarán las balanzas fiscales, sino que “el Ministerio de Hacienda permitirá el acceso a los datos para poder elaborarlas a cualquier Administración Pública o centros de investigación con la finalidad de que puedan aplicar su metodología y publicar sus conclusiones”. Además, ha suavizado el tema de la inmigración sosteniendo que se delegará la competencia pero no la titularidad. A juicio de la portavoz adjunta de ERC en el Congreso, Teresa Jordà, “hay mucho que trabajar para que esas propuestas acordadas se definan en textos legales concretos”. “Una cosa son anuncios y otra cosa son compromisos firmes”, ha advertido, precisando que su partido “no está en primero de primaria en negociación con el PSOE”, sino que ya tiene “cierta experiencia”, en un claro mensaje a Junts.
La cesión de las competencias en inmigración a la Generalitat genera dudas sobre su encaje constitucional, ya que la Carta Magna establece que es “competencia exclusiva” del Estado, pero al mismo tiempo abre la puerta a delegar o transferir cuestiones en función de “su propia naturaleza”. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado que aspira a que Catalunya pueda decidir sobre la expulsión de inmigrantes en situación irregular que sean reincidentes: “Tenemos que mirar en qué condiciones a estas personas se las puede echar”, aunque “lo primero que debes intentar es que no haya multireincidencia” desde la lógica de la “integración” y “no avivar políticas de enfrentamiento”, ha matizado en réplica a todos los comentarios vertidos ayer, sobre todo en la esfera mediática, llegando a equiparar a Junts con la Aliança Catalana que gobierna Ripoll. En un clima de euforia contenida en el partido de Carles Puigdemont, la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha aseverdo que este acuerdo permitirá a Catalunya decidir acerca del reparto de migrantes a las comunidades autónomas. “En este momento Catalunya representa un 16% de la población del Estado, pero está recibiendo cupos de inmigraciones vinculados a un 23%”, ha ilustrado. En este sentido, la portavoz de JxCat en el Congreso, Míriam Nogueras, ha descrito que su partido ha pasado “una pelota de gol” al Govern que administra ERC con la cesión de las competencias en inmigración. “Se hará mediante una ley orgánica a partir del artículo 150.2 y se hará delegando las competencias plenas”.
