- El PNV reiteró ayer su petición de crear una comisión de investigación sobre el espionaje a políticos y representantes institucionales a través del software Pegasus y, durante el debate de una moción sobre el CNI, el senador Luke Uribe-Etxebarria, manifestó que “ante estos hechos sumamente graves no caben actitudes timoratas ni escapistas, ni tampoco relativizarlos, restarles importancia ni justificarlos”. El jeltzale censuró que se empleen conceptos “tan indefinidos como la razón de Estado o el orden constitucional” para vulnerar derechos fundamentales, y aseguró que “es necesario subrayar que las víctimas han sido políticos que han sido espiados por hacer política”. “No son terroristas ni delincuentes ni violentos criminales, y mucho menos utilizaron medios violentos, sino procedimientos estrictamente políticos”, argumentó.

El portavoz del PNV en la Comisión de Defensa mostró su escepticismo sobre las revisiones de la Ley Orgánica del control judicial previo del CNI y de la Ley de Secretos Oficiales anunciadas por Pedro Sánchez y añadió que esto no excluye “la necesidad de clarificar lo sucedido”. “Sería conveniente desclasificar determinados documentos, que es algo que el Gobierno puede hacer sin necesidad de que se lo pida un juez, y articular una comisión de investigación”, verbalizó Uribe-Etxebarria. Y lamentó que PSOE, PP, Vox y C’s se opongan a crear esta comisión. “¿Por qué lo que se puede en el Parlamento Europeo no es posible en las Cortes españolas?”, cuestionó, calificando de “sumamente graves” las escuchas por ser un “ataque directo al corazón de cualquier sistema político que se precie de ser democrático”.

Ante esta vulneración de derechos fundamentales, el jeltzale entiende que es obligatorio “pedir transparencia, explicaciones, asunción de responsabilidades y medidas adecuadas para tener la certeza de que no vuelvan a suceder”. A juicio del PNV, quedan muchas preguntas sin respuesta: “¿Desde cuando el Estado español dispone del sistema de espionaje Pegasus?, ¿quién dio la orden de espiar a políticos y a responsables institucionales?, ¿los resultados y procedimientos de esos espionajes están en los informes periódicos que el CNI pone a disposición del Gobierno?”.

También planteó si “es admisible que el juez que autoriza los espionajes sea solo uno y que dicha autorización sea meramente formal y no sustancial, ni haya un control sobre las actuaciones operativas”. “¿Quién ha espiado, aparte de las 18 personas espiadas por el CNI, a las restantes 47 sobre las que informan medios acreditados y solventes?, ¿quién ha espiado los teléfonos del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa, y qué contenido ha sido extraído?”, zanjó.

En ese contexto, el Senado rechazó una moción presentada por el PP para instar al Gobierno de Sánchez a “apoyar y respetar” el trabajo del CNI y en la cual se lamenta de la pérdida de su “prestigio internacional” a raíz del caso Pegasus y se califica de “injusto” el cese de la anterior directora del centro, Paz Esteban. Solamente recabó el apoyo de Vox, UPN y C’s a su iniciativa, con 108 votos a favor frente a 145 en contra. El debate estuvo marcado por las denuncias de las fuerzas independentistas por el espionaje a partidos políticos con aval judicial, admitido por el Gobierno y que ven más como una práctica propia de regímenes totalitarios. ERC reprochó a los populares que celebren el Catalangate de manera casi “pornográfica” y entiende que en cualquier otra democracia un escándalo así habría arrastrado “un montón de dimisiones”. l

“Aparte de las 18 personas espiadas ?por el CNI, ¿quién lo ha hecho con las otras 47?”

Senador del PNV