Navarra y el Estado han acordado crear un grupo de trabajo para declarar el Fuerte de San Cristóbal, en el monte Ezkaba (a las afueras de Iruñea), en un lugar de memoria. El nuevo foro estará compuesto por representantes de ambas administraciones que puedan tener algún tipo de implicación en el proyecto. La secretaría de Estado de Memoria Democrática y el Ministerio de Defensa, por un lado; y Relaciones Ciudadanas, Patrimonio o Nasuvinsa por otro. Su objetivo principal será concretar los términos en los que se lleva a cabo la reconversión del fuerte, actualmente propiedad del Ministerio de Defensa, y cómo se financian su restauración y mantenimiento.
La creación del grupo ha sido acordada recientemente por la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, y el secretario de Estado de Memoria Democrática Fernando Martínez, en un encuentro en Madrid, en el que también se firmó un convenio para desarrollar en Navarra el proyecto ‘Fronteras de Hormigón’. Paralelamente, está prevista además la creación de otro grupo de trabajo en Navarra compuesto por asociaciones vinculadas a la memoria histórico y por los grupos políticos. Su objetivo será determinar de qué forma y con qué contenidos se lleva a cabo el proyecto del Fuerte de San Cristóbal. Se trata de un proceso que se prevé largo y costosa, por lo que el Gobierno foral confía en comenzar en breve los trabajos con el Ejecutivo central.
Una demanda histórica
La reconversión del Fuerte en un espacio de memoria está expresamente recogida en la nueva la ley de Memoria Democrática. En su disposición 17ª la normativa señala que “en el plazo de un año” Navarra, el Estado y en su caso las entidades locales concernidas deberán procede a la declaración del Fuerte de San Cristóbal como Lugar de Memoria, “estableciendo la financiación y las actividades acordes con la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática” en el marco de la normativa foral. Su incorporación al texto legal fue uno de los compromisos adquiridos por el PSOE y Podemos con EH Bildu a cambio de su apoyo a la ley.
Se trata de una reclamación histórica en Navarra, tanto por parte de las instituciones como de las asociaciones que trabajan en este ámbito. La Ley foral de Memoria Histórica de 2013 ya se recogía que la antigua cárcel franquista, al igual que el Parque de Sartaguda, debía ser un lugar de memoria, aunque sin mayor concreción. Más tarde, en 2017 se aprueba un censo provisional de espacio públicos que deben servir para recordar los crímenes de la dictadura y a sus víctimas, desde las fosas a lugares de detención o esculturas, que luego quedan recogidos en la Ley de Lugares de Memoria Histórica de 2018. Hay ya una veintena de espacios públicos significados en Navarra con ese objetivo.
El del Fuerte ha sido sin embargo uno de los más complejos de llevarlo acabo hasta ahora. De entrada porque su titularidad es del Ministerio de Defensa, pero también porque cualquier proyecto en ese sentido debe tener en cuenta el proyecto de Parque Comarcal que promueven en la zona la Mancomunidad y algunos ayuntamientos. Algo que históricamente ha generado discrepancias entre administraciones.
Pero especialmente por su alto coste. La ley navarra exige que sea el Gobierno foral quien asuma los costes de mejora y conservación de los lugares considerados de memoria, y según cálculos del Ejecutivo navarro, en el caso de Fuerte el presupuesto necesario solo de adecuación de la antigua cárcel podría alcanzar los 35 millones. Así que hasta ahora se ha optado por proyectos menos costosos, como la GR 225 que va de Ezkaba a Sorogain por el camino que solo tres de los 795 presos fugados en 1938 lograron recorrer con éxito. O el Cementerio de las Botellas, donde se enterraron a 131 reclusos fallecidos en la prisión entre 1942 y 1945.
Una nueva oportunidad
La Ley de Memoria Democrática que acaba de entrar en vigor ha permitido retomar ahora esta reclamación histórica. Un compromiso con rango de ley que empuja al Estado a dar una solución tanto en lo que se refiere a la titularidad como la financiación del proyecto, que no se concreta en el texto normativo y que ahora deben definir ambos gobiernos.
Se trata por lo tanto de ver cómo se lleva a cabo el mandato de la ley y aclarar quién y en qué plazos se asume el proyecto. EH Bildu negocia además con el Gobierno central su apoyo a los presupuestos de 2023, y entre sus enmiendas ha planteado una partida de cuatro millones que podría permitir avanzar en esa dirección el próximo año.
El objetivo del Gobierno de Navara es comenzar cuanto antes los trabajos y empezar a definir cómo va a ser el proyecto memorialístico del Fuerte de San Cristóbal. Hay que concretar por ejemplo si va a restaurar todo el fuerte o solo una parte, y qué uso se le va a dar, que puede ir desde una sede administrativa vinculada a la memoria histórica a un lugar de exposiciones. Antes en cualquier caso habrá que analizar en qué situación se encuentra la estructura del inmueble y qué parte es reformable. Posteriormente se podría plantear un concurso de ideas, similar al que se está llevando a cabo en el Valle de los Caídos (ahora denominado Valle de Cuelgamuros).
Estos detalles quedarán en manos del grupo de trabajo que se prevé crear en Navarra formado, además del propio Gobierno foral, por asociaciones y los partidos políticos. Todos menos Navarra Suma han avalado la apuesta por convertir el Fuerte en un espacio para reconocer y reparar a las víctimas del golpe militar de 1936 y de la represión franquista. Ejecutivo foral espera alcanzar en ese sentido un amplio consenso en torno a cómo y con qué contenidos se lleva a cabo el proyecto memorialístico en el monte Ezcaba que da ya sus primeros pasos.
