El Parlamento Vasco ha rechazado crear la comisión especial que pedían Elkarrekin Podemos-IU y PP para investigar las posibles responsabilidades políticas en la contratación del Departamento de Educación de Joanes Labayen como asesor puntual sobre el servicio de transporte escolar.
La propuesta de comisión de investigación no ha salido adelante porque la mayoría parlamentaria de PNV y PSE-EE ha tumbado la proposición no de ley, que ha sido apoyada por todos los grupos de la oposición.
En concreto, esta fallida comisión estaba enfocada a investigar si hubo irregularidades en la contratación por parte de Educación del abogado, Joanes Labayen, del bufete Cuatrecasas, para asesorar puntualmente sobre el conflicto del transporte escolar.
Labayen es miembro del consejo de administración de Autocares Urpa S.L, que resultó adjudicataria de 15 rutas de transporte escolar en Gipuzkoa por valor de 4 millones de euros.
Bildarratz explicó en su día en comisión parlamentaria que la contratación fue ética y legal y que no hubo conflicto de intereses, aunque reconoció que quizás debería haber dado explicaciones sobre esta contratación desde el principio.
Desde Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha insistido en la necesidad de que una comisión aclare si hubo o no conflicto de intereses, tras criticar la "gestión mala e insuficiente" de Educación y señalar que las explicaciones de Bildarratz no la aclararon.
Por su parte, el popular Carmelo Barrio ha asegurado que el consejero "no convenció" en su comparecencia parlamentaria y "quiso que pareciese normal lo que no es normal", cuando en el asunto, según ha dicho, subyace "una incompatibilidad ética y profesional".
El parlamentario de EH Bildu Ikoitz Arrese ha precisado que la cuestión "no es si este tipo de prácticas son o no legales, sino si son éticas o no". "Las cosas no se han hecho todo lo bien que se tenían que haber hecho. Este gobierno ha echado balones y fuera y ha dado explicaciones cuando se conocían los supuestos chanchullos", ha afirmado.
Gorka Álvarez (PNV) ha defendido que el consejero "hizo un ejercicio de transparencia" y ha acusado a los proponentes de la comisión de llevarla a pleno porque "no les importa el transporte escolar y sí el rédito político".
Del mismo modo, la socialista María Jesús San José, ha respaldado al consejero para señalar que no existes ni irregularidades ni conflicto de intereses, al tiempo que ha cuestionado la utilidad de una comisión pensada para "sacar rédito político ante la proximidad de unas elecciones".
Amaia Martínez (Vox) ha reclamado que se aclaren "las dudas razonables", mientras que José Manuel Gil (Ciudadanos) ha considerado que el citado contrato es "un incidente más en la desastrosa trayectoria del consejero".
