El presidente de la Diputación de Ourense y del PP provincial, Manuel Baltar, ha anunciado este jueves, a través de su gabinete de prensa, la presentación de un recurso al no estar conforme con la "continuación del procedimiento" abierto contra él por exceso de velocidad.
Ese paso ha sido avanzado a la prensa tras mostrar Baltar, en la vista rápida celebrada en esta jornada, su rechazo a la acusación que sobre él pesa, razón por la que no se ha podido dictar sentencia de conformidad.
Baltar compareció finalmente de manera telemática ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puebla de Sanabria (Zamora) por un delito contra la seguridad vial tras ser "cazado" circulando a 215 kilómetros por hora en la A-52 después de que inicialmente se anunciase la suspensión del juicio.
A pesar de que el juzgado había decidido a primera hora de esta mañana suspender el juicio por segunda vez debido a que el procurador del responsable de la Corporación provincial ourensana había solicitado la suspensión y manifestado su voluntad de no comparecer en la vista oral, finalmente sí han comparecido de forma telemática tanto Baltar como su abogado.
El político ourensano ha rechazado las acusaciones y por lo tanto tendrá que acudir a declarar el próximo 31 de mayo, después de las elecciones municipales gallegas, una vez que el Juzgado de Puebla de Sanabria ha acordado enviar ahora el procedimiento al Juzgado de lo Penal de Zamora para su enjuiciamiento el próximo 31 de mayo a las 10:00 horas.
En un escrito remitido a la prensa por fuentes provinciales, el PP ha confirmado que Baltar prestó declaración y respondió a las preguntas formuladas por el juez y por su abogado.
El argumento mantenido por la defensa del político ourensano es que el presidente provincial ya cumplió la sanción administrativa que se le impuso y que "fue firme con anterioridad" a la incoación del procedimiento judicial "por lo que no cabe la imposición de una dualidad de sanciones".
Igualmente, ha trasladado su equipo legal "la inadecuación" del procedimiento incoado, ya que "no cumple los requisitos para seguir las actuaciones por los trámites de las diligencias urgentes, al haberse procedido su citación mediante cédula judicial y no por la Guardia Civil, todo ello con posterioridad a la finalización del procedimiento administrativo".
"Ambas cuestiones están pendientes de los recursos correspondientes, que se sustanciarán ante la Audiencia Provincial", traslada el PP.
