terminó 2017 con una sensación generalizada de anticlímax, tras el año de la independencia frustrada en Catalunya, la convulsión en el PSOE, los atentados de Barcelona o el desarme de ETA, y aunque la estabilidad en el Estado no parecía cercana ni mucho menos, sí se podía aventurar un cierto apaciguamiento político, siquiera porque parecía imposible subir aún más los decibelios. Nada más lejos de la realidad. La excepcionalidad ha vuelto a ser la norma en un Estado cuya crisis territorial no ha hecho sino agravarse. Mientras, en Euskadi la política se sigue abriendo paso, con la revisión del pasado y la definición del futuro como principales pilares.
2018 comenzó con la pesada resaca del 1 de octubre y el 21 de diciembre copando la actualidad política. Los presos independentistas restaban entidad al referéndum delante de los jueces, Zoido daba explicaciones sobre el despliegue del Piolín y el PNV exigía a Rajoy el fin del 155 para dar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. Catalunya, por contra, seguía intervenida y los independentistas buscaban la fórmula para ejercer su mayoría en el Parlament, enfrentados a los letrados de la Cámara y con un presidenciable al que el CNI seguía los pasos en sus giras europeas. Por otro lado, el PP iniciaba su peor año con el comienzo del juicio de la Gürtel valenciana. Álvaro Pérez, El Bigotes, y Ricardo Costa, señalaban a Francisco Camps.
En casa, el EPPK reconocía el daño causado, Sare reeditaba su marcha por los derechos de los presos y daba comienzo el juicio por el caso De Miguel, el mayor proceso por presunta corrupción celebrado nunca en Euskadi. Por su parte, el lehendakari espoleaba a los integrantes de la ponencia de Autogobierno, donde PNV y EH Bildu empiezan a idear la solución de los derechos históricos como base constitucional de la bilateralidad política. Podemos trata de dejar su sello pugnando por la institucionalización de los derechos sociales, el PSE quiere blindar la legalidad del texto y el PP prefiere dejar las cosas como están y centrarse en la denuncia de los homenajes a excarcelados de ETA o del informe sobre torturas de Francisco Etxeberria, en los mismos días en los que el Tribunal de Estrasburgo confirma que los miembros de ETA Portu y Sarasola fueron maltratados por la Guardia Civil.
En España, mientras, Ciudadanos trata de introducir en la agenda política la lucha contra los privilegios vascos y Bárcenas confirma las acusaciones a Camps, además de señalar peligrosamente a Rajoy. Estamos ya en febrero y Catalunya sigue bloqueada. El PDeCAT baraja que Elsa Artadi o Jordi Sànchez sustituyan a Puigdemont en el Palau de la Generalitat, en contra de la opinión de ERC. Anna Gabriel se exilia en Suiza y Marta Rovira sigue sus pasos poco después. Jordi Turull encabeza un plan C para elegir un president y acaba en la cárcel. Dos días después, la policía alemana detiene a Carles Puigdemont, en un nuevo giro a la cuestión catalana. En 2018, al revés de lo que ocurrió tras el 1-O, la partida internacional la ganará el independentismo.
En esos días, Rajoy tensa la relación con el PNV con un recurso a la subida del sueldo a los funcionarios que comparte cajón en el Constitucional con los reparos a la Ley de Abusos Policiales. El telón de fondo claro es la negociación de los Presupuestos del Estado, y el Parlamento Vasco contraataca exigiendo un calendario de transferencias en medio año. Nadie vaticina lo que le ocurrirá al PP en apenas un par de meses, por más que las cosas se le complican cada vez más. Se destapa el caso del máster de Cifuentes, fuego amigo en un partido en el que empiezan a abrirse serias vías de agua, y a los pocos días los medios recogen el prólogo del caso del máster de Casado, con nudo en el verano y desenlace dulce para su protagonista casi ya en otoño. Un vídeo antiguo grabado en un Eroski de Vallecas humilla y hunde, por ese orden, a una agonizante Cifuentes. Cerca de allí, los acusados de Altsasu declaran ante los jueces de la Audiencia Nacional.
Avanzan los días y el PNV trata de justificar en el Parlamento sus contactos con un PP al que arranca la subida de las pensiones, aunque poco a poco el interés se traslada al otro lado de la muga, a la espera de un acontecimiento histórico, pero descafeinado tras siete años de paz. Escasas semanas después de que Iparralde se constituya en ente político, un acto en Kanbo certifica el fin de ETA que Josu Urrutikoetxea y Soledad Iparragirre acababan de anunciar.
El 14 de mayo, en Catalunya, Quim Torra es elegido president. Bélgica blinda a los consejeros a los que acoge y Alemania rechaza que Puigdemont se rebelase contra España.
la sentencia de la gürtel El 24 de ese mismo mes llega el mazazo que descompone al PP, la sentencia del caso Gürtel. Pedro Sánchez registra su moción de censura y reta a todo el Congreso a elegir entre hacerle presidente a él o mantener a un Rajoy que no acierta a medir las dimensiones de lo que está ocurriendo. En apenas una semana cambia el Gobierno en España en virtud de una heterogénea mayoría cuyo único nexo de unión es su enemigo común, el PP.
En mitad de ese huracán político la Audiencia Nacional se pronuncia sobre el caso Altsasu. Condena a los ocho jóvenes acusados de agredir a dos guardias civiles y sus parejas a penas que oscilan desde los dos a los trece años de prisión por los delitos de atentado, lesiones, desórdenes públicos y amenazas con el agravante de abuso de superioridad y odio. No hubo terrorismo, ni tampoco fue una simple pelea de bar.
En el Estado, en todo caso, la atención se centra en el gabinete de relumbrón de Sánchez, en sus declaraciones conciliadoras con Catalunya, en sus fotos de cuidada espontaneidad. En relación a Euskadi, anuncia medidas para acabar con la dispersión y afirma que mantendrá los compromisos adoptados por Rajoy.
El nuevo presidente acapara los focos y resta espacio mediático a un tema en absoluto menor. El 12 de junio se conoce la sentencia del caso Nóos y el 18 Iñaki Urdangarin entra en prisión.
El mes de junio concluye con la visita de Urkullu a La Moncloa y el establecimiento de un compromiso concreto para ir avanzando en el traspaso de las transferencias pendientes.
Julio arranca con el traslado de los presos independentistas a Catalunya, preludio de un encuentro entre Sánchez y Torra poco productivo, en un clima de optimismo entre los soberanistas por la rendición de Llarena, que retira la euroorden contra Puigdemont. Rechazan la oferta de negociar un nuevo Estatut y Marta Pascal deja la presidencia del PDeCAT.
En Euskadi se calienta el debate sobre el nuevo Estatuto. El PSE visibiliza aún más su disenso con la propuesta de EH Bildu y PNV. A finales de este mes, Sánchez acepta retirar los recursos presentados por Rajoy ante el Constitucional contra las leyes vascas.
Sin embargo, julio dio mucho más de sí. El siniestro policía José Manuel Villarejo empieza a jugar a mayor y la opinión pública conoce las supuestas presiones que sufrió la empresaria y amante del rey emérito Juan Carlos I, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, para blanquear el dinero del monarca. Además, el PP protagonizaba una breve pero descarnada batalla interna en unas primarias de resultado sorprendente. Pablo Casado se erige en líder del partido.
En agosto la política echa la persiana por vacaciones y se suelta la tradicional serpiente de verano. Ciudadanos llama a retirar los lazos amarillos y las cruces en las playas catalanas y acapara la atención antes de que empiece un nuevo curso. Además, los políticos ensucian el homenaje a las víctimas de los atentados yihadistas de 2017 y Urkullu visita a Junqueras en Lledoners.
Llega septiembre. Empieza el ciclo presupuestario, Sánchez se alía con Pablo Iglesias y amenaza con elecciones anticipadas para asustar al independentismo catalán, que reúne a un millón de personas en la Diada. El PNV aprieta con la transferencia de las prisiones y la Seguridad Social, Urkullu le pide alternativas a Sánchez si no le gusta el acuerdo de Autogobierno y a la vez reclama a PNV y EH Bildu que ensanchen consensos. Los juristas empiezan a trabajar en dar forma al texto estatutario.
La Justicia blinda al rey emérito de los ataques de Villarejo, que arremete contra el nuevo Gobierno. El objetivo es la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que sin embargo sobrevive al embate porque tras dos dimisiones, las de Máxim Huerta y la de Carmen Montón, otro cese habría acabado con la aventura de Sánchez en La Moncloa. Se pergeña además un ataque sin fuego real contra el ministro Duque que finalmente queda en nada.
magnicidio frustrado Octubre transcurre plácidamente, para lo que se acostumbra en la política española. Salen los audios de las reuniones de Cospedal y su marido con Villarejo, que fuerzan la retirada de la primera de la vida pública. En casa EH Bildu trata de arrancar al PNV un compromiso en torno a las pensiones y las políticas de empleo para apoyar sus Presupuestos, con ofertas y contraofertas y una predisposición al diálogo en los independentistas que los jeltzales no encuentran ni en el PP ni en Elkarrekin Podemos.
Es noviembre, en el Congreso el ambiente se va calentando, y fruto del clima irrespirable surge un magnicida detenido a tiempo. Los insultos y la sobreactuación son la norma, y la inflamación patriótica lleva a Ciudadanos, Vox y PP hasta Altsasu, ring elegido para la pugna de la derecha española que, cual efecto mariposa, tendrá su rebote en Andalucía dos semanas más tarde. Vox pierde a los puntos pero noquea a Casado y Rivera, el PSOE pierde su comunidad talismán y se estrecha el cerco externo e interno sobre Sánchez, lo que le obligará a repensar su estrategia con Catalunya, que el PP quiere liderar controlando las salas clave del Tribunal Supremo.
En Euskadi, el empresario Josu Arruti confiesa que Alfredo de Miguel le ofreció pedir una comisión ilegal a unos empresarios catalanes, y Arnaldo Otegi celebra que Estrasburgo haya tildado de imparcial a la jueza que lo condenó por terrorismo. El Parlamento Vasco, por su parte, admite a trámite la Ley de Abusos Policiales, Gure Esku Dago testa su capacidad de movilización en Donostia y el Gobierno central le dice al vasco que negociara la transferencia de las prisiones, pero no la de la Seguridad Social. El día 29 de noviembre, un juzgado de Bilbao condena a un ertzaina por el caso Cabacas y obliga a la Policía vasca a hacer autocrítica. Días después el jefe de la Ertzaintza dimite.
prórrogapresupuestaria El 13 de diciembre el Gobierno Vasco da por finalizada la negociación presupuestaria con EH Bildu tras esperar sin éxito una respuesta de los independentistas a su última oferta y empieza a preparar la gestión de la prórroga.
El año político concluye, una vez más, en Catalunya. Sánchez se reúne con Torra en Barcelona y celebra un Consejo de Ministros recibido con manifestaciones masivas.
