El uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, en sesiones plenarias y en comisiones, abre un debate legal sobre cómo llevarse a cabo y al mismo tiempo supone un desafío logístico al requerir de sistemas técnicos, traductores o pinganillos; un coste económico que podría llegar al millón de euros.
La nueva presidenta del Congreso, Francina Armengol, fiel defensora de las lenguas y de su uso en las instituciones, ha dejado claro que quiere trasladar a la Cámara baja el uso del euskera, el catalán y el gallego lo antes posible, lo que ha provocado elogios de los partidos nacionalistas pero ha levantado críticas en la derecha. “No tiene facultad política para decir lo que debe hacerse en el Congreso”, ha advertido el nuevo secretario tercero de la Mesa, Guillermo Mariscal, que considera que debe reformarse el reglamento.
Y es que esta tradicional reivindicación cobra más fuerza que nunca en la recién estrenada XV Legislatura, y esta vez parece contar con el apoyo de los socialistas. De momento en el reglamento del Congreso, ni en su capítulo primero y segundo referido a los derechos y prerrogativas de los diputados, ni en su artículo 70 sobre la marcha de los debates en el pleno menciona el idioma que deben usar los diputados.
En todo caso, sería la presidenta del Congreso la que teniendo soberanía para interpretar la norma pueda decidir sobre su uso, aunque en este caso Armengol ha puntualizado que buscará el consenso y hablará con todos los grupos parlamentarios, además de con los servicios técnicos del Congreso.
El artículo 3 de la Constitución sí establece que “el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla” y “las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”. “La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”, apostilla la Carta Magna.
Lo cierto es que la reforma del reglamento se ha intentado en varias ocasiones, la última en junio de 2022. Entonces ERC, JxCat, PDeCAT, PNV, EH Bildu, la CUP, BNG y otras formaciones de izquierda como Podemos, Más País y Compromís plantearon cambiar el artículo 6.2 de Reglamento del Congreso a través de una proposición de Ley.
“Para que los diputados tengan el derecho de intervenir en las sesiones del pleno y en las comisiones en cualquiera de las lenguas oficiales y reconocidas estatutariamente en sus comunidades autónomas”, así como “el derecho de presentar los escritos y documentos de índole parlamentaria en cualquiera de dichas lenguas”, señalaba la iniciativa.
También que los servicios de la Cámara traduzcan al castellano los escritos presentados en el registro en alguna de las lenguas cooficiales y publicarlos en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Sin embargo, la reforma fue rechazada por el PSOE, PP, Vox y Ciudadanos aunque los socialistas sí apoyaron en el Senado otra iniciativa similar, ya que entonces veían más lógico mejorar el uso de las lenguas cooficiales en una cámara territorial.
El caso de la Cámara Alta marca un precedente ya que desde 1994 su reglamento se ha modificado para mejorar el uso de las lenguas oficiales en la vida parlamentaria. Actualmente se pueden debatir en otras lenguas las mociones en el pleno y las iniciativas en las comisiones.
El primer cambio fue hace 29 años cuando se autorizó el uso de las lenguas cooficiales en la primera intervención del presidente electo en la sesión constitutiva, así como en las intervenciones en el debate sobre el estado de las autonomías que se desarrollaba en comisión.
En 2005 se amplió su uso en todas las sesiones de la Comisión General de Comunidades Autónomas, y en la publicación de las iniciativas de carácter no legislativo. Y en 2011 a todo tipo de escritos en el registro de la Cámara Alta, así como su publicación, y a la intervención de los debates de mociones en el pleno.
Coste económico y logístico
En otro plano está el coste económico y logístico que supone utilizar otras tres lenguas en las Cortes. Traductores, cabinas, sistemas técnicos o auriculares para los 350 diputados elevarían el presupuesto anual del Congreso, que en 2023 aumentó a 110,4 millones de euros, representando el capítulo de inversiones el 2,5% del total. En el caso del Senado, el último cálculo señalado por JxCat para implantar las lenguas rondaba los 950.000 euros anuales.
Ya en 2006, durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, los grupos parlamentarios del Congreso en un intento de modificar el reglamento en profundidad chocaron en la autorización del empleo de las lenguas distintas del castellano. Ello fue el escollo que precisamente frustró aquella reforma del reglamento.
El entonces presidente del Congreso, Manuel Marín, zanjó que para introducir el uso del catalán, euskera y gallego en la Cámara baja era necesaria una ley específica de lenguas.
