El Parlamento de Navarra retoma 20 años después la ponencia para reformar el Amejoramiento del Fuero, la ley que regula el autogobierno. Un reto pendiente que el Legislativo foral afronta con el objetivo de adaptar la ley básica a “la realidad del siglo XXI”, pero con importantes limitaciones.
De entrada una propiamente institucional. El Parlamento no tiene potestad para reformar el Amejoramiento, una competencia que corresponde a los gobiernos central y autonómico, que son quienes deben pactar una propuesta para su ratificación posterior, sin margen de cambios por el Legislativo foral y por las Cortes Generales. Pero sobre todo por una limitación política.
No hay ahora mismo un consenso amplio que apunte a cambios de calado en el autogobierno, ni una apuesta mayoritaria por mejorar el ámbito competencial ya reconocido en la Lorafna o el régimen lingüístico (la oficialidad del euskera). Por lo que, sobre el papel, la nueva ponencia apunta a un nuevo blindaje del actual régimen institucional de Navarra, que tanto UPN como PSN pretenden reafirmar. El debate, en cualquier caso, está abierto. Queda por ver ahora qué propuestas pone sobre la mesa cada grupo y si se abordan reformas que se llegaron a estudiar en el pasado pero que finalmente por diversos motivos no llegaron a ver la luz.
Desde la aprobación en 1982 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna) se han llevado a cabo dos reformas del texto legal. Una en 2001 y otra en 2010. Ambas tenían como trasfondo el sistema de elección de la presidencia del Gobierno y la duración de la legislatura en caso de repetición electoral.
El primer intento de cambiar el Amejoramiento nace ya 1993 tras un acuerdo entre UPN y PSN (el primero gobernaba en Navarra y el segundo en España), al que posteriormente se sumó el CDN. La reforma planteaba suprimir el procedimiento directo propiciando nuevas elecciones en caso de que no haber mayorías.
Tras varios intentos, el Ejecutivo central aceptó la modificación en 2000, que sería ratificada por las Cortes Generales en 2001. La reforma reconocía también al presidente del Gobierno la facultad de disolver el Parlamento, pero limitaba el nuevo mandato a la duración original de la legislatura, impidiendo que Navarra tuviera ciclo electoral propio.
La ponencia
El Parlamento tomaría el relevo tres años después. A instancias de IU, la Cámara creó ese año una ponencia con representantes de todos los partidos para debatir la reforma del autogobierno en un contexto de reformas de los estatutos de autonomía en diversas comunidades. Comparecieron varios expertos y se recogieron propuestas de los partidos, de la Cámara de Comptos e incluso del Defensor del Pueblo. Se presentaron varios borradores y enmiendas que dieron lugar a una propuesta del Letrado Mayor a modo de consenso, pero de contenido muy limitado por las diferencias que habían expuesto los partidos.
Aquel documento llegó a plantear ocho aspectos necesarios de reforma, entre los que se recogía una mayor autonomía del Parlamento para organizar sus sesiones; la inclusión del Consejo de Navarra y del Defensor del Pueblo; el reconocimiento como órgano superior del TSJN; mayor relevancia para las entidades locales; el reconocimiento de la Administración Foral como administración única en el ejercicio de sus competencias; la presencia en determinados órganos de ámbito europeo; y la necesidad de someter a referéndum el texto estutario.
Sin embargo, las conclusiones no se llegaron a concretar en ninguna propuesta concreta. El contexto político, con una tensión política creciente en Catalunya y en la CAV, donde había surgido ya el Plan Ibarretxe, llevó a los partidos mayoritarios (UPN, PSN y CDN) a dar por finalizados los debates en marzo de 2007, con el final de la legislatura, sin acuerdo ni informe mínimo de conclusiones.
Estas propuestas serían incorporadas no obstante en la reforma pactada por los Gobiernos central y navarro en 2010. Ambas administraciones acordarían además la creación de la figura del decreto-ley para casos de urgente necesidad y ampliar a cuatro años la duración de la legislatura en caso de adelanto electoral. Una potestad que ninguna presidenta ha ejercido hasta ahora.
El resto del Amejoramiento sigue tal y como fue aprobado en 1982, muestra de la rigidez de un texto que nunca se ha sometido al refrendo popular. El propio proceso de reforma, limitado a un pacto entre gobiernos, y la complejidad política de Navarra han hecho difícil siempre un consenso en el Parlamento, que encara ahora un nuevo proceso de reforma estatutaria. El nuevo contexto europeo, la realidad social más diversa y plural, la conflictividad constitucional de una legislación básica que ha servido para recortar competencias que se suponían propias dejan no obstante espacio para el debate. Y, quién sabe, quizá también para los acuerdos.
