El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha concedido tres días a las partes para que se pronuncien sobre si creen o no “conveniente” una prórroga, de seis meses o menos, en la investigación por el asesinato del juez Francisco Querol el 30 de octubre de 2000 en Madrid a causa de la explosión de un coche bomba, en un atentado por el que se investiga a la antigua cúpula de ETA.

Mediante una providencia del 30 de junio, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 da 72 horas a las partes personadas en la causa para que muestren su parecer acerca de si quieren que se extiendan unos meses más las pesquisas sobre el asesinato del magistrado del Tribunal Supremo.

En diciembre, Pedraz dio curso a una querella de Dignidad y Justicia que busca esclarecer el atentado, en el que además de Querol, que era el objetivo, perdieron la vida su conductor, Armando Medina; el policía nacional Jesús Escudero, y un conductor de la EMT llamado Jesús Sánchez. Otras 30 personas resultaron heridas.

El juez acordó en un auto tomar declaración a casi una docena de exdirigentes etarras, entre ellos María Soledad Iparragirre, alias Anboto; Xabier García Gaztelu, Txapote, e Iñaki Miguel Gracia, Iñaki de Rentería, por el asesinato de Querol.

En la misma resolución, Pedraz ordenaba que “se practique la declaración de todos los querellados”, esto es, de los integrantes de la ZUBA o Comité Ejecutivo de la organización armada en aquella época.

Pedraz expresó su “especial interés en los aparatos militar, político y logístico o aparato por medio del cual e independientemente de su denominación se hubiese dado cobertura y soporte efectivo al Comando Madrid”.

En concreto, el juez de la Audiencia pretende averiguar quiénes estuvieron implicados en “la consecución y exitosa introducción clandestina hasta Madrid de la gran cantidad de explosivos del coche-bomba”.