El Gobierno de Navarra enfría las expectativas en torno a la transferencia de Tráfico y Seguridad Vial antes del final de la legislatura. Una competencia histórica comprometida desde 2018 y que, tras varios retrasos, estaba previsto formalizar antes del próximo 31 de marzo. Pero que, una vez más, podría no llevarse a cabo en los plazos previstos. “Está siendo complicado. Hay cuestiones técnicas pendientes de dilucidar”, advirtió ayer la presidenta María Chivite, que reiteró al “voluntad” del Gobierno de Navarra por llevar a cabo la transferencia. Pero no a cualquier precio.
Porque ese parece ser el “problema técnico” que impide cerrar un acuerdo al que públicamente se han comprometido ambos gobiernos. Al menos el oficial. “Seguiremos negociando, pero no suscribiremos ningún acuerdo que no sea bueno para nuestra comunidad”, defendió ayer Chivite, apuntando así al coste económico como motivo del desacuerdo. Navarra debe pactar con el Estado cuánto deja de pagar por el servicio que actualmente ofrece la Guardia Civil en las carreteras de la comunidad y que a partir de ahora deberá asumir exclusivamente con cargo a sus presupuestos. Y en esa diferencia, que se ajusta a través del Convenio Económico, no hay todavía punto de encuentro.
La transferencia viene sin embargo envuelta en la polémica prácticamente desde el principio. Toda la derecha, –también UPN pese a que históricamente había defendido lo contrario– clama contra la salida de la Guardia Civil de las carreteras. También algunas asociaciones del cuerpo armado, que reclaman al Ministerio del Interior para que no complete el traspaso. Una presión que se ha incrementado en los últimos meses después de que el Gobierno de Sánchez acordara con EH Bildu en el marco del acuerdo presupuestario en Madrid, completar la transferencia “antes del 31 de marzo de 2023”.
Promesa incumplida
Precisamente, su candidata en las próximas elecciones, Laura Aznal, llevó ayer el tema al Parlamento en una pregunta a la presidenta, a quien reprochó que tanto el Ejecutivo foral como el Gobierno de España estén incumpliendo los acuerdos alcanzados con su formación tanto en Navarra como en Madrid en materia de autogobierno. “Se toman esto bastante a la ligera. No le dan la importancia que tiene”, se quejó Aznal, que recordó que en los dos últimos pactos presupuestarios se acordó con el Gobierno realizar un estudio sobre las transferencias pendientes y fijar una calendarización para su traspaso. “El informe está casi hecho y se lo facilitaremos en breve”, le respondió la presidenta navarra.
Pero la demanda ayer iba más allá, y apuntaba a la pieza mayor, la transferencia de Tráfico. “¿No puede confirmar que se va a cumplir el plazo del 31 de marzo?”, preguntó la portoz de EH Bildu. Pero lo hizo sin éxito. Chivite no solo no confirmó el compromiso, sino que señaló las dificultades para cerrar un acuerdo con Madrid. “Está siendo un trabajo complejo y arduo. Pero vamos a seguir negociando. Es nuestra prioridad. Que nadie dude de nuestra voluntad”, se defendió la presidenta.
Chivite recordó que a lo largo de esta legislatura se han llevado a cabo dos traspasos competenciales, la sanidad penitenciaria y la gestión del ingreso mínimo vital. “Nadie debe dudar del compromiso de este Gobierno por avanzar en el autogobierno y dar cumplimento a todas las competencias recogidas en la Lorafna, porque ese es nuestro marco”, apuntó la presidenta. Que vaya a serlo en esta legislatura ya no está tan claro.
