Aunque hay variables que escapan a su control en el contexto estatal e internacional, el lehendakari trabaja con la hipótesis de exprimir cada mes que le queda a la legislatura y celebrar las elecciones autonómicas el 9 de junio, no antes. Por lo tanto, el pleno de política general que acoge este jueves el Parlamento Vasco marcará el inicio de un ciclo de nueve meses, con la misma duración que un curso escolar. Iñigo Urkullu va a jalonar estos nueve meses con diferentes medidas que afectarán a prácticamente todos los ámbitos de gestión, lo que va a dar la oportunidad de revitalizar las áreas que se han visto especialmente tensionadas durante los años de la pandemia del coronavirus o la posterior subida de los precios tras la invasión de Ucrania. Fuentes de Lehendakaritza consultadas por este periódico avanzan que el pleno se centrará en las medidas que se van a implementar, que van a afectar a “la mayoría de los ámbitos de gestión: juventud, vivienda, salud...”.
A menos de un año de las elecciones autonómicas, el lehendakari va a utilizar el último pleno de política general de la legislatura para incidir en las principales preocupaciones de la ciudadanía vasca, que son también el mayor foco de potencial desgaste, no solo para este gobierno, sino para el conjunto de gobernantes en el entorno europeo. En cualquier caso, se espera que incida igualmente en la denuncia de la erosión que está sufriendo el autogobierno vasco, que alcanza ya cotas alarmantes para Lehendakaritza tanto en el terreno del uso del euskera con las sentencias judiciales que recortan los derechos lingüísticos, como con el bloqueo de las transferencias pendientes que recoge el Estatuto o la aprobación de leyes en el Congreso que vulneran el fondo competencial vasco en materia de servicios públicos. También planteará tener voz en Europa y que los consensos alcanzados sustenten el futuro de la Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco. De hecho, el lehendakari realizará algunas reflexiones a varios años vista, hasta 2040, sobre el futuro de Euskadi en distintas áreas.
Ayudas a la emancipación
En el terreno de las políticas públicas, se espera que entren en funcionamiento las ayudas para la emancipación de las personas jóvenes a principios del año que viene, aunque todo apunta a que el lehendakari no dará una fecha concreta por si surgiera algún problema de tramitación. En cualquier caso, estas ayudas, de 300 euros y para personas de entre 25 y 29 años, van a ser uno de los grandes anuncios en lo que queda de legislatura. Urkullu quiere conceder un carácter estratégico al área de la juventud, incorporada desde hace unos meses a la propia Lehendakaritza, con el objetivo de adelantar a los 28 años la edad en que los jóvenes abandonan el nido y emprenden una vida independiente en su propio hogar. Este reto afecta también a la natalidad. Se da la circunstancia de que uno de los pocos objetivos de país que se encuentra aún lejos de cumplirse es el de aumentar la tasa de natalidad.
El lehendakari destacará, por otro lado, los retos de la competitividad y el empleo, y la transición energética. Realizará, además, una reflexión para los próximos años sobre el autogobierno, el bienestar, el planeta y la personalidad propia de Euskadi.
Relación con la oposición
En este pleno va a sobrevolar la cercanía de las elecciones autonómicas previstas para el próximo año. El PNV ya anticipaba el pasado fin de semana que el lehendakari se encontraría en el pleno de política general con un discurso “catastrofista” de la oposición. Suele ser habitual en los últimos tiempos que EH Bildu le pida al lehendakari un cambio total de rumbo, lo que deja poco margen para el acuerdo con el Gobierno vasco. El lehendakari ya puntualizó durante el primer Consejo de Gobierno tras el verano que hay margen de mejora, pero sin abandonar el realismo económico, porque lo contrario supone hipotecar a las generaciones futuras. Está por ver si estos mensajes se repiten en puertas de la tramitación de los Presupuestos para 2024, o si se produce un cambio de guion.
El Gobierno PNV-PSE cuenta con una mayoría absoluta más que suficiente para impulsar las leyes y superar de manera airosa los plenos del Parlamento, aunque también se le presenta el reto de ganar la batalla del relato y evitar el desgaste. En este terreno, el lehendakari defiende que la mayoría de las leyes se han aprobado con un consenso más amplio que el que suman PNV y PSE. El 67% de las leyes se ha sacado adelante con el apoyo de algún partido de la oposición, y el 17% ha visto la luz con su abstención. La intención es que el periodo de sesiones del Parlamento arranque además con la aprobación de otra ley, la de memoria histórica, que se encuentra ya en fase de dictamen y que cuenta con el respaldo de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU.
A partir de ahí, es previsible que se mantengan las espadas en alto en otros ámbitos como la gestión de Osakidetza, donde la posición de EH Bildu sigue siendo de censura descarnada hacia la gestión del Gobierno vasco. En este terreno, Urkullu admite que queda margen de mejora en las listas de espera para someterse a una operación (el plazo supera los 60 días), o en la atención en los ambulatorios. Combatir el discurso o la sensación de que Osakidetza ya no es lo que era es uno de los principales quebraderos de cabeza de Lakua.
En paralelo, las relaciones con EH Bildu siguen siendo tensas porque el lehendakari acusa a la coalición abertzale de mantener una estrategia “buenista” en el Parlamento, y de agitación social en la calle en los conflictos laborales o sanitarios. Como si se tratara de una isla en mitad de esta marejada, es probable que la Ley de Educación cuente con el respaldo de una EH Bildu que mantiene una vinculación social importante con el ámbito de las ikastolas, lo que permite hacer compatible la firma de acuerdos en ámbitos muy concretos como este, con una oposición dura en cuestiones como la salud, que son un evidente foco de malestar hacia el Gobierno vasco.
Los socios
En materia educativa, la posición del PSE no está tan clara tras los mensajes que ha lanzando sobre el uso del euskera en las aulas o la necesidad de que pervivan con claridad los tres modelos lingüísticos. Aprobar la ley sin uno de los dos partidos que sustentan el Gobierno vasco es una hipótesis que no se baraja siquiera, porque este debate no forma parte de las discusiones del autogobierno donde los socios sí se dan libertad de voto. La proximidad de las elecciones o el perfil que quiera marcar el líder del PSE, Eneko Andueza, podrían determinar y condicionar el tono de las discrepancias en el seno del Ejecutivo. Como suele ser habitual, Andueza sí se ha desmarcado ya de las propuestas del lehendakari sobre el autogobierno o la convención constitucional, que cree que no son prioritarias.
La intención del lehendakari es sacar adelante no solo esta iniciativa, sino también algunas de las leyes más paradigmáticas que quedan en la agenda. Quiere que el Parlamento dé el visto bueno a la de Transición Energética que busca avanzar en la descarbonización, por ejemplo. A estos debates se refiere a menudo la clase política como acuerdos de país o para una generación, lo que de alguna manera invita a acordarlos con más partidos para garantizarse que pervivan en el tiempo y no se tumben con los cambios de mayorías en el Parlamento. En cualquier caso, resultan evidentes las discrepancias con EH Bildu incluso a la hora de fijar actuaciones complementarias como la ubicación concreta de los parques de energía eólica.
En el ámbito de la vivienda, la discusión ha quedado mediatizada por la discrepancia que mantienen la parte jeltzale del Gobierno vasco y el Gobierno español. El Ejecutivo de Urkullu aspira a alcanzar un acuerdo con el estatal que sea respetuoso con las competencias vascas o, de lo contrario, recurrirá la ley española al Tribunal Constitucional. El PNV ha defendido mientras tanto su propia capacidad de actuación y los convenios con los ayuntamientos para ampliar el parque de vivienda de alquiler público, así como las ayudas complementarias para pagar los costes del inmueble.
