La frustración es el sentimiento que mejor define lo que están experimentando las instituciones vascas con el tren de alta velocidad. Es un proyecto que reúne todas las bendiciones posibles por parte de la Comisión Europea, pero aun así se ha enfrentado durante años a la falta de impulso por parte de los estados español y francés, aunque el problema más grave se focaliza ahora en este segundo frente, el galo. En el caso de Madrid, el PNV ha recurrido durante años a su influencia en el Congreso de los Diputados para incorporar a los Presupuestos estatales unas inversiones que de otra manera cree que no hubieran llegado a producirse, porque la prioridad estaba centrada en otros proyectos. Ha sucedido con gobiernos de todos los signos, sean del PP (el PNV llegó a recriminar a Rajoy que las obras de la alta velocidad estuvieran más avanzadas en Galicia por los intereses partidistas de los populares) o del PSOE.

En esta última legislatura, con el socialista Pedro Sánchez, los jeltzales han alcanzado un acuerdo para conseguir la encomienda de gestión del TAV en sus accesos a Bilbao y Gasteiz, para poder gestionar las obras desde Euskadi, lo que ha encarrilado en buena medida el proyecto. Ahora el mayor problema viene de la mano del Estado francés, que cuestiona los plazos fijados por Europa para finalizar las obras en 2030, conexión en frontera incluida, para que el TAV no sea una isla.

En el caso galo, se entrecruzan sus recelos históricos a cualquier iniciativa que le pueda hacer competencia a nivel económico (también ha planteado un pulso por las conexiones energéticas y ha querido blindar su hidrógeno de producción nuclear), o sus reservas a la hora de establecer las conexiones con el sur de Europa. A todo ello se le suman los escollos que le han planteado plataformas locales en el ámbito de Iparralde, que cuestionan el trazado concreto del tren. La influencia que puede ejercer en este caso el PNV viene de la presión internacional y la suma de fuerzas con los territorios afectados.

El lehendakari tiene el respaldo de todas las comunidades autónomas de la cornisa cantábrica, de Nueva Aquitania y de Nafarroa, además de Portugal, porque el corredor atlántico es la única vía de conexión que pueden tener las autoridades lusas con el corazón de Europa. Urkullu tiene todavía pendiente una reunión con el ministro de Transportes de Emmanuel Macron, Clément Beaune, con quien espera aclarar la ceremonia de la confusión que ha surgido con los plazos. Pedro Sánchez aseguró tras la cumbre bilateral España-Francia del pasado mes de enero que Macron se había comprometido a cumplir el plazo de 2030, pero un informe del Elíseo retrasaba hasta 2042 el tramo Burdeos-Dax y no ponía fecha para la conexión en frontera. El embajador francés Jean-Michel Casa terminó desmintiendo públicamente a Sánchez y aseguró que solo se comprometieron a terminar en 2030 el corredor mediterráneo, no el atlántico.

Sánchez

El PNV elevó una pregunta a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, que se saldó con el compromiso del presidente español de hacer cumplir a Francia lo pactado. En cualquier caso, el liderazgo lo está asumiendo Urkullu no solo porque ahora mismo ocupa la presidencia de turno del arco atlántico, sino también porque Pedro Sánchez no está volcando todos sus esfuerzos en su presidencia del Consejo de la Unión Europea. Sánchez asumió ese cargo el 1 de julio y, tras el adelanto de las elecciones generales decretado por él mismo, ya ha protagonizado alguna espantada para hacer campaña electoral: el martes, no participó en la rueda de prensa del encuentro con América Latina para protagonizar un acto en Donostia, aunque allí tampoco lanzó mensajes en clave vasca. l