La consejería de Hacienda que dirige Pedro Azpiazu duerme con un ojo abierto desde que se anunció el acuerdo entre los socialistas y ERC para la investidura de Pedro Sánchez, un pacto que contempla la condonación de un 20% de la deuda catalana por parte del Estado y un total de 1.300 millones en concepto de intereses que también serían perdonados al territorio. Por ahora, la consejería quiere extremar la prudencia porque solo conoce este acuerdo por los medios de comunicación, y prefiere esperar a ver cómo aterriza y cómo se concreta antes de dar la voz de alarma o dar por sentado que Euskadi se verá perjudicada, pero sí anticipa que “mirará con lupa” el acuerdo y vigilará cualquier elemento que distorsione la Ley Quinquenal del Cupo.
La duda radica en si Euskadi tendrá que pagar más Cupo al Estado, porque no solo paga por las competencias que ejerce Madrid en suelo vasco (puertos, aeropuertos, Ejército, Corona...), sino que también contribuye de manera solidaria a otras cargas del Estado, como el pago de intereses. Por tanto, si el Estado se hace cargo de esos 1.300 millones de intereses catalanes, la comunidad autónoma vasca podría tener que pagar el 6,24% de esa cantidad (unos 81 millones), y Nafarroa el 1,6%. El problema sería mayúsculo, sobre todo, si se generalizara este acuerdo con Catalunya al resto de comunidades de régimen común, como ya ha sucedido con el BNG, que ha anunciado un acuerdo para una quita similar en Galicia. De hecho, parece que Sánchez quiere dar ese paso para minimizar el coste político de esta medida en otras comunidades y el documento firmado con ERC ya anticipa “una modificación legal de alcance general para todas las comunidades autónomas de régimen común que permita la asunción por parte del Estado de parte de la deuda autonómica” originada por el ciclo económico negativo.
Nada se dice de las haciendas forales, que podrían asumir con el Estado el coste de esta quita, salvo que se habilite un mecanismo de compensación. El agravio es doble en este caso, porque las haciendas forales ni siquiera se han llegado a beneficiar del fondo de rescate estatal FLA para los territorios comunes, cuya deuda ahora se condona. Las haciendas forales se financian con sus propios recursos, recaudan sus impuestos, y pagan un Cupo al Estado por las competencias que ejerce Madrid y en concepto de solidaridad con otros territorios y con otras cargas.
La liebre ha saltado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde el portavoz Bingen Zupiria ha reconocido que el Ejecutivo vasco tendría que ver si el nuevo escenario “afecta” a la aportación del Cupo, porque “podría o no hacerlo”, tal y como repitió varias veces, para no dar por hecho ese escenario. En Nafarroa, este debate estalló a principios de semana, y los socialistas coincidieron en que la comunidad foral no debería verse perjudicada. Lo que sí parece descartado es que la quita de deuda pueda vampirizar otras inversiones presupuestarias como las destinadas al TAV. Esta es una hipótesis que ha sacado a relucir el PP para volver a presentar al PNV como un socio dócil con Sánchez y que ha hecho un mal negocio, pero fuentes de la consejería de Azpiazu consultadas por este periódico aseguran que, en la reciente reunión con la ministra Raquel Sánchez, ya quedó claro que este tren y el corredor atlántico serán prioritarios.
El acuerdo de 2022
El Gobierno vasco se apoya en que tienen un acuerdo muy reciente para regular las relaciones financieras entre Euskadi y el Estado, la Ley Quinquenal firmada en 2022 que tiene una vigencia de cinco años y que además fue decisiva para que el PNV permitiera la tramitación de los Presupuestos de Sánchez. Ya en esa ley se recogían varias disposiciones adicionales para situaciones extraordinarias, como los fondos estatales para el coronavirus, de los cuales Euskadi recibió su porcentaje. Ahora se trataría de analizar qué afección tiene este nuevo acuerdo con ERC y otras comunidades. El PNV es precisamente otro de los partidos cuyo respaldo es indispensable para Sánchez.
