A Iñigo Jaca, sobrino del miliciano vasco Antonio Arrizabalaga Ugarte, natural de Zumarraga, le han despertado con una llamada de teléfono este lunes. Una buena noticia, a priori, pero asegura que en su familia están ya “cansados” de demoras y anuncios vacíos. No es el único escéptico entre las 128 familias a las que nuevamente parece abrírseles la puerta de la esperanza. Jaca se alegra, porque cree que sí van a poder sacar a algunos de los fallecidos, “al padre de Fausto Canales”, un avilesino que lleva años de andadura para recuperar los restos de su padre. “Lo tienen como muy accesible. Un poco más difícil tienen a los hermanos Lapeña, pero su sentencia (la que en 2016 abrió el camino a tantas y tantas familias) sigue sin cumplirse y ahí se van a tener que esmerar, y con los demás, vamos a entrar en un ritmo que no sé. Estamos cansados de este tema”.
La familia de Antonio Arrizabalaga Ugarte lleva tiempo esperando para poder traer a su familiar a Zumarraga. Durante décadas creyeron estaba enterrado en una fosa común de un cementerio de Zaragoza, donde fue enterrado en 1937. Perteneció al batallón Amuategi de las Juventudes Socialistas y murió en un hospital militar el 17 de noviembre de 1937 de fiebres tifoideas tras ser apresado en Santander.
Finalmente, sus familiares pudieron descubrir y constatar que el 28 de febrero de 1961 fue trasladado a Cuelgamuros (antiguo Valle de los Caídos) e inhumado en la Basílica de Santa Cruz de Cuelgamuros, en la misma cripta en la que acaban de entrar los forenses para la exhumación.
El Gobierno ha anunciado la exhumación a los familiares a las 10.50 horas, después de que muchos se enteraran por la prensa
El Gobierno ha informado a los afectados por correo electrónico a la una y siete minutos de la madrugada, aunque la noticia se conoció por un medio de comunicación. El mensaje le llegó de madrugada a la presidenta de la Agrupación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos (AFPERV) y a las 10:50 horas a los propios familiares desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Pero para cuando quisieron verlo, ya les habían adelantado la noticia a muchos a través de la prensa.
Un equipo de quince personas, forenses, arqueólogos, genetistas y miembros de la policía científica han iniciado este mismo lunes los trabajos de exhumación de 128 personas cerca del altar mayor, en la capilla del santo sepulcro. Es ahí donde están la mayoría de las víctimas nacidas en Euskadi: represaliados franquistas, pero también fallecidos del bando sublevado. De todos ellos, 40 son vascos.
Según ha reconocido la directora del instituto Gogora, Aintzane Ezenarro, se procederá a extraer en primer lugar una muestra para la prueba genética y cotejarlo con las muestras que comenzaron a tomarse el 16 de marzo de 2021 entre las familias vascas que han reclamado la exhumación de restos de familiares. Son 45 las familias de Euskadi que han reclamado y 40 a las que se les ha reconocido tal derecho. Ezenarro asegura que tener el trabajo adelantado es “importante”. El proceso podría durar varias semanas.
Patrimonio Nacional le ha reconocido el derecho a retirar los restos de sus familiares a 40 de las 45 familias vascas que lo han solicitado
Jaca, aún así, se muestra escéptico. “Conozco los silencios que hay cuando no hay elecciones, y luego se reactiva cuando las hay y empiezan a contarnos la misma milonga. Nosotros saldremos cuando nos llamen para ir a buscarlo”, afirma.
“Bienvenido sea si logran sacarlos, pero no creo que tengan tiempo de llegar a la quinta planta (la última) antes de las elecciones”. Entre tanto, y pese a llevar “muchos años” reclamando la recuperación de los restos de su familiar, “hemos tenido que presenciar cómo sacan a Francisco Franco en 2019 y José Antonio Primo de Rivera” el pasado mes de abril, lamenta.
Odisea sin fin
Los hermanos Jaca iniciaron el proceso para recuperar los restos de su tío en 2009. Un proceso administrativo que les ha hecho dar muchas vueltas y que se ha topado con trabas de todo tipo. Curiosamente, asegura Iñigo, donde más celeridad han imprimido a sus demandas ha sido en instancias europeas, que “sí sirvieron, sorprendentemente” para que “en diciembre de 2020 nos reconociesen el derecho a todas las familias en Patrimonio Nacional, siempre que se pueda acceder a ellos. Al sitio donde están. Yo pienso que no ha habido voluntad política, porque hemos tenido periodos en los que se podía haber adelantado trabajo”, lamenta hoy Jaca.
“Bienvenido sin logran sacarlos, pero no creo que tengan tiempo de llegar a la quinta planta antes de las elecciones”
Su familiar es “de los difíciles” de rescatar. “Está en la cripta derecha, en la que han entrado ahora, pero en el piso quinto”, asegura. Las cajas allí están apiladas y no son de fácil acceso, pero hay indicios de que “podrían estar en buen estado”: “Nosotros siempre hemos dicho que no vamos a pedir imposibles, pero si es imposible nos lo tienen que demostrar, y de momento nadie nos ha dicho que es imposible. Pero es que ni siquiera han empezado”.
Siempre hay algo que lo demora o impide. “La gente ha hecho todo tipo de reclamaciones, todas denegadas, quitando la de los Lapeña, que ahí el juez decidió que sí, en base a una cláusula del derecho procesal que permanecía vigente y había servido para la repatriación de los muertos en las guerras de Cuba y Filipinas, en el siglo XIX: el derecho a la perpetua memoria”, explica Jaca.
En base a ese argumento esgrimido por el abogado de la familia Lapeña se pudo abrir la lata, pero la sentencia firme del Supremo sigue sin hacerse efectiva y el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá (PP) “tardó un mes en derogar ese artículo de la ley”.
"Que se haga rápido"
Alegría y cautela también se ha vivido en diferentes puntos de la geografía española donde hay familias de víctimas. Purificación Lapeña, nieta y sobrina nieta de los hermanos Lapeña, aseguró a la agencia Efe que confía en que no haya más "tropiezos" en este proceso: "Parece ser que esta vez es de verdad. Pero como ha habido tantas pegas estos años, a ver qué pasa".
Purificación es nieta y sobrina nieta respectivamente de los hermanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña, naturales de Villarroya de la Sierra (Zaragoza), fusilados en 1936 por los franquistas y enterrados en Calatayud, aunque en 1959 fueron reinhumados en el madrileño Valle de los Caídos.
El caso de los hermanos Lapeña es un referente para otros familiares de víctimas enterradas en el Valle, después de que una sentencia histórica reconociera en 2016 el derecho a recuperar sus cadáveres.
También ha recibido la noticia con alegría pero alguna dudas Fausto Canales, que lleva años tratando de recuperar los restos de los denominados "siete de Pajares", naturales de Pajares de Adaja (Ávila) y fusilados en la Guerra Civil, entre ellos su padre, Valerico Canales.
Canales pide que se haga rápido porque "el tiempo apremia" y, en su opinión, hay "posibilidades de que vuelvan a tratar de pararlo" colectivos contrarios a las exhumaciones, como la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos o la Fundación Francisco Franco.
Gogora espera que "esta vez se haga realidad"
La directora del Instituto de Memoria, Convivencia y Derechos Humanos-Gogora, Aintzane Ezenarro mostró su “alegría” ante la noticia del inicio de los trabajos para las exhumaciones en el Valle de Cuelgamuros por parte del Gobierno central, para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática. "Hay más de 40 familias que llevan esperando demasiado tiempo, esperamos que esta vez se haga realidad su anhelo y puedan traer a sus familiares a casa", señaló Ezenarro, quien dijo que Gogora está en "permanente contacto" con el equipo de forenses que está actuando en el Valle y con la secretaría de Estado de Memoria Democrática para, según ha explicado, mantener "puntualmente informadas a las familias".
DATOS:
El Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos (Gogora) remitió en 2019 al Parlamento Vasco un informe que concluye que en el Valle de los Caídos están enterrados al menos 1.231 vascos, de los cuales 917 están identificados y 314 no. La gran mayoría fueron llevados a ese lugar sin el consentimiento de sus familias.
En el Valle de Cuelgamuros, que cambió su nombre tras la reciente entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática y está considerado la mayor fosa común del Estado español, hay enterrados 33.833 restos de víctimas de ambos bandos de la Guerra Civil.
