No da su brazo a torcer. El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, no ha enviado una nueva oferta al Gobierno vasco sobre la transferencia del Ingreso Mínimo Vital. El traspaso tendría que haber llegado hace casi un año, el 31 de octubre de 2020, y está incluido en un decreto del propio Gobierno español, además de que es una condición del PNV para poder abordar con sosiego los Presupuestos estatales del próximo año. Desde que la consejería de Autogobierno que dirige Olatz Garamendi rechazó la oferta a la baja que le llegó a finales de mayo, han pasado más de tres meses.
A preguntas de este periódico en la rueda de prensa concedida este viernes para presentar el libro sobre las erosiones competenciales, Garamendi reveló que sigue hablando con el Gobierno español sobre la transferencia, pero que aún no ha recibido "una nueva propuesta".
La consejera reiteró que su gabinete no va a aceptar "una mera asignación de funciones sin medios materiales", y que seguirá trabajando para que la transferencia sea íntegra. En concreto, Escrivá plantea una mera encomienda de gestión, de manera que Lanbide solo asuma las funciones iniciales en la tramitación de la ayuda social, y sea la Seguridad Social quien autorice y realice el pago. No sería una transferencia como tal, sino una mera encomienda de gestión. En este asunto, Garamendi va de la mano con la líder del PSE y vicelehendakari segunda, Idoia Mendia, quien exige también la transferencia completa y no le compra su oferta a Escrivá por mucho que forme parte del Gobierno socialista de Pedro Sánchez.
"DEUDA HISTÓRICA" DEL ESTADO
Garamendi puso también sobre la mesa la "deuda histórica" del Estado con Euskadi en materia de transferencias. Criticó que "no hay nada que justifique que, 42 años después de la aprobación del Estatuto de Gernika, siga sin cumplirse en su integridad". "Todavía tenemos muchos asuntos sin transferir", avisó, para añadir que "no es muy tranquilizador" que siga sin cumplirse el calendario de traspasos, y que ese retraso agrava la "deuda histórica del Estado con Euskadi y su autogobierno".
Sobre el estado de otras transferencias en general, aseguró que se ha hablado de inmigración y líneas ferroviarias, entre otras, aunque es muy difícil poner fechas. Eso sí, recordó que el antecesor de la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, el catalán Miquel Iceta, aludió a la posibilidad de reunir otra vez en octubre la Comisión Mixta de Transferencias. Garamendi concedió que quizás la fecha se encuentre demasiado cerca, pero sí apretó para que no se demore mucho más y para que, en todo caso, se produzca "a final de año". "Exigimos que también sea una prioridad para el Estado", sentenció.
CONFLICTO DE COMPETENCIA
La consejera puso también en valor los mecanismos que existen para defender el autogobierno ya transferido, las materias que ya gestiona Euskadi. En referencia al conflicto positivo de competencia que ha formalizado en el Tribunal Constitucional contra el decreto estatal sobre la administración digital, avisó de que está en liza una competencia vasca y "no debemos permitir que se instaure" esa interpretación. Recordó que, como establece el procedimiento legal, previamente se abrió un proceso de negociación y diálogo para evitar ese recurso, pero la respuesta del Estado abocó a Garamendi a sustanciarlo.
Su departamento se mantiene en contacto con Isabel Rodríguez para concretar la próxima reunión entre ambas, la primera desde que Sánchez remodeló su gabinete en julio. En paralelo, el PNV ha presionado en público para que el Gobierno español mueva la transferencia del IMV. Es una prestación social de nueva creación por parte del Estado, de manera que no aparece en el Estatuto de Gernika. Sin embargo, el Estatuto concede a Euskadi la competencia exclusiva sobre asistencia social, de ahí que el PNV pactara con el Gobierno vasco la transferencia en el marco del decreto 20/2020. Se incluyó una encomienda de gestión de manera provisional hasta materializar el traspaso, pero Escrivá se aferra a este dato y quiere que sea una solución definitiva.
