La conversación telefónica mantenida ayer entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras constata la buena sintonía entre ambos líderes y el propósito de llevar sus negociaciones a buen puerto. Pero no que Esquerra vaya a dar el visto bueno a cambio solamente de una ley de amnistía y de un puñado de promesas. Por lo pronto, los republicanos ciñen el posible acuerdo a la investidura y no a la legislatura pese a que, pocas horas antes de la reunión entre Gabriel Rufián y el jefe del Ejecutivo español en funciones, éste último pidiera “estabilidad” al presidente de los republicanos. Además, ERC insiste en que toca abrir la carpeta de un referéndum que el grupo de expertos del Govern abre a cinco vías diversas respecto al contenido de la votación, además de emplazar a resolver cuanto antes cuestiones de infraestructuras y el déficit fiscal.

“Los votos de ERC se sudan”, aseveró el portavoz en el Congreso de la formación independentista, incidiendo en que, aunque el PSOE persiga un pacto donde investidura y legislatura vayan “en un paquete”, ellos irán negociando, como siempre, “partido a partido”. “Si llega el momento de negociar unos Presupuestos seremos exigentes, razonables y responsables. Quien crea que puede pactar con ERC una legislatura desconoce cuál es su forma de trabajar”, zanjó Rufián.

A primera hora de la mañana, Junqueras y Sánchez habían departido durante una llamada que se prolongó durante 40 minutos con la intención de ERC de trasladar la “necesidad de avanzar” en sus demandas: una ley de amnistía, que da por hecha puesto que se incluyó en el pacto por la Mesa del Congreso bajo el término “desjudicialización”; avances en la autodeterminación para resolver el conflicto político en las urnas, y medidas de bienestar para la ciudadanía como el traspaso de los Rodalies (Cercanías), donde para colmo Moncloa se felicita por sus inversiones. En esa charla el socialista le conminó a tejer una alianza para cuatro años, sabedor de que, aún siendo reelegido, su mandato será de todo menos fácil. Después llegó el turno de la cita entre Sánchez y Rufián, y en la que también estuvo presente el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y no la titular de Hacienda, María Jesús Montero, que asistió el martes a la cumbre con el PNV y ayer a la concertada con Coalición Canaria.

“Desconfíen de quien habla mucho, hace cuatro años no se hablaba tanto y salió bien”, deslizó Rufián abrazándose a la discreción y reivindicando en varias ocasiones aquel consenso para la creación de una mesa de diálogo que les llevó a abstenerse en la anterior investidura del líder del PSOE. Tras aquellos “éxitos”, Esquerra tiene claro en este momento los ámbitos de trabajo y las condiciones a cumplimentar: principalmente, el que afecta a la “reparación” de todo lo derivado del procés y, asimismo, que toca votar para resolver el conflicto. “Entendemos que puede haber otras soluciones, pero estamos a la espera desde hace bastantes años y no llegan. La nuestra es votar”, subrayó. Hace cuatro años se pactó que los acuerdos que salieran de esa mesa serían sometidos “en su caso a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Catalunya, de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político”, evocó Rufián. Entonces, “hablar de amnistía era una quimera, es bastante probable que, de aquí a algún tiempo, hablar de referéndum ya no lo sea, todo depende de la fuerza que tengamos”.

Cinco modelos de referéndum

En este contexto, desde la Generalitat, el Ejecutivo de Pere Aragonès baraja cinco tipologías de referéndum y sus posibles riesgos, recogidos en un informe de 64 páginas por su consejo académico. La primera opción es un referéndum “de inicio en el territorio subestatal”, es decir, consultar a los catalanes sobre la conveniencia de que el Parlament iniciara un proceso de reforma constitucional que podría contemplar la independencia o una nueva acomodación dentro del Estado. La segunda posibilidad es una votación “de ratificación en el territorio subestatal”, lo que se traduce en una consulta en Catalunya sobre un acuerdo político previamente alcanzado sobre la independencia o sobre una reforma del Estatut, por ejemplo. La tercera sería un referéndum “de inicio en todo el Estado”. Consistiría en que se convoque una votación en toda España en virtud del artículo 92 de la Constitución preguntando al conjunto de los ciudadanos si estaría de acuerdo en que el Gobierno autorizara una consulta en Catalunya sobre la independencia o una nueva acomodación dentro del Estado. “Un resultado favorable en territorio catalán y contrario en el resto provocaría un choque de voluntades democráticas “difícil de resolver”, alertan los expertos.

La cuarta es el referéndum de “ratificación en el conjunto del Estado”. A diferencia de la anterior, este supondría aprobar en toda España los términos de la desconexión de Catalunya o una nueva acomodación dentro del Estado previamente acordadas por las instituciones representativas. Este tipo está contemplado en los procedimientos de reforma constitucional. Finalmente, la quinta alternativa, y también muy discutible, alude a un referéndum “en el territorio subestatal y al conjunto del Estado”, que combinaría todas las posibilidades analizadas y que se convertiría en una votación doble. De forma simultánea o consecutiva, se podría celebrar uno en Catalunya y otro en España para detectar las preferencias de unos y otros. El consejo de sabios de Aragonès también plantea “mecanismos análogos que podrían ser alternativos al referéndum”. Por ejemplo, un pacto político entre instituciones representativas, “con la participación de los parlamentos y y/o los gobiernos de Catalunya y España”; o en su caso la celebración de unas elecciones que fueran consideradas “como plebiscitarias para todos los actores relevantes”.

Rechazo de moncloa

En definitiva, lo que de partida ERC propone a Sánchez son “condiciones más de país que de partido porque trascienden nuestras siglas y prácticamente todo el mundo en Catalunya puede estar a favor”. Pero Moncloa insiste en vincular la investidura con la legislatura. El portavoz del PSOE, Patxi López, repitió que buscan un planteamiento “para cuatro años” que desarrolle “una agenda social que suba las pensiones con el IPC, aumente el salario mínimo y refuerce los servicios públicos”, entre otras medidas. Al tiempo, dio carpetazo al referéndum porque los socialistas “de ninguna de las maneras van a transitar por caminos que lleven a la división y a la ruptura”. Al Ejecutivo español sigue sin preocuparle tanto la fecha para la investidura y prima el acuerdo que, como matizó Bolaños, “no está asegurado ya que todo puede pasar”. Lo advierte después de que la pasada semana se viera con uno de los negociadores de Esquerra, Josep Maria Jové, y pese a catalogar la conversación entre Sánchez y Junqueras como “un buen síntoma que demuestra que se ha normalizado la relación a ese nivel”.

Que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, afirmara ayer que su gabinete ha hecho “una inversión histórica” en los Rodalies, cuando solo ha destinado el 50% del presupuesto destinado a esta red ferroviaria, tampoco ayuda. A primera vista, a Esquerra no le sirven esta vez solo las buenas intenciones.