Desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia española, proclamó su intención de reducir el nivel de conflictividad con las comunidades autónomas y respetar el autogobierno, un compromiso que además aparece recogido en el acuerdo de investidura con el PNV en lo que se refiere a la relación con el Gobierno vasco. Pero, si la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, denunciaba hace meses que la erosión silenciosa de las competencias vascas sigue en vigor a través de leyes estatales de diversa índole, este mismo martes se ha concretado un nuevo conflicto: el Consejo del Gobierno vasco ha autorizado presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional porque el Estado impone a Euskadi la utilización de sus herramientas informáticas para conceder subvenciones y contratos en la gestión de los fondos europeos. Además, el Gobierno español da atribuciones a sus comités antifraude para estudiar si algún cargo público debe abstenerse de la toma de decisiones en ese ámbito. En definitiva, fija unilateralmente un sistema de fiscalización sobre Euskadi, un sistema de control directo sobre sus cargos públicos. El sistema Minerva estatal se inmiscuye para vigilar si hay conflictos de intereses en estos trámites de subvenciones.
El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha anunciado este martes este recurso en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. El recurso se dirige contra la disposición adicional 112 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 que, sin previa consulta a la parte vasca y de manera unilateral, "se inmiscuye en labores ejecutivas del Gobierno vasco y vulnera el autogobierno". Según han analizado los servicios jurídicos de la consejería de Garamendi, impone el uso de un aplicativo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la tramitación de todas las subvenciones y contratos que los órganos vascos otorguen en la ejecución de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Según explica la consejería, esta herramienta tiene la misión de evaluar de forma automatizada el riesgo de posibles conflictos de interés que cargos y personal empleado público vasco pudieran tener con las personas solicitantes de ayudas o licitadoras. "Incluso los miembros de este Consejo de Gobierno están sujetos al escrutinio de la plataforma de la Agencia Tributaria a la hora de conceder subvenciones directas", añaden. La consejería destaca que la CAV "tiene la competencia y capacidad técnica para desarrollar su propia herramienta" o, si lo deseara, podría utilizar de manera voluntaria la estatal si firmaran un convenio. La consejería denuncia que el Estado "impone unilateralmente una herramienta de control sobre la imparcialidad de los cargos vascos". "Por lo tanto, la Agencia Estatal está realizando una tarea ejecutiva consistente en un control sobre la abstención de los empleados y cargos autonómicos e incluso con efectos sobre la exclusión de interesados, y lo hace con infracción de las normas de reparto competencial", recalcan, esgrimiendo el Estatuto de Gernika.
Comité antifraude
Además, la Ley de Presupuestos estatales "atribuye funciones consultivas a unos comités antifraude que no han sido implantados en la CAV sencillamente porque no existe obligación de hacerlo". "Estos órganos están previstos por los ministerios como una medida de sus planes antifraude, opción por la que no ha optado nuestro Plan de medidas antifraude aprobado por Consejo de Gobierno. Estamos ante el resultado de una falta absoluta de consideración hacia la capacidad de autoorganización de la CAV", denuncian. El Estado también se arrogaría la capacidad de emitir informes y una capacidad ejecutiva, que va más allá de la normativa.
El Gobierno vasco ha decidido interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el TC aunque, previamente, como lo establece el procedimiento habitual, plantea al Estado abrir una negociación en la Comisión Bilateral con la finalidad de evitar la interposición de ese recurso. Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado remitir un requerimiento de incompetencia al Estado para que derogue o modifique una orden de desarrollo de la citada disposición adicional de la Ley de Presupuestos. El Estado tendrá un plazo para contestar y, a partir de ahí, el Gobierno vasco podrá plantear un conflicto en el TC.
Hipervigilancia
No es este el primer conflicto de competencias que surge con Pedro Sánchez. Ya surgieron otros (también por sistemas informáticos), como sucedió con el control previo del Estado a los sistemas de contraseña electrónica de Euskadi por razones de ciberseguridad. El Estado recurrió otros preceptos vascos como la Ley de Policía o Antipandemia. Olatz Garamendi ya denunció la "hipervigilancia" del Estado sobre las leyes y las competencias vascas.
