El reloj de la nueva legislatura ya empieza a correr, en primer lugar para la constitución del Congreso de los Diputados y el Senado y, posteriormente, para la formación de una mayoría parlamentaria que alumbre un nuevo Gobierno español. Sea bajo mando del PP de Alberto Núñez Feijóo, algo a día de hoy imposible, o del PSOE de Pedro Sánchez, que lo tiene más fácil aunque deberá fajarse en la búsqueda de apoyos, hay una fecha clave marcada en el calendario: 17 de agosto, que será cuando se efectúe la constitución de ambas Cámaras. A partir de ahí, será el rey Felipe VI quien deberá abrir la ronda de consultas para ver quien tiene más posibilidades entre los dos máximos aspirantes a hacerse con el cargo de presidente, Sánchez o Feijóo. Deberá optar por uno de ellos, aunque ámbitos socialistas ya adelantan que Sánchez no obstaculizará el intento de Feijóo, quizás para visualizar su fracaso.
En todo caso, los diputados y senadores electos ya pueden ir desfilando desde hoy por Congreso o por el Senado para formalizar sus credenciales de cara a la décimo quinta legislatura y rellenar las declaraciones de bienes, actividades e intereses económicos. En la primera tendrán que dar cuenta de su patrimonio, en la segunda detallar las actividades que prevén llevar a cabo al margen de la Cámara, y en la tercera informar de sus intereses particulares y profesionales anteriores, especificando de qué empresas venían cobrando. También han de informar de las donaciones, obsequios y beneficios no remunerados de cualquier naturaleza que hayan obtenido en el último lustro, incluyendo los viajes e invitaciones a actividades de ocio, deportivas y culturales que, por su valor económico o por cualquier otra circunstancia, puedan ser relevantes a efectos de un eventual conflicto de interés.
En un principio, realizar estos trámites no adquirirá carta de naturaleza hasta que se constituyan ambas Cámaras el 17 de agosto a partir de las 10.00 horas. Y será esa misma jornada cuando se elija la Mesa del Congreso, una pieza clave para el correcto funcionamiento de la institución. También se dilucida quién obtendrá la presidencia. Las votaciones para el puesto se llevan a cabo por mayoría absoluta –en primera votación– y mayoría simple entre quien logre más apoyos en una segunda ronda. A continuación, se designará a cuatro vicepresidentes y a cuatro secretarios, saliendo elegidas las personas que sumen mayor número de votos. El PSOE calcula que se garantizará la presidencia ofreciendo a ERC y Junts contar con grupo propio.
Ya para entonces se podrían ir conociendo los resultados de las negociaciones que vienen realizando los partidos. Pero otro momento culminante será cuando, una vez constituidos oficialmente Congreso y Senado, se formalice el anuncio al palacio de la Zarzuela. Entonces se abre otro periodo clave: Felipe VI entra en juego y propone a un candidato para la investidura. En un principio, el monarca no tiene fecha límite para hacerlo. Después, y una vez calibrados los posibles acuerdos logrados por Sánchez o Feijóo, ambos deben enfrentarse a una sesión de investidura, que se espera que suceda durante septiembre, en la que se necesita una mayoría absoluta –176 escaños–, o conseguir en una segunda votación la mayoría simple –más votos afirmativos que negativos–, que parece que será la fórmula utilizada en esta ocasión por el PSOE de Sánchez.
En todo caso, el pescado no está vendido, y sobre todo el proceso planea la duda de si será necesaria una repetición electoral. Para ello, y desde la fecha en la que se celebre la primera votación de investidura, deben correr dos meses de bloqueo. Si transcurre ese tiempo y no hay gobierno, ninguno de los pasos dados previamente servirá para nada. Acto seguido –al día siguiente–se publica un decreto de convocatoria de elecciones, que tendrían que celebrarse 47 días más tarde, con una campaña de quizás una semana de duración. Ningún partido político desea convertir en realidad esta posibilidad, pero los números son tercos: a día de hoy el PSOE debe negociar para esquivar el fantasma de la repetición electoral.
Los gastos
- Nómina, taxi, i Phone... La asignación básica de los diputados será de 3.126,89 euros brutos al mes, a la que se suman complementos según su papel en el Congreso y una indemnización neta por gastos por su actividad parlamentaria: 958,75 euros al mes para los electos por Madrid y 2.008,61 euros para el resto. A ello se suman los gastos de transporte –una tarjeta para sus desplazamientos en taxi por Madrid con un límite de 3.000 euros al año–, teléfonos de última generación –iPhone 14 Pro, con 512 GB de capacidad– o iPad.
