Los gritos “hermana yo sí te creo” y “solo sí es sí” han dado el salto de las manifestaciones feministas a la jurisprudencia, situando al Estado español a la vanguardia en la lucha contra la violencia sexual hacia las mujeres. Cuatro años después de la contestada sentencia contra La Manada tras la violación grupal en Sanfermines, el Congreso ha aprobado este jueves la Ley de garantías de la Libertad sexual que elimina la distinción entre abuso y agresión y regula la necesidad del consentimiento expreso. Con 205 votos a favor (PSOE, UP, PNV, ERC, EH Bildu y grupo Mixto), 141 votos en contra y 3 abstenciones, la ley del solo sí es sí ve ahora la luz después de un largo camino no exento de polémica entre los mismos socios del Gobierno de Pedro Sánchez a cuenta de la prostitución.
Sin salirse del guion, PP y VOX han votado en contra de la ley que los de Abascal tachan de “infame”. Antes de la sesión plenaria la ministra de Igualdad, Irene Montero, recordó que tras años de lucha feminista, el Estado reconoce por ley que “el consentimiento es lo que tiene que estar en el centro de las relaciones sexuales”. La ministra recalcó que tras la aprobación de la nueva norma ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación para que esos ataques se consideren agresión sexual. Una ley que permite al Estado aportar un itinerario de atención integral para todas las mujeres víctimas de violencias sexuales.
Consentimiento expreso
A partir de ahora, el consentimiento expreso pasará a ser la pieza clave para juzgar los delitos sexuales y se define de la siguiente manera: “Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente, mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”. Las víctimas ya no tendrán que acreditar que han sufrido violencia o que se han resistido.
Todo acto sexual sin consentimiento será agresión y se eliminarán los abusos sexuales del Código Penal. Por otro lado, la ley consigna la asistencia integral a las víctimas de delitos sexuales y medidas para mejorar la prevención y detección de estos casos. Se ha incluido asimismo una pena de multa de uno a tres meses a quien reenvíe imágenes de terceros que hayan sido grabadas sin autorización de la persona afectada y que menoscaben gravemente la intimidad. También se reconoce el derecho a recibir ayudas a las madres de los menores asesinados por sus parejas o exparejas, como víctimas de la violencia vicaria, y se blinda la financiación de las medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género, al establecerse que el Gobierno deberá aprobar las partidas presupuestarias necesarias. Los menores que cometan delitos sexuales tendrán la obligación de realizar programas formativos sobre educación sexual y de igualdad de género, tal y como acordaron PSOE, Podemos, ERC y Bildu.
Duro debate
Durante el debate, los populares reprocharon a Igualdad que ya hubiera preparado una campaña bajo el lema sí es sí fest para poner en marcha este verano, dando por hecho que se aprobaría la norma en el mes de julio. La portavoz de Igualdad de los populares, Marta González, recordó, en este sentido, la “fragilidad” de los acuerdos con los que cuenta el Gobierno.
González también se refirió a la ley en general para señalar que no es la que les gustaría porque, a su juicio, “no va a servir para impedir que la investigación recaiga en la víctima de la agresión” y porque la nueva definición del consentimiento “puede traer inseguridad”.
Vox, por su parte, consideró la enmienda aprobada en el Senado “más o menos razonable” dentro de una norma que ha calificado como “infame”. Así se refirió a ella la representante de la formación en el debate, Carla Toscano, quien apuntó que Vox está en contra de la mutilación genital femenina, pero también de “la masculina” que, según indicó, “también existe”.
Negacionismo ultra
La diputada cree que medidas como esta deja al aire las “incongruencias” del Ejecutivo cuando defienden las costumbres de los extranjeros que llegan a España. “Su rollito multicultu no funciona”, señaló Toscano, antes de indicar que hay que “cerrar la puerta en la cara a las personas que vengan a España a agredir a las mujeres”.
Además, del voto en contra de PP y Vox, el departamento de Irene Montero tampoco ha contado con el apoyo de CUP, que ha decidido abstenerse. En su intervención, la portavoz de la formación en esta materia, Mireia Vehí, explicó su oposición a que esta “deje todo en manos del Código Penal”, así como de que “no haya medidas para los hombres”. A su juicio, se ha pasado del “eduquen a sus hijos” al “protejan a sus hijas”. Vehí tampoco coincide con Igualdad en la prohibición de la publicidad de prostitución. Según indicó, esto “hace más vulnerables” a las mujeres que ejercen la prostitución voluntariamente y, a su juicio, “el feminismo debe luchar por sus derechos”.
