El tercer curso parlamentario de la XII legislatura vasca se abre este mes marcado por la incertidumbre económica derivada de la crisis energética y la alta inflación, asuntos que desplazarán a la pandemia de la covid del centro del debate político y que dejarán aparcado un año más la reforma del Estatuto.
El 22 de septiembre los 75 parlamentarios vuelven a sus escaños después de los dos meses y medio de parón veraniego para seguir el tradicional pleno de Política General con el que arranca el curso en el que el lehendakari, Iñigo Urkullu, expondrá los retos de su gobierno de coalición (PNV-PSE) para los próximos meses y los grupos políticos desvelarán sus estrategias.
Si el segundo año la legislatura estuvo centrado en la pandemia y en sus consecuencias económicas, sociales y sanitarias, ahora la crisis energética y la elevada inflación que afecta a toda Europa se pondrán en el centro de los debates e iniciativas parlamentarias.
Se prevén fuertes choques entre la oposición y el Gobierno vasco en torno a las medidas a implementar para hacer frente a esta crisis tanto desde el punto de vista económico y energético como desde el ámbito social.
Un enfrentamiento que será más acusado a las puertas de un año electoral como es 2023, cuando se celebran elecciones forales y locales (mayo) y generales (finales de año), aunque por las posturas que han mantenido los distintos partidos durante el verano y los primeros días de septiembre está claro que la carrera electoral ya ha comenzado.
Esta crisis, a la espera de cómo evolucionen los precios energéticos, la guerra en Ucrania y las medidas a adoptar por los gobiernos y por la UE, apunta a que tendrá un efecto de enfriamiento de la economía vasca y rebajará las previsiones de crecimiento aunque sin llegar a la recesión, según augura el Gobierno Vasco.
En el plano político el foco está ahora mismo puesto en el retraso del traspaso a Euskadi de las competencias pendientes de transferirse para completar el Estatuto de Gernika y que fueron acordadas entre los ejecutivos central y vasco, un asunto que ya ha hecho saltar públicamente las diferencias entre los dos partidos socios en el Gobierno vasco, el PNV y el PSE.
"Tómese en serio las relaciones con el PNV, cumpla lo pactado, agilice las transferencias", ha avisado el líder nacionalista, Andoni Ortuzar, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una advertencia replicada por el secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, para quien lo que interesa a la ciudadanía "son otras cosas".
El lehendakari ya ha reconocido que ha habido "chispazos" con Andueza aunque también ha dejado claro que la relación con los consejeros socialistas es de "diez".
El traspaso de las transferencias restará protagonismo, una vez más, al futuro estatuto vasco, cuyo debate parlamentario lleva atascado en el Parlamento desde la pasada legislatura.
Incluso Urkullu ha asegurado que no espera que se reactive el debate sobre el futuro autogobierno tras un año en el que los partidos no han dado "ningún paso" en este sentido y en esa misma línea el presidente del PNV ha indicado que ahora mismo no se dan las condiciones para llegar a un consenso tan amplio como al que se llegó con el Estatuto de Gernika.
Al margen de estos asuntos, el plano legislativo girará en torno a proyectos de ley que ya han sido enviados a la Cámara como el de la reforma de la Renta de Garantía de Ingresos y el de Salud Pública.
En los próximos meses el Ejecutivo tienen previsto aprobar, entre otros, el proyecto de ley de Transición Energética y Cambio Climático y el de Derechos de la Infancia y la Adolescencia.
Según el calendario legislativo del Gobierno vasco, también llegará este año al Parlamento el proyecto de Ley de Educación, un ámbito en el que continúan las discrepancias entre Gobierno y oposición a pesar del pacto educativo que firmaron las cuatro primeras fuerzas políticas del Parlamento, PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU.
