Entre los argumentarios de la derecha cuando ostenta el poder se encuentra su afán en reprender a la izquierda por querer apoderarse de la calle. Basta echar la vista atrás para recordar que éste era el mantra del Gobierno de José María Aznar, de nuevo en el foco, cuando reprendía la insistencia en azuzarle por asuntos como el No a la guerra o el caso Prestige, entre otros. Sin embargo, el PP, siempre que ha ejercido la oposición, ha alentado la movilización como principal táctica de desgaste hacia gabinetes como los abanderados, primero, por José Luis Rodríguez Zapatero y, después, por Pedro Sánchez. Génova, cuando lo ha creído conveniente, se ha colocado detrás de la pancarta como trata de hacer en el actual escenario contra una hipotética ley de amnistía y un gabinete de progreso que ni siquiera ha visto aún la luz. De entrada, para maquillar la investidura a todas luces fallida que arrastrará en apenas diez días Alberto Núñez Feijóo; y, además, para darle al botón de inicio a la estrategia de desestabilización contra el previsible Ejecutivo de PSOE y Sumar, poniendo en duda, si es menester, su legitimidad, emanada de poder tejer una mayoría surgida de las urnas.
El acto convocado para el próximo domingo en Madrid, donde el PP persigue una demostración de fuerza que no le dieron los votos, es el primer capítulo de un guión en el que cobra especial importancia mantener tensionada a la sociedad en virtud de una justificación hiperbólica: el riesgo de una “autodestrucción de la soberanía nacional” en el caso de que el independentismo catalán obtenga contrapartidas a su respaldo a Sánchez, que está por ver si juega esta carta o se lanza a una nueva contienda electoral.
Pero el órdago no es nuevo. Aún no se habían apagado los ecos del 11-M y la salida de los conservadores de Moncloa, que ya en junio de 2005 el PP sacó a pasear a sus acólitos en contra de una ley de la que se han beneficiado hasta sus dirigentes, la reforma que regulaba el matrimonio homosexual y que erigió al Estado español en referente de libertades. De Cibeles a Puerta del Sol, 180.000 personas marcharon en defensa del “modelo de familia tradicional” al grito de “la familia sí importa”, con obispos y altos cargos en primera fila.
Matrimonio gay, aborto, ETA...
Posteriormente, en marzo de 2007, el PP convocó una marcha contra la política antiterrorista del Ejecutivo de Zapatero censurando la decisión de conceder prisión atenuada al miembro de ETA Inaki de Juana Chaos. Delegación del Gobierno cifró la asistencia en 342.655 personas frente a los 2.125.000 de la Comunidad de Madrid y, amén del discurso de Mariano Rajoy, se corearon lemas como “Zapatero, a prisión”, “Zapatero, dimisión”, “Zapatero, traidor” y “España merece otro presidente”. Muchos de los allí presentes lucieron en sus solapas lazos azules y portaron rojigualdas de todo tipo y condición (Vox aún era amamantado en la guarida popular) pese a los esfuerzos por invisibilizarlas. Después, en marzo de 2009 cerca de un millón de personas marcharon por la capital del Estado contra la reforma de la ley del aborto, con 600 autobuses llegados de diferentes territorios y la presencia de Aznar, María Dolores de Cospedal y Esperanza Aguirre, entre otros. Bajo el nombre de Marcha por la Vida, la protesta fue convocada por las asociaciones Derecho a Vivir, Hazte Oir, Médicos por la Vida y Grupo Provida Madrid. Durante el Gobierno de Zapatero, el PP apoyó trece manifestaciones en las que se criticaba duramente al Ejecutivo, y algunas de esas plataformas que las impulsaron acabaron siendo juzgadas por posible pertenencia a una sociedad secreta y paramilitar.
Anteriormente, UPN, marca blanca del PP, sabía que Nafarroa no estaba en riesgo cuando en 2007 organizó la manifestación contra Zapatero bajo el lema Fuero y libertad. Navarra no es negociable. Así se lo había trasladado el propio PSOE al PP durante los encuentros que ambas formaciones mantuvieron durante aquellos meses. Un cauce de diálogo que habían acordado previamente Zapatero y Rajoy, y en los que la formación socialista informaba al principal partido de la oposición del desarrollo de las conversaciones iniciadas con ETA y con la izquierda abertzale para buscar una solución dialogada a la violencia. Queda acreditado en las actas de las reuniones que ambos partidos mantuvieron en un hotel de Madrid durante 2006 y 2007. Las negociaciones se rompieron a finales de aquel año tras el atentado de la T4, que supuso de facto la ruptura de la tregua de ETA y el proceso de diálogo. Sin embargo, el PP aprovechó la debilidad en la que quedó el Gobierno para acentuar la presión política y social en la calle.
La estrategia seguida hoy en día por PP y Vox es muy similar a la que mantuvieron la derecha, la extrema derecha, la Conferencia Episcopal y las terminales mediáticas de todos ellos durante la mencionada primera legislatura de Zapatero. A favor de la unidad de España, en contra de la eutanasia, de la nueva ley educativa, de las restricciones de la pandemia e incluso ante el plan de vacunación del covid, las derechas han recurrido a la descalificación y al insulto contra una izquierda que consideran “incapaz” de gobernar . Ya con la implosión del proceso independentista, las concentraciones como método de presión se reprodujeron como esporas.
El tridente de Colón
Y llegó la foto de Colón. El 10 de marzo de 2019. PP, C’s y Vox escenificaron el frente contra Sánchez con una gran protesta donde Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal posaron juntos por primera vez y acusaron a Sánchez de ceder a las 21 condiciones puestas por el entonces president Quim Torra. A las 45.000 personas concentradas, según la Delegación del Gobierno, 200.000 según los convocantes, fue dirigido el manifiesto pactado entre los tres partidos cargando contra el presidente del Gobierno por haber “traicionado a España”. Vox, un partido sin representación en el Congreso, consiguió situarse, literalmente, a la misma altura, compartiendo escenario con un partido que ha gobernado España durante casi 15 años. El PP necesitaba ya a la ultraderecha para llenar una plaza que antes poblaba con su propia marca. A su vez, Rivera se dejó fotografiar con la extrema derecha, y las siete cabezas que puso entre él y Abascal, en una melé de dirigentes y de siglas. Era política ficción porque el Ejecutivo ni había reconocido “el derecho de autodeterminación de Catalunya” ni había permitido un “mediador internacional” –dos de las exigencias de ese listado, como ahora–, y acababa de romper las negociaciones con los independentistas.
En junio de 2021, el PP se enredó ante la segunda foto de Colón, al calor de los indultos y la subida del precio de la luz. La protesta provocó contradicciones en el seno del partido, que revisitó el lugar a regañadientes, pero Rosa Díez, exlíder de UPyD, se entrometió en sus planes. Y es que a la marcha convocada por la plataforma de la dirigente exsocialista se sumó rápidamente Vox. Isabel Díaz Ayuso fue la siguiente en anunciar su respaldo. Y el PP tuvo que cambiar el paso. “Ir a Colón es volver a resignificar políticamente el momento actual con la sombra de lo que representó la concentración de hace dos años”, decían unos. “Sería de un cinismo monumental aceptar los votos de Vox para gobernar y negarte a ir a una manifestación con ellos”, opinaba por contra el círculo de Cayetana Álvarez de Toledo. Ya en enero de este 2023, la derecha erró en un intento de reeditar este acto. Solo Abascal fue a la protesta, a la que asistieron segundos espadas del PP y Ciudadanos.
Está por ver en qué queda la marcha del domingo. Si como dice Ferraz es “una concentración, una manifestación, un mitin o una verbena”.
