La convocatoria de urgencia de la dirección permanente de Junts en el hotel Thon de Bruselas por parte de Carles Puigdemont, para analizar su postura de cara a la investidura de Pedro Sánchez, alumbró ayer esperanzas de que la reelección del líder socialista como presidente español diera un paso de gigante. Sin embargo, una vez concluyó la reunión sobre las 18.30 horas, la imagen de los operarios desmontando el atril y los micrófonos preparados para la comparecencia del expresident de la Generalitat, con el fin de anunciar ante los periodistas el hipotético acuerdo, fue la prueba palpable de que la decisión de JxCat deberá esperar.
Las negociaciones continúan, por tanto, y la incógnita es si el acuerdo fructificará a lo largo de la jornada de hoy. Diversas fuentes apuntaron a la existencia de flecos sobre la amnistía a los implicados en el procés que, por el momento, son de suficiente calado como para aplazar el apoyo de Junts al candidato socialista. En la parrilla de salida permanece, por tanto, la proposición de ley sobre esa medida de gracia que el PSOE pretendía registrar ayer mismo en el Congreso para acelerar así el anuncio de la fecha del debate de investidura de Sánchez.
El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en funciones y miembro de la comisión negociadora del PSOE, Félix Bolaños, reconoció que aún no se ha cerrado el acuerdo con Junts en lo que se refiere a la ley de amnistía. Rehusó entrar en detalles sobre las razones que están frenando el pacto con el partido que comanda Carles Puigdemont, amparándose en que “es una negociación en curso” y por tanto sólo cabe la discreción hasta que se cierre.
Bolaños se pronunció en estos términos en una rueda de prensa en Barcelona tras el acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC, que fue el clavo ardiendo al que se agarró Moncloa para mantener viva la investidura de Pedro Sánchez como jefe del Gobierno. El Partido Socialista aspiraba a hacer pleno en lo que a los grupos independentistas catalanes se refiere, hasta que el expresident de la Generalitat decidió aportar dosis extra de suspense. Fuentes del PSOE citadas por Efe apuntaron a un problema de protagonismo entre Junts y ERC. En cualquier caso, los negociadores socialistas están convencidos de que se encauzarán las diferencias y Junts apoyará la investidura de Sánchez.
La duda es si el acuerdo será posible en las próximas horas y si la proposición sobre la amnistía se podrá presentar hoy mismo en el registro del Congreso. Aunque no pudiera ser tramitada por la Mesa de la cámara en la reunión que tiene prevista en esta jornada, lo podría hacer en la próxima para allanar el camino a la investidura.
El PSOE sigue apostado porque el debate correspondiente se celebre la próxima semana –los días 8 y 9 continúan liderando las quinielas–, aunque fuentes de este partido subrayan que hay tiempo ya que el plazo límite es el 27 de noviembre y lo principal es cerrar con garantías los apoyos necesarios.
A la reunión ayer en Bruselas presidida por Puigdemont acudieron los cabezas visibles de Junts, entre ellos los vicepresidentes del partido Anna Erra, Josep Rius y Aurora Madaula; el secretario de Organización, David Torrents; la secretaria de finanzas, Teresa Pallarès, y el adjunto al secretario general, David Saldoni. También el exconseller exiliado Toni Comín; la líder de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras; el portavoz en el Senado, Josep Lluís Cleries, y Laura Borràs.
Una vez finalizó el cónclave, desde el partido sentenciaron que “se deberá esperar, como mínimo, a mañana” para conocer el resultado de la negociación bilateral con el PSOE. El hotel donde se celebró es el mismo escenario en el que Puigdemont planteó el 5 de septiembre sus condiciones para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Justo cuando terminaba la reunión de JxCat, el PSOE y ERC hicieron público un comunicado conjunto en el que anunciaban el acuerdo alcanzado.Ladillo
CDR y Tsunami
Por otro lado, la futura ley de amnistía ultimada por el PSOE con ERC librará del juicio oral a los doce miembros de los CDR procesados por un delito de pertenencia a organización terrorista que, según el juez, planearon ocupar el Parlament de Catalunya y que participaron en los cortes de carreteras o levantamientos de barreras de peaje. También abarcaría a los investigados por los disturbios presuntamente organizados por Tsunami Democràtic tras las condenas por el procés en el otoño de 2019.
