La sanidad pública de Castilla y León, Sacyl, contará con un protocolo de derivación a los equipos de salud mental de mujeres embarazadas "que lo requieran", como fórmula para prevenir abortos, además de ofrecer una cuarta ecografía en el primer trimestre del embarazo para que los progenitores puedan "escuchar el latido del bebé" y una ecografía 4D antes de interrumpirlo

En su comparecencia de la semana pasada, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, explicó que con las nuevas medidas, la sanidad pública de la comunidad contará con un protocolo de derivación a los equipos de salud mental de mujeres embarazadas "que lo requieran", como fórmula para prevenir abortos, además de ofrecer una cuarta ecografía en el primer trimestre del embarazo para que los progenitores puedan "escuchar el latido del bebé" y una ecografía 4D antes de interrumpirlo.

García-Gallardo explicó que se dará un trámite "preferente" y los profesionales les ofrecerán acceso a "una atención psicosocial específica", algo esto último ya previsto en la Ley del Aborto, que establece la necesidad de ofrecer atención psicológica y un periodo de reflexión de al menos tres días.

La intención de la Junta es que estos nuevos protocolos de atención a las mujeres embarazadas entren en funcionamiento "inmediatamente", aunque ha reconocido que las cuestiones de logística, como un posible incremento de plantillas en el ámbito psicológico o adquisición de aparatos, corresponden a la Consejería de Sanidad.

El vicepresidente ha desgranado que la segunda de las medidas "provida" pactadas dentro del marco del acuerdo de gobierno entre el PP y Vox se concreta en un "protocolo de latido fetal", que se materializará en que las gestantes podrán acceder entre las semanas sexta y novena del embarazo a una ecografía, con la intención de que se vinculen emocionalmente al bebé, mientras que se mantendrían las actuales tres ecografías para las semanas 12, 20 y 33 de la gestación.

La intención, según figura en la documentación aportada por la Junta, es favorecer la "implicación emocional" de la familia respecto al feto, al observar "una imagen del bebé con sus rasgos y gestos faciales, manos, dedos, pies y resto de cuerpo", aunque este momento del proceso ya sería incompatible con una interrupción del embarazo legal.

Por último, García-Gallardo ha defendido el derecho de los médicos a ejercer la objeción de conciencia para evitar practicar abortos, algo generalizado en Castilla y León, donde únicamente se realizan de forma habitual en el Hospital de Miranda de Ebro, mientras que en el resto de provincias suelen derivarse por parte de Sacyl a clínicas privadas.

En este sentido, el vicepresidente ha dicho que con estas medidas quiere enviar "un mensaje claro" en el sentido de que no se prestarán a la realización de "listas negras" de médicos que rechacen practicar abortos, en referencia a la nueva normativa estatal al respecto.

García-Gallardo justificó estas medidas en la realización de unos 2.500 abortos en Castilla y León en 2021, el 7 por ciento más que en el año anterior.