Madrid – La amnistía a los encausados por el procés y los pactos de Pedro Sánchez con las formaciones independentistas centrarán buena parte del primer pleno de control al Gobierno en el Congreso de esta legislatura, que tendrá lugar el próximo miércoles. Si el martes la Cámara baja acogerá el primer debate sobre la nueva ley de amnistía, al día siguiente este asunto seguirá en primera línea en una sesión de la que estará ausente el jefe del Ejecutivo, que tiene un compromiso comunitario, y que servirá para estrenarse a algunos de los nuevos cargos parlamentarios del PP. Según el listado de cuestiones registradas por los grupos, hay dos miembros populares que quieren preguntar expresamente por esta medida de gracia. Es el caso de la nueva portavoz adjunta Cayetana Álvarez de Toledo, quien aspira a que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, le detalle “cuál es la aportación exacta de la ley de amnistía a la convivencia entre españoles”. Por su parte, el responsable económico del PP, Juan Bravo, tiene intención de retar a la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a decir si “sigue pensando que es inconstitucional”.
En este contexto, los recursos de amparo de particulares y de asociaciones están empezando a inundar el Tribunal Constitucional, en lo que en el órgano de garantías se interpreta como una fórmula para despejar el camino a los recursos que pueden tener algún fundamento, como el que pueda interponer el PP, o las cuestiones de inconstitucionalidad que puedan elevar los jueces y tribunales que tengan que aplicar la amnistía.
Por su parte, el diputado Esteban González Pons ha dirigido su pregunta al titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, para forzarle a hablar del término lawfare. “¿Cree usted que los jueces en España prevarican como ha afirmado reiteradamente su Gobierno?”, es la redacción elegida por el dirigente popular para que le responda Marlaska, juez en excedencia. Ciertamente, el propio Sánchez cree que este mecanismo de lawfare es al que recurre el PP para mantener bloqueado el órgano de gobierno de los jueces.
En paralelo, el nuevo portavoz del PP, Miguel Tellado, pondrá el foco en la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, a quien echará en cara la fuga al Grupo Mixto de los cinco diputados de Podemos, cuando la invite a valorar “la estabilidad” de la coalición gubernamental. Su antecesora y ahora solo secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha presentado pregunta para la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones, con el objetivo de que haga balance de la política económica del Ejecutivo.
Además, el PP interpelará a Bolaños sobre las gestiones que se le han encomendado en relación con la amnistía, su intervención en los pactos con los partidos independentistas y su responsabilidad en el progresivo deterioro de las instituciones. Esa interpelación dará lugar a una moción que el PP someterá a votación en el Pleno de la semana siguiente. También Vox aprovechará la primera sesión de control al nuevo Gobierno para pedirle cuentas por sus acuerdos con el independentismo. “¿Va a terminar el Gobierno de desmantelar la separación de poderes y la neutralidad de las instituciones durante esta legislatura?”, quiere preguntar a Bolaños la portavoz de Vox, Pepa Rodríguez de Millán, nueva en estas lides.